El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), en su informe bimensual de noviembre-diciembre 2019, denunció que en los últimos dos meses del año pasado se registraron en el país nueve asesinatos “con ribetes de ejecuciones extrajudiciales”.
Entre las víctimas que enumera el Cenidh en su informe se encuentran: Reynaldo Ortíz Ochoa, Domingo Rojas Ferrufino, Omar Villareina, Carlos Alberto Canales Ruíz, José Isaías Ugarte, Luis Fernando Ortez Herrera, Brandon Sandoval, Odon Hernández Zamora y uno de iniciales J.O.R.R. Algunos de estos eran campesinos, exmiembros del Ejército Popular Sandinista, estudiantes y obreros.
El Cenidh refiere que las personas asesinadas han sido señaladas “irresponsablemente” por la Policía Orteguista (PO) como “delincuentes… sin presentar pruebas ni investigaciones pertinentes”.
Los defensores de derechos humanos también indicaron que este tipo de situaciones, en las que personas son asesinadas por su orientación política, demuestran la “inseguridad e impunidad” que reina en Nicaragua, “violentado principalmente el derecho a la vida y otras libertades de las víctimas son consecuencia de una desmedida concentración del poder y de la partidarización de las organizaciones encargadas de la seguridad nacional”.
Los asesinatos
El Cenidh coloca el asesinato de Luis Fernando Ortez Herrera, de 23 años, en Nueva Segovia, como uno de los casos que “refleja violaciones a los derechos humanos”.
Ortez murió al estrellar su vehículo en un árbol, luego de no detenerse en un retén policial. “Los proyectiles disparados por efectivos de la Policía Nacional alcanzaron el vehículo y éstos, posteriormente, provocaron el accidente” detalla el informe del Cenidh.
Los defensores de derechos humanos afirman que el joven era “opositor” al régimen orteguista, pues “en sus redes sociales realizaba publicaciones a favor de la lucha azul y blanco y a favor de la liberación de las personas presas políticas”.
La muerte de Ortez Herrera, según el Cenidh, “evidencia que en Nicaragua además de que se utiliza la criminalización, las autoridades violentan a todas luces el derecho a la presunción de la inocencia y atribuyen los decesos a delitos comunes u accidentes ocasionales”.
La versión oficial señala que la muerte de Ortez Herrera ocurrió porque el joven “conducía en estado de ebriedad y a exceso de velocidad”, por lo que perdió el control del vehículo y se estrelló contra un árbol.
A su vez, el Cenidh expone el caso de José Isaías Ugarte López, conocido en Masaya como Chabelo, que antes de 2018 fue miembro activo del Frente Sandinista, pero al ver las injusticias del régimen orteguista, en abril 2018, decidió apoyar a los Masayas durante las protestas.
Ugarte López fue asesinado por agentes de la Policía, el 1 de diciembre de 2019, en un retén policial ubicado en Niquihinomo, cuando viajaba en un vehículo junto a otras dos personas que también fueron asesinadas.
La versión policial colocó a Chabelo como “cabecilla de una agrupación delincuencial, que buscada por cometer delitos comunes”. No obstante, según la documentación del Cenidh, “la muerte de Chabelo solo fue una pasada de cuentas del régimen” orteguista contra un opositor.
Detenciones ilegales
El informe del Cenidh también revela que en los dos últimos meses del 2019 ocurrieron docenas de “detenciones ilegales”. En total, en noviembre y diciembre de 2019 se registraron 58 y 34 detenciones ilegales, respectivamente.
Las detenciones, registradas por el Cenidh, ocurrieron principalmente en Masaya, Managua, Jinotega, León, Estelí y Nueva Segovia. No obstante, la mayoría de los manifestantes detenidos fueron excarcelados. Hasta la fecha se conoce, según las cifras de la Coalición Nacional, que solo 65 protestantes están encarcelados.
El Cenidh consideró que el régimen orteguista usa las detenciones ilegales como “una estrategia para criminalizar a la disidencia, haciéndoles ver a base de violencia, amenazas y hostigamientos, que ellos tienen el poder y para callarles son capaces de apresarlos por corto tiempo, para así martirizarlos y mancharles el récord policial”.