El régimen orteguista no ha logrado que en casi dos años los organismos internacionales le aprueben nuevos préstamos, debido a las presiones de Estados Unidos, y otros países democráticos que tienen mayor injerencia en los bancos extranjeros, contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo debido a los crímenes de lesa humanidad cometidos desde abril del 2018.
Aún enfrentando esa sequía de nuevo financiamiento, la dictadura a través de sus diputados en la Asamblea Nacional este miércoles 29 de enero aprobaron la ampliación del capital de Nicaragua en el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), miembro del Banco Mundial, con la compra de 191 acciones a un precio de 23.04 millones de dólares. Sin embargo el Ministerio de Hacienda y Crédito Público solo transferirá al BIRF 2.87 millones de dólares que pasarán a ser deuda pública externa en el Presupuesto General de la República.
Los diputados orteguistas Wálmaro Gutiérrez y José Figueroa, presidente y vicepresidente respectivamente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto del Legislativo, se esmeraron en los halagos hacia el organismo de cooperación externa que entre el período de 1980-2017 contrataron recursos a Nicaragua por 1,148.2 millones de dólares.
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Lo que no dijeron los orteguistas Gutiérrez y Figueroa es que a Nicaragua le mantienen cerradas las puertas en los organismos multilaterales puesto que no les aprueban nuevos préstamos debido a la negativa del régimen de Ortega y Murillo de detener la represión, liberar a los más de sesenta presos políticos y sentarse a un dialogar con la oposición agrupada en la Alianza Cívica para acordar una salida pacífica a la crisis sociopolítica y económica del país.
Figueroa y Gutiérrez censuraron en el dictamen que avaló la propuesta del decreto de la compra de las acciones del BIRF, lo expuesto por el Director de Deuda Pública, Marlon Navarrete y Norman Rodríguez, coordinador de organismos multilaterales del Ministerio de Hacienda, deja claro que la medida se toma porque el régimen enfrenta dificultades para lograr acceso a financiamiento externo.
En la Comisión de Economía, Producción y Presupuesto los representantes del Ministerio de Hacienda reconocieron que a pesar de los intentos porque en los organismos como el BIRF y el Banco Mundial les aprueben nuevos préstamos para financiar proyectos en Nicaragua “no les han soltado ni un dólar más”, afirmó la legisladora opositora y exministra de Comercio, Azucena Castillo.
“Los funcionarios del Ministerio de Hacienda en la consulta repetían que al tener más acciones en el BIRF como un país socio se mejora la posibilidad de acceder a mayores recursos, pero cuando les pregunté cuánto es lo nuevo que se ha aprobado a Nicaragua después del 18 de abril del 2019, los funcionarios dijeron: ni un centavo”, aseguró Castillo.
La legisladora liberal y miembro de la Comisión Económica cuestionó la falta de sinceridad de los diputados orteguistas, como Gutiérrez y Figueroa que en el hemiciclo de la Asamblea “no dicen toda la verdad”, puesto que no reconocen que Nicaragua tendrá nuevamente acceso a fondos frescos de organismos como el Bando Mundial, el BIRF y el Banco Interamericano “hasta que cumpla con las normas universales, tanto es así estamos sancionados, por no cumplir los derechos humanos y transparencia, porque está acusado de corrupción”, dijo.
La compra de más acciones en el BIRF no significa que Nicaragua tiene mayor incidencia en la aprobación de financiamiento que solicitan los países, debido a que sus acciones representan el 0.04 por ciento del capital global del banco, según Castillo.
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La diputada Castillo explicó que Estados Unidos sigue como el principal socio accionario con el 17 por ciento de participación, le siguen Reino Unido y otros países “comprometidos con la democracia” con un porcentaje de acciones similares que son los que finalmente deciden las aprobaciones de los préstamos.
“Ni con toda Centroamérica podrán cambiar la decisión de gobernadores…Estados Unidos lidera políticamente al Banco Mundial”, refirió Castillo para evidenciar que las sanciones al régimen de Ortega tiene efecto.