Gobierno de Daniel Ortega compra más acciones en el BCIE y el Banco Mundial de forma estratégica

Serán 227 millones de dólares que de alguna manera pasan a engrosar la deuda pública externa y que se pagarán a plazo o bien cuando los organismos financieros requieran el capital, según se lee en los dos decretos legislativos en la tubería de la Asamblea Nacional. 

Vista general del edificio del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en Tegucigalpa, Honduras. LA PRENSA/EFE/Cortesía BCIE

El régimen de Daniel Ortega ordenó a la Asamblea Nacional, de mayoría sandinista, avalar la compra de más acciones en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, entidad que forma parte de las cinco instituciones que integran el Banco Mundial ( BM).

Serán 227 millones de dólares que de alguna manera pasan a engrosar la deuda pública externa y que se pagarán a plazo, según se lee en  dos decretos legislativos que están previsto sean debatidos y aprobados este viernes en la Asamblea Nacional en una sesión extraordinaria.

La mayor compra de acciones se hará al BCIE, donde Nicaragua adquirirá 20,400 papeles a un precio cada uno de 10,000 dólares, es decir 204 millones de dólares.  El paquete de acciones está compuesto por dos tipos: 5,100 acciones de capital pagadero en efectivo (por un capital de 51 millones de dólares) y otros 15,300 de acciones de capital exigible (equivalente a 153 millones de dólares).

Según el decreto, que entró a la Asamblea Nacional con carácter de urgencia, las acciones de capital pagadero en efectivo por un monto de 51 millones de dólares se abonará en ocho cuotas anuales consecutivas de 6.37 millones de dólares cada una.

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¿Por qué de esta compra? Nicaragua tenía hasta el 23 de enero de este año para formalizar con el BCIE la cantidad de acciones que el país compraría de las 200 mil que se aprobaron en concepto de ampliación de capital del banco regional el pasado 9 de diciembre. Ese día, los gobernadores del BCIE, del cual Nicaragua es socio fundador, acordaron incrementar en 2,000 millones de dólares el capital  del banco (equivalentes a 200 mil acciones),  de los cuales el 51 por ciento deben ser aportados por los cinco países centroamericanos que fundaron la entidad.

El restante 49 por ciento del capital incrementado por el BCIE será comprado por socios extrarregionales, que tras la incorporación de Corea de Sur este año, este grupo se amplió a siete países, donde están por ejemplo España, Cuba, Colombia, Taiwán, entre otros.

Existen dos tipos de acciones: las  exigibles y de pagadero en efectivo. Nicaragua expresó su interés de adquirir principalmente las de tipo exigibles, es decir que deberá solo suscribir con el BCIE el paquete de papeles que comprará de la oferta, pero no se demandan pagos hasta que sean requeridos por el banco.

Es por esa razón, que en el decreto legislativo, se estableció que solo se deberá hacer efectivo un aporte de  51 millones de dólares en cuotas anuales del total de 204 millones que solicitó Nicaragua adquirir. El aporte saldrá del Presupuesto General de la República y Nicaragua tiene un año para hacer efectiva la primera cuota, equivalente a 6.37 millones de dólares.

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También con el Banco Mundial

Pero además de la adquisición de papeles en el BCIE, el Gobierno ordenó que se compraran más acciones en  el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), entidad del Banco Mundial,  que «proporciona productos financieros y asesoría sobre políticas para ayudar a los países a reducir la pobreza y extender los beneficios del crecimiento sostenible a todas las personas».

En este organismo, el Gobierno de Nicaragua, también como parte de una ampliación de  capital del BIRF aprobado en abril del 2018, comprará 191 acciones a un precio global de 23.04 millones de dólares. De este monto, el país deberá transferir al banco 2.87 millones de dólares que deberán ser programados en el Presupuesto General de la República.

Este paquete de acciones que adquirió Nicaragua forma parte de la ampliación de capital que en abril del 2018 se aprobó en el Banco Mundial para el BIRF, con la idea de buscar un nuevo equilibrio de participación de los accionistas para reducir  «la representación extremadamente insuficiente y permitirá a la vez continuar ampliando de manera gradual y controlable la participación y representación de los mercados emergentes y las economías en desarrollo», según explicó en su momento el Banco Mundial. Esto incidirá también en el peso de derecho a voto entre las entidades del BM.

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Funides, la idea es mantener abierta las ventanillas

La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) indicó que la medida estaría explicada principalmente por el interés del Gobierno de mantener abierta esas ventanillas para futuras solicitudes de préstamos. Ambas son entidades importantes para el financiamiento público en Nicaragua.

Técnicos de Funides admiten que si bien estas compras mantienen la capacidad de influencia de Nicaragua en esos organismos, sin duda «mina» su capacidad de financiamiento dentro del Presupuesto General de la República,  afectado por dificultades de recaudación de impuestos y reducción de la cooperación externa.

«Ahora tendrá que destinar esos 6.37 millones de dólares (anuales al BCIE) más el monto adicional para el Banco Mundial, para que después el BCIE te siga y el BIRF del Banco Mundial le sigan financiando. Desde el punto de vista del Gobierno es como una inversión, porque pagás ahorita pero mantenés tu influencia dentro de estos bancos para conseguir préstamos en el futuro», explica Funides.

Desde el estallido de la crisis política en abril del 2018, el Gobierno de Daniel Ortega ha perdido capacidad de financiamiento en el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que forman parte del sistema interamericano, por su brutal represión y violación de derechos humanos, que le costó la vida más de 328 nicaragüenses, asesinados y cuyos  crímenes están en la impunidad.

Dentro de esos organismos, Estados Unidos ha ejercido fuerte influencia para que a Ortega no se le abra el grifo de financiamiento y para lo cual impulsó la aprobación en el Congreso de EE.UU. de  la Nica Act, que precisamente veta las solicitudes del régimen, siempre y cuando las peticiones de financiamiento no sean destinados a gastos de primera necesidad de la población nicaragüense.

El único organismo que le ha mantenido abiertas las puertas ha sido el BCIE, que ahora es la principal fuente de financiamiento externo. Solo el año pasado logró conseguir más de 800 millones de dólares en aprobaciones. El BCIE se ha limitado a responder que el Gobierno está al día con sus pagos y se declaró apolítico.

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