Un adolescente de 16 años fue marcado con la palabra “PLOMO”, la noche de este miércoles, después de haber sido secuestrado por sujetos encapuchados en el barrio Las Esquinas, en San Marcos, Carazo. Se presume que los sujetos sean parapolicías del régimen de Daniel Ortega, ya que son ellos los usualmente usan la palabra PLOMO contra opositores.
Según el joven, su secuestro se dio después de haber llegado a dejar comida a la casa de su hermana mayor, donde se realizaba un culto. Posteriormente decidió regresar a su vivienda, pero en el trayecto fue interceptado por los sujetos encapuchados.
El menor aseguró que durante el secuestro, uno de los hombres le tapó la boca para que no gritara. Otro hombre lo tomó de los pies y lo subió a un carro. “Ahí me comenzaron a rayar las manos, pero no sé con qué, yo solo buscaba la manera de como zafármeles porque me pusieron un trapo y me estaban asfixiando”, cuenta el adolescente, quien afirmó que la tortura duró aproximadamente 10 minutos. Al final, según la víctima, los hombres se compadecieron de él y lo dejaron ir.
En octubre de 2018, una camioneta roja intentó atropellar al adolescente, quien asegura que un hombre sacó la cabeza por el vehículo y le gritó: “¡te salvaste hijo de la gran puta!”. Posteriormente, las amenazas de muerte en contra el adolescente se intensificaron en redes sociales.
Ese primer atentado el joven lo denunció ante la Policía Orteguista pero estos hicieron caso omiso.
Identifica a agresor
El mismo hombre de la camioneta, según el adolescente, llegó este lunes hasta su vivienda, pero al fingir que estaba acompañado, el sujeto huyó del lugar. El adolescente asegura que este miércoles lo reconoció por la voz.
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“El hombre llegó solo, andaba a pie y vestía un pantalón azul, camiseta roja y un gorro negro”, detalló el adolescente, quien niega haber participado en marchas y protestas en contra del régimen Ortega Murillo.
La víctima presume que personas desconocidas a fines al régimen quieren ensañarse con él por el hecho de haber cargado la bandera de la Federación de Estudiantes de Secundaria (FES) y de portar un pequeño lazo negro en señal de luto y por declamar un poema sobre los héroes nacionales durante las Fiestas patrias del año pasado.
Por el trauma causado, el adolescente ahora teme salir a las calles y está indeciso en poder regresar a clases en febrero de este año. Familiares expresaron que acudir a la policía sería una pérdida de tiempo.
Madre responsabiliza al régimen orteguista
“Es envidia, es un odio que me le tienen al chavalo como no se mete con nadie. Es un tema que me le han puesto (a su hijo) y de quien más puedo pegar es al régimen porque yo no soy partidaria. Yo le dije a la coordinadora (del partido orteguista) estas marcas que me le hicieron a mi hijo me la hicieron aquí en mi corazón, es una marca imborrable”, expresó doña Marisol Mendieta, madre del adolescente.
Mendieta agregó que este año se hubiera bachillerado su hijo pero no estudiará por “miedo a que me lo maten”. “Es mejor que pierda el año escolar y no que pierda la vida, el año escolar lo puede reponer pero la vida nunca”, señaló la progenitora, quien denunció el hecho este jueves ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
Por su parte, Pablo Cuevas, asesor legal de la CPDH, afirmó que el organismo registró seis casos de este tipo durante el 2019, y en lo que va de este nuevo año suman dos. La denuncia del joven será expuesta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh).
“En octubre fue víctima de un atentado, como corresponde sus padres fueron a las autoridades para pedir investigación pero no recibieron la atención, fue una omisión cómplice de las autoridades, ante eso, tenés que presumir que hay una complicidad por parte de las autoridades (con los agresores) y que esto está pasando con el conocimiento de las autoridades”, dijo Cuevas.
Marcos Carmona, secretario general de la CPDH, catalogó el hecho como “actos crueles e inhumano, actos cobardes”. “Estos actos son condenables porque son una tortura lo que ha sido objeto este joven, y la tortura es un delito de lesa humanidad, y hoy en día en Nicaragua estas prácticas se han vuelto una práctica común contra la ciudadanía, excarcelados o cualquiera que levanta su voz”, declaró.