El régimen se debate en una disyuntiva, intenta obligarnos a aceptar por la fuerza una suerte de reedición de las elecciones del año 1984 (orwelianas) o acepta bajo presión una modalidad donde se pone en riesgo su poder. De verdad, en unas elecciones como las de 1990. Esto implicaría como condición previa verdaderas reformas al sistema electoral, incluyendo cambio de magistrados, cedulación, voto en el exterior, observación nacional e internacional; en definitiva, un compromiso verdadero y genuino de retornar Nicaragua a la democratización, al imperio de la ley, a un Estado de derecho.
Al pretender, el flamante presidente de la Asamblea Nacional, obligar a que aceptemos una reforma bilateralmente “negociada” entre el partido orteguista y sus comparsas en el órgano legislativo, intenta desconocer las demandas de la oposición interna toda y de la comunidad democrática internacional, especialmente la resolución emanada de la 49 Asamblea General de la OEA realizada en Medellín, Colombia, en junio del 2019. Pretende, además, que olvidemos lo que aquí aconteció desde abril del 2018 e incluso desde antes en materia de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los nicaragüenses.
Unas elecciones bajo las condiciones similares a las de 1984 ya no tienen ninguna posibilidad de generar legitimidad alguna. En el 84, el país estaba en guerra y el estado de emergencia imperante se justificaba por la presencia de la Contra apoyada por el gobierno de Reagan. Estábamos viviendo la recta final de la confrontación URSS-EEUU. Eran tiempos de la guerra fría.
La resistencia del gobierno a una salida electoral es comprensible, aunque cuenta aún con una mínima base de apoyo saben que es inevitable su derrota mediante el voto libre, secreto y bien contado. La acumulación de barbaridades hasta llegar a crímenes eventualmente tipificables como de lesa humanidad, construyeron y consolidaron una conciencia ciudadana de la que no disponíamos antes de abril del 2018.
Eso ya es inolvidable. Aunque pase el tiempo, no hay manera de olvidar lo que sucedió en nuestra patria. Apelar al olvido es una pretensión de quienes detentan el poder y saben que la humanidad avanza hacia la persecución de los delitos aquí cometidos. La justicia transicional es inevitable. Necesitamos una nueva Nicaragua en libertad, amiga de los países que propugnan por principios e ideales basados en el respeto a la dignidad de los seres humanos.
La salida será electoral y requiere de un partido político de verdad, organizado, probado y verificado. De una alianza electoral no de siglas, sino con estructuras y ciudadanos dispuestos a salir a votar y a defender el voto para reeditar 1990.
El autor es miembro del CEN de Ciudadanos por la Libertad.