Las mujeres defensoras de derechos humanos viven bajo discriminación y violencia en Nicaragua, una situación que se extiende a otros países de la región, como Guatemala y Honduras, y más al sur, como Brasil y Colombia.
No obstante, en Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comprobó un patrón de hostigamiento, violencia y acoso diferenciado contra las mujeres defensoras tras las protestas del 18 de abril, que incluyen amenazas de violencia física y sexual, criminalización, inclusión de listas de “personas a perseguir”, denigración, entre otras, destacó en el informe “Violencia y Discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes: buenas prácticas y desafíos en América Latina y en el Caribe”, publicado en noviembre de 2019.
A través del documento, la CIDH analiza los patrones de violencia que afectan a las mujeres y niñas en la región, y además expone algunos avances en materia de protección, así como los desafíos recurrentes que tienen los Estados. Uno de los hallazgos claves es la invisibilidad de las necesidades propias de las niñas.
“Ellas permanecen bajo la categoría general y sin edad de “mujeres”, que no considera las necesidades especiales de protección requeridas por su condición de personas en crecimiento; y también permanecen invisibilizadas en la categoría “niñez”, que no tiene en cuenta su género”, siguen siendo víctimas de matrimonio infantil, uniones de hecho, embarazos precoces y resultantes de la violencia sexual.
Exponemos siete puntos que explican los avances y desafíos en materia de violencia y discriminación de la situación de las mujeres y niñas en Nicaragua, con base al análisis de la CIDH:
1- Defensoras en indefensión:
Después de las protestas de abril de 2018, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) estuvo en el país y expuso que las mujeres defensoras eran víctimas de campañas de desprestigio a través de redes sociales; difusión de números de teléfono privados incitando al hostigamiento; amenazas contra hijos, hijas y miembros de la familia; así como ataques con contenidos misóginos y discriminatorios, basándose tanto en su labor de defensoras como en su género y en su orientación sexual.
La CIDH apunta que las mujeres defensoras se ven expuestas a un riesgo incrementado de sufrir actos de violencia, amenazas, hostigamiento, especialmente en contextos militarizados y países en conflicto.
2- Normalización de la violencia:
Pese a que existen diversos esfuerzos para difundir los tipos de violencia contra las mujeres, persiste el desconocimiento de estas hacia un acto que pueda constituir una vulneración a sus derechos. Esto se relaciona con la tolerancia social que existe hacia ciertos tipos de violencia.
Las cifras pueden sorprender. Según un informe de Oxfam, citado por la CIDH, “la situación de Nicaragua es alarmante”: 4 de cada 10 muchachos saben que un amigo le pega a su novia. De forma general, el 86 por ciento indicó que las y los jóvenes no intervendrían si un amigo le pega a su novia. Es decir, se ha visto como “normal”, la agresión en una relación sentimental.
3- Comisarías de la mujer; una de cal y otra de arena:
La aparición de las Comisarías de la Mujer fue reconocido como un avance importante en materia de atención especializada. De hecho, el régimen expuso a un comité del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el año pasado, que entre 2014 y 2018 había establecido 61 comisarías, que fue rechazado por grupos de defensoras.
La CIDH expuso que estas Comisarías fueron eliminadas arbitrariamente por el Estado de Nicaragua, convirtiéndolo en un desafío para que las mujeres obtengan atención especializada para denunciar la violencia machista.
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4- No hay cifras:
El régimen de Daniel Ortega expone que ha facilitado más oportunidades para las mujeres durante los 13 años de su gobierno; pero hay un gran problema: la ausencia de cifras e información estadística actualizada, precisa y confiable. Esta carencia también se encuentra en Venezuela y Cuba.
“La CIDH ha recibido información dando cuenta de una preocupante restricción general en el acceso a información relativa a cifras y estadísticas en materia de derechos de las mujeres, incluyendo presupuestos asignados, así como cifras relacionadas con problemáticas fundamentales o delitos relacionados con violencia contra la mujer (…)”.
El ejemplo más palpable en Nicaragua de lo que reveló la CIDH es el de los femicidios. Las cifras policiales difieren por mucho del conteo de organizaciones feministas, que además no contabilizan lo que ellas denominan femicidio en grado de frustración. A eso se suma todo el seguimiento legal de los responsables de los delitos, que en muchas ocasiones quedan en la impunidad.
5- Muertes violentas:
Nicaragua tipificó el delito de femicidio desde 2012, reconocido como un esfuerzo para responder a los asesinatos de mujeres por razones de género, argumentó la CIDH en su informe. También lo han hecho otros países como Panamá, Argentina, Bolivia y demás. No obstante, las mujeres siguen siendo víctimas de asesinatos.
En promedio, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), cada día mueren en promedio 12 mujeres latinoamericanas y caribeñas por el solo hecho de ser mujer, y, al menos, 3,287 mujeres fueron víctimas de asesinatos basados en género en 15 países de América Latina y el Caribe en el 2018.
El 2019 cerró con 69 femicidios.
6- Penalización del aborto:
En el país prevalece la criminalización total del aborto, apuntó la CIDH. Grupos feministas siempre han cuestionado dicha disposición gubernamental. En 2017, un informe presentado por Human Rights Watch expuso que la prohibición no evita los abortos, sino ha provocado que estos sean practicados de manera más peligrosa. Es decir, que las mujeres siguen en indefensión.
“Cuentan con disposiciones criminalizando el aborto en todas circunstancias, incluyendo en casos de riesgo para la vida de la mujer, cuando el embarazo es resultado de una violación sexual, y en casos de incompatibilidad del feto con la vida extrauterina”, expone el informe.
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7- Embarazos precoces:
En Nicaragua las niñas se convierten en mamás desde muy temprano. Las tasas estimadas más elevadas en adolescentes están en Centroamérica, encabezados por Guatemala, Nicaragua y Panamá; en el Caribe por República Dominicana; y en América del Sur, por Bolivia y Venezuela.
La CIDH expone que el embarazo infantil y adolescente es un serio problema en el continente, con cerca de 10 millones de casos al año. América Latina es la única región en el mundo donde los partos de niñas menores de 15 años van en aumento, y la segunda con mayor número de embarazos y adolescentes entre 15 y 19 años.