A diario son decenas las personas que desfilan por la oficina del director de Recaudación en la Alcaldía de Managua, Erick Canales, con la esperanza de que les rebaje la deuda en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y servicio de basura domiciliar que no fue pagada en años anteriores, sumando en algunos casos hasta un decenio.
Uno a uno visitan a Canales con la esperanza de recibir alguna ayuda, para no correr el riesgo de ser citado en los juzgados de Managua y enfrentar un proceso por la vía civil al no estar en la capacidad financiera de cancelar toda la cantidad o en cuotas, en un arreglo de pago. Pero la respuesta que reciben de su parte es tajante: hay que pagarlo todo.
El arreglo de pago que ofrece la municipalidad de Managua es adelantar el 30 por ciento del adeudo y la cifra restante en cuotas, durante un periodo de seis meses.
“Con los salarios que uno tiene y el costo de la vida cada vez más alto, es difícil pagar en esos términos”, dijo un ciudadano moroso con el IBI y servicio de basura.
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El férreo cobro de todo el historial del IBI y basura ocurre como parte de una arremetida municipal para incrementar los ingresos ordinarios, y como estrategia para que el presupuesto general 2020 de la capital no sea recortado en el transcurso del año, como ocurrió en 2018 y 2019.
Maniobra municipal
El artículo 71 del Plan de Arbitrios de Managua establece que “todos los impuestos, tasas, contribuciones y sus multas correspondientes establecidas en este Plan de Arbitrios prescribirán a los dos años contados desde la fecha en que fueron exigibles por la Alcaldía”.
Desde 2019, segundo año en que las finanzas de la municipalidad bajaron como consecuencia de la represión orteguista, la administración de la alcaldesa Reyna Rueda empezó a aplicar el artículo 72 del mismo Plan de Arbitrios, que cita: “la prescripción regulada en el artículo anterior puede ser interrumpida por la Alcaldía mediante cualquier gestión de cobro judicial o extrajudicial, a través de notificación escrita al contribuyente”.
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Según el experto en municipalismo Gilberto Lindo, que la comuna esté valiéndose del artículo 72 es porque enfrenta problemas financieros y para no incrementar la tasa de los impuestos, procede con el historial de la deuda en el IBI.
“Ante la reducción de las diferentes fuentes de ingresos, tienen que buscar cómo ampliar la base tributaria”, aclaró Lindo.
Por su parte, Sellin Figueroa, concejal del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), descartó que la Alcaldía lleve a todos los contribuyentes morosos a un proceso judicial. La salida, de acuerdo con Figueroa, es una negociación justa entre ambas partes.