La Comisión Nacional de Salario Mínimo se instaló la mañana de este jueves para analizar si existen condiciones para ajustar la paga mínima, que permanece congelada desde marzo del 2019. Desde ahora los economistas advierten que es justo y necesario una mejora de este salario, pero señalan que no hay claridad si el Gobierno aceptará hacerlo, tomando en cuenta que ni el mismo Estado planea este año revalorizar los salarios públicos.
La mesa fue instalada formalmente por la Ministra del Trabajo, Alba Luz Briones, donde participaron 32 miembros, entre representantes del sector público, sindicatos y mipymes, pero con la ausencia del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), que representa a la gran empresa privada y que por segundo año ha decidido no sentarse a negociar mientras en Nicaragua no se encuentre una salida a la crisis política.
“Se espera que a través del diálogo se llegue a acuerdos satisfactorios que beneficiarán a miles de trabajadores, todo ello como parte de la voluntad política del gobierno de garantizar la estabilidad laboral y de las familias nicaragüenses, así como de la economía nacional”, detalla en una nota de prensa del Mitrab.
Pero más allá del discurso oficial, ¿Hay condiciones para mejorar el salario mínimo que se estima lo reciben más de 100 mil trabajadores?
El economista y catedrático, Luis Murillo manifestó que es muy probable que este año el salario mínimo siga congelado. “El primer indicador de que no haber ningún ajuste es el Presupuesto General de la República, no hay ampliación en el gasto corriente mucho menos en la parte de pago, eso significa que uno de los sectores más importantes que recoge más de 120 mil trabajadores formales, no está pensando en dar aumento salarial”, dijo Murillo, al referirse a los trabajadores del Estado, que el año pasado también mantuvieron sus salarios congelados.
Este año no se contempla en el Presupuesto General de la República darle el mantenimiento de valor (del 3 por ciento) a los trabajadores públicos, si tampoco hay planes de ajustar los salarios a los trabajadores de Salud y Educación, que generalmente son los más bajos del sector público.
Aún así, las autoridades del Banco Central de Nicaragua llegaron ayer a la mesa del salario mínimo para presentar los resultados preliminares en materia de salarios, actividad económica y canasta básica en el 2019, cuyos indicadores deben ser tomados en cuenta al momento de adoptar una decisión sobre si habrá o no ajuste.
Toda esa información económica es manejada discrecionalmente por el régimen de Daniel Ortega y hasta ahora ha empezado a fluir a cuentagotas. El único indicador que actualizó el BCN fue la inflación, que cerró el 2019 en 6.13 por ciento.
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El economista Róger Arteaga señaló que es necesario que se revisen bien los indicadores, ya que en el 2019 se aplicaron medida con la reforma tributaria y del Seguro Social, lo que afectó tanto al empresario como el trabajador.
“Yo considero que es justo que se revise (el salario) porque todo el 2019 con la reforma presupuestaria y tributaria le extrajeron recursos al consumidor, al aumentar los impuestos sobre todo el IVA y el IR, asimismo a los empresarios también le extrajeron recursos, entonces la única forma de estimular la demanda del mercado, es darle más capacidad de compra a los ciudadanos, yo creo que es justo que se puedan acercar un poco más a la canasta básica”, dijo Arteaga.
Según la Ley del Salario Mínimo en la negociación se deben tomar en cuenta dos indicadores: el crecimiento económico y el comportamiento de la inflación y evolución de la canasta básica, la que hasta el primer semestre del año pasado ya había superado los 14,000 córdobas.
Las estimaciones preliminares del Banco Central apuntan a una contracción económica del 4.5 por ciento, pero será hasta marzo cuando se finiquite la cifra, dijo ayer el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes a un medio oficialista.
De hecho, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) señala que para tomar la decisión de ajustar el salario mínimo se debe tomar en cuenta información actualizada, con la cual no se cuenta.
“Los empresarios, el sector privado, el público en general, los tomadores de decisiones no cuentan con información suficientemente actualizada, sobre las variables que influyen a la hora de establecer el salario mínimo y eso perjudica para tener una discusión amplia sobre el tema”, detalla Funides.
Pero además señala que si se toma en cuenta que por dos años consecutivos la economía ha caído, y que este año volverá a caer, un aumento en el salario en este momento “no contribuiría a una potencial recuperación a mediano plazo de la economía” y que “esto eventualmente exacerbaría el problema del desempleo”.
Deben reconocer al menos el deslizamiento
No obstante, Murillo, que insiste en que ve difícil que haya un ajuste, sostuvo que el gobierno posiblemente siga argumentando que la situación económica no permite que este se haga y que van a seguir protegiendo el empleo.
“Recordemos que la mayor parte de esta economía esta dolarizada y todos los precios y servicios básicos están dolarizados, entonces por lo menos debería de reconocer la tasa de deslizamiento, porque progresivamente la persona está teniendo una pérdida de poder adquisitivo, que es la tasa de deslizamiento más la inflación, si usted suma estos dos indicadores, estamos hablando casi del 12 por ciento de la pérdida de poder adquisitivo”, explicó Murillo.
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Este semana José Adán Aguerri, presidente del Cosep, dejó claro que no participarían en la negociación e hizo ver que el sector empresarial ha sido fuertemente afectado por medidas económicas que ha impuesto el régimen y que el ajuste salarial solo vendría a encarecer aún más la estructura de costos.
En el recuento, Aguerri menciona el alza de la tarifa eléctrica, los combustibles, la carga fiscal, el aporte a la Seguridad Social, los servicios que ofrece al sector empresarial el Estado, entre otros.
La comisión se debe mantener reunida durante ocho sesiones que se realizan en jueves, en la octava sesión se tendría que dar a conocer una decisión. Lo cierto es que pese a que la mesa de negociación legalmente se instale, y los miembros asistan puntualmente a las reuniones, generalmente la decisión es tomada desde la Presidencia y con base a la directriz que se indique desde arriba es que los sindicatos sandinistas se alinean a los intereses gubernamentales y al final no a los de los trabajadores, aunque ostenten el papel de defensores laborales.
El último ajuste semestral del salario mínimo en Nicaragua estuvo vigente del 1 de septiembre del 2018 al 28 de febrero del 2019. El aumento anual fue de 10.40 por ciento, dividido en dos semestre, es decir 5.20 por ciento.
La segunda sesión de la mesa negociadora del salario mínimo se realizará el jueves 30 de enero, según lo dispuesto por el Mitrab.
Desempleo ha aumentado
Según el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide), el desempleo al término del 2018 se encontraba en 5.3 por ciento, y aunque se desconoce la cifras oficiales del 2019, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), proyectó que el año pasado el desempleo abierto escalaría al 7 por ciento y The Economist Intelligence Unit (EIU) advirtió que el desempleo en Nicaragua este año aumentaría a un 9.1 por ciento.
Son nueve sectores los que dependen de los resultados de la negociación, con excepción de los trabajadores de zona franca que ya tienen acordado un ajuste quinquenal y que enero se les aplicó un ajuste de 8.25 por ciento.