Pese a que no había ninguna prueba certera que indicara que los presos políticos Yader Antonio Polanco Cisnero y Jorge Adolfo García, ambos oriundos de Esquipulas, Matagalpa, fueran los responsables del asesinato de Juan Antonio Tinoco Gómez, de la misma localidad, magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmaron la pena de 22 años y seis meses de prisión en su contra, denunciaron familiares y abogados. Este es el primer caso de reos políticos que subió a casación para ser dilucidado por los magistrados del máximo organismo judicial.
Los magistrados obviaron la falta de pruebas en este caso, denunciaron los abogados y familiares de Yader Antonio Polanco Cisneros. Según estos, los verdaderos motivos del proceso judicial, salieron a relucir de boca de manifestantes políticos del partido en gobierno que llegaron supuestamente a apoyar a los familiares de la víctima y gritaron frente a los juzgados de Matagalpa que los procesados “eran tranqueros” y que había que condenarlos.
Los firmantes de dicha sentencia de casación fueron los magistrados orteguistas Armengol Cuadra, Armando Juárez y Ellen Lewin, mientras el magistrado liberal Manuel Martínez, dio un voto disidente, donde manifiesta no estar de acuerdo con sus colegas porque no hay prueba suficiente aportada en juicio para desvirtuar la inocencia de ambos procesados.
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Condenado se presentó a la Policía porque decía no tener ninguna culpa, y ahí mismo lo encarcelaron
El asesinato ocurrió el 10 de agosto de 2018 frente al negocio conocido como “Autolavado Marquito”, cerca del parque central de Esquipulas, donde la víctima estaba sentado en la cuneta y recibió cuatro balazos en la espalda de parte de dos sujetos no identificados que pasaron en una moto con cascos cubriéndose el rostro y huyeron del lugar. Yader Polanco se presentó a la policía el 25 de septiembre en vista que lo andaban señalando de estar involucrado en el crimen y ahí mismo lo dejaron detenido.
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El voto del magistrado liberal Mauricio Martínez
Según el voto disidente del magistrado Martínez nunca se encontró ni presentó en juicio el arma homicida, ni la moto en que se desplazaban los verdaderos asesinos. Tampoco hay evidencia de producto nitrado en los dorsales ni ropa de los procesados. Además, no existen testigos que los ubiquen en el lugar de los hechos, porque los únicos testigos presenciales manifiestan no haberlos reconocidos porque andaban con cascos y briseras oscuras.
Otro argumento que Martínez utilizó en su voto disidente es que el médico forense que realizó la autopsia del cuerpo fue claro en decir que según la condición de gravedad del ahora occiso era imposible que articulara palabra, lo que pone en duda que revelara la identidad de sus agresores, “además se encontraba de espalda por lo que estoy de acuerdo con fallo de no culpabilidad de juez de primera instancia y que fue revocado sorpresivamente tres días después alegando vicios”, se lee en el voto razonado.
Violaciones en primera instancia
Según el abogado Arnulfo López, de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), quien lleva el caso y pronto recurrirá de revisión ante la CSJ, hay violación al debido proceso, desde que la juez revocó su primer fallo de no culpabilidad, tres días después de haber fallado a favor de los presos políticos y haber girado su orden de libertad.
“La juez Claudia Sánchez García, titular del Juzgado Primero Distrito Penal de Juicio de Matagalpa actuó de oficio, es decir ninguna de las partes lo pidió, anulando su propia sentencia de no culpabilidad, alegando supuesta violación al debido proceso porque en audiencia preparatoria se eliminó prueba testifical y documental dejando en indefensión a la víctima, por lo que anulaba todo lo actuado y se inhibía de conocer el caso, para que el juicio iniciara de nuevo en otro juzgado”, explicó López.
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Después de la nulidad, el expediente se ventiló en el Juzgado Segundo Distrito penal de juicio de Matagalpa ante el juez Bernardo Morales Mairena, quien declaró culpable a los procesados a pesar que no había pruebas en su contra.
“El día del juicio, el juez Bernardo se acercó a mi hermana Eveling Polanco, pensando que era familiar del finado y le dijo- ya todo se arreglará porque la orden vino de arriba y yo ya estoy por jubilarme, así que tengo que cumplir con la orden”, manifestó Óscar Polanco, hermano del afectado.
La sentencia condenatoria se dictó el 16 de enero de 2019 y luego se recurrió de apelación donde los magistrados de apelación de la circunscripción norte confirmaron el fallo de primera instancia del segundo juicio. Luego el caso subió a casación y en noviembre de 2019 los magistrados se pronunciaron confirmando la sentencia condenatoria, excepto el magistrado Martínez que se opuso por las razones ya expuestas.
La oposición en los tranques
Óscar Polanco, hermano del reo político Yader Polanco manifestó que su hermano se presentó a la policía porque no tenía nada que temer, porque no mató a Juan Antonio Tinoco. Lo que no sabía es que era un plan de los sandinistas para apresarlo por la participación de la familia Polanco en las protestas sociales contra el gobierno en el municipio de Esquipulas, Matagalpa.
“Mi sobrina organizó la primera marcha estudiantil en demanda de democracia en el país y respeto a los derechos de los jubilados. Yo participé en el tranque de La Cañada que tuvimos en Esquipulas, pero fue un tranque pacífico donde los ganaderos pasaban dejando novillos, cerdos, verduras para que comieran los del tranque y mi hermano nos daba gaseosa, pan, agua. De esa forma colaboró y ahora él está pagando por algo que no cometió”, dijo Polanco.
El tranque se levantó por acuerdo entre los sandinistas, el pueblo y la iglesia de la localidad como mediador, ya que no había ningún tipo de violencia, afirmó Polanco Tanto Yader Polanco como Jorge García están en la lista de presos políticos, afirmó Óscar, quien es miembro de la Asociación de Familiares de Presos Políticos de Matagalpa y esperan que los magistrados corrijan su fallo en la revisión del caso.