Un juez federal bloqueó el miércoles un decreto del presidente Donald Trump que autorizaba a gobiernos estatales y locales rechazar a refugiados, y que había suscitado un fuerte debate en las comunidades sobre los límites de la hospitalidad de Estados Unidos.
El juez federal Peter Messitte, en Maryland, dijo en su fallo que la orden del presidente “contraviene la intención clara legislativa” de la Ley de Refugiados de 1980 al autorizar a gobiernos estatales y locales a oponerse a la reubicación de refugiados en sus jurisdicciones.
En esta su orden preliminar, Messitte dijo que el proceso debe continuar como ha permanecido durante casi 40 años y en el que las agencias de reubicación de refugiados deciden dónde podría prosperar una persona.
El Church World Service (Servicio Mundial de Iglesias), Lutheran Immigration and Refugee Service (Servicio Luterano de Inmigración y Refugio), y HIAS —una organización judía sin fines de lucro— interpusieron la demanda el 21 de noviembre en Greenbelt, Maryland. Estas organizaciones dijeron que trabajan estrechamente con autoridades estatales y locales antes de reubicar a refugiados en alguna zona.
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Los grupos dijeron que el decreto era un intento por prohibir a los refugiados en cada estado.
Messitte coincidió con los demandantes. La orden de Trump “les concede poder de veto. Punto”, escribió el juez.
La orden de Trump, emitida en septiembre para entrar en vigor en junio, obligaba a las agencias a tener la aprobación por escrito de las autoridades estatales y locales antes de asentar a los refugiados en sus jurisdicciones. Trump señaló haber actuado por respeto a las comunidades que consideran que carecen de empleos y recursos suficientes para recibir a refugiados.
La Casa Blanca dijo en un comunicado que el fallo era “ridículo” y que el Congreso, de acuerdo con la Ley de Refugiados, concedió al presidente la autoridad sobre el proceso de reubicación de refugiados.
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“Otra corte federal anárquica ha reafirmado su política preferida de inmigración y no las leyes de Estados Unidos y, al hacerlo, despojó a millones de ciudadanos estadounidense de su voz y opinión en un asunto vital que afecta directamente a sus comunidades”, según el comunicado.
La orden fue el intento más reciente del gobierno de Trump para incluir a los estados y ciudades en la política migratoria. La medida causó acalorados debates y manifestaciones en diversas localidades, desde Dakota del Norte hasta Tennessee, y puso a los gobernadores republicanos en una posición incómoda entre quienes tienen una postura radical y desean se cierre la puerta a los refugiados y algunos evangélicos cristianos que creen que ayudar a esas personas es una obligación moral. Otros afirman que los refugiados son fundamentales para ocupar puestos de trabajo y mantener a flote a las comunidades rurales.