En la última década, en Nicaragua se han registrado 647 femicidios, o lo que se traduce a muertes violentas de mujeres, de los cuales no hay un registro de la situación jurídica de los responsables de estos delitos, lo que impide a organismos de mujeres y derechos humanos hablar sobre la existencia de una justicia y equidad de género en el país.
De acuerdo al observatorio que realiza el organismo de mujeres Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), en el 2010 se registró la cifra más alta de femicidios en los últimos diez años (89), y desde entonces las estadísticas se han mostrado cambiantes, hasta llegar a la cantidad más baja en el 2016 con 49 muertes. Desde ese año hasta 2019, los femicidios han venido en aumento.
“La inseguridad de las mujeres es cada vez más grande y esto tiene que ver principalmente con la impunidad, la falta de acceso real a la justicia de las mujeres”, dijo Elia Palacios, coordinadora de la Asociación de Mujeres Axayacatl, en Masaya.
De los 63 femicidios que registró CDD en el 2019-cuatro de ellos ocurridos en el extranjero-en apenas cinco los culpables fueron condenados, 19 estaban en proceso, mientras 31 estaban prófugos de la justicia.
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Martha Flores, de CDD, manifestó que en los cinco casos en los que se logró condenar al femicida, fue por la presión que ejercieron los organismos defensoras de los derechos de las mujeres y los propios familiares de las víctimas.
“Tenés un marco jurídico, excelente, pero no se aplica.De nada te sirve tener instituciones y un personal, si no estás sensible a la problemática y no está dando respuestas a la problemática. Eso deja al descubierto a nuestro país como violadora de derechos humanos de las mujeres”, manifestó Palacios, refiriéndose a los discursos de la dictadora Rosario Murillo donde habla de equidad de género y prevención de la violencia pero lejos de la realidad que viven las mujeres nicaragüenses.
Los obstáculos de la justicia para las víctimas de femicidios
Pese a que la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, especifica que es el Estado el responsable de asumir la “diligencia” para prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, es el primero en fallar y violentar los derechos, declararon las feministas.
La exfiscal Eilyn Cruz Rojas explicó que todos los femicidios ocurridos en el país deberían haber alcanzado la justicia, porque, tanto la Policía como el Ministerio Público, tienen la obligación de investigar cada caso sin que se presente una denuncia; y no toparse con la información de que los agresores, en más de la mitad de los casos registrados en el 2019, se encuentran prófugos.
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“Las familias de las víctimas no deberían tener obstáculo porque la Policía y Fiscalía deben actuar de oficio en las investigaciones y ejercicio de la acción penal. En esos 31 prófugos (de 2019), habría que ver porque no los han detenido si hay tanta policía en las calles, cómo es que no los van a capturar”, cuestionó Cruz Rojas.
La exfiscal agregó que para que el Ministerio Público ejerza la acción penal, la policía tendría que capturar al agresor, por lo que eso sería uno de los primeros obstáculos que enfrentan las familias de las víctimas.
“La policía y las autoridades judiciales tendrían que ser un poco más beligerante en relación a la búsqueda y captura, si hay tantos policías desplegados por todas las calles, no solo de Managua, sino en el resto del país, tendrían, en teoría, la capacidad de capturar a estas personas de delitos tan graves, y lo otro es que si tienen conocimiento a través de los familiares de la víctima de que esta personan han huido del país ellos tendrían que circularlas a través de Interpol, tienen totalmente la capacidad y quizás estén omitiendo eso”, añadió Cruz Rojas.
Una vez que el acusado tiene orden de captura y está prófugo fuera de Nicaragua, el juez puede girar orden captura ante la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol por sus siglas en inglés), para detener al responsable.
“Esa es la persecución verdadera que se le da a ese tipo de crimen contra la mujer, porque muchas mujeres han muerto de manera atroz en los últimos años en Nicaragua, y el Ministerio Público debería poner énfasis y tomar medidas como la de Interpol. Ese es el acceso pronto, acelerado y gratuito en cuanto a la justicia”, dijo por su parte la abogada Sobeida Manzanares.
Manzanares señaló que el Ministerio Público tiene el deber de informar a la población el avance de los casos, y de esta manera mostrarle a los hombres “qué pasa si cometen este tipo de delitos”.
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Impunidad genera más inseguridad
Martha Flores expresó que ante este contexto de impunidad e inseguridad, los agresores tienen “mejores estrategias” para actuar en contra de la vida de las mujeres, las cuales utilizan para confundir a la población “y eso les da mayor oportunidad de obtener impunidad”.
“La inseguridad está peor y el agresor aprovecha y crea estrategias. Al final, estos machos son protegidos por el Estado y esto es lo que ha dado esta cadena de inseguridad hacia la vida de las mujeres, aunque tengamos una ley donde el principal objetivo es proteger la vida de las mujeres”, lamentó Flores.
La falta de respuesta del Estado, el cierre de las Comisarías de la Mujer, la invisibilización de la violencia contra la mujer son factores que agudiza la problemática, denunció Elia Palacios.
“Si realmente implementarían la Ley 779, la policía recepcionara las denuncias, las Comisarías estarían abiertas, a la mujer se le estaría dando una atención oportuna de calidad, darle seguimiento, aplicarles las medidas precautelares”, detalló la coordinadora de la Asociación de Mujeres Axayacatl.
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A nivel centroamericano
Además de la cultura machista que sufren las mujeres a nivel mundial, la situación de violencia que que viven cada país incide en que se aumente la tasa de femicidios. Es el caso del Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, que sufren el asedio de pandillas.
Las autoridades de Guatemala contabilizaban hasta mayo de 2019, 79 femicidios; la Secretaría de Seguridad de Honduras registró 293 en todo el 2019; mientras que el El Salvador llegó a los 204 casos de mujeres asesinadas hasta octubre del año pasado. En Costa Rica, según los reportes de medios comunicación, se contabilizaron 13 femicidios en el 2019.
Para Palacios, las muertes violentas de las mujeres en cada país solo visibiliza la problemática, puesto que “la vida de cada mujer cuenta”.