La censura y riesgo que atraviesa el ejercicio periodístico en Nicaragua no solo se limita a las coberturas relacionadas a la coyuntura política, sino que ha trastocado otros temas que antes de la crisis sociopolítica la población exponía con plena libertad ante los medios de comunicación, como las demandas sociales.
Wilih Nárvaez, periodista de Canal 10, explica que la población teme referirse a un problema, como el desempleo, ya que creen que pueden ser tachados de opositores, y después tener algún tipo de represalias. En el primer mes de 2020, dos equipos periodísticos de esta televisora fueron asediados por la Policía Orteguista (PO), cuando cubrían actividades que estaban ajenas a cuestiones políticas, en estas últimas se ha instaurado el asedio de cientos de patrullas y policías antimotines junto a mangas azules contra la prensa y opositores al régimen orteguista.
Nárvaez cubría la presentación de un libro en un hotel capitalino, posterior, hubo un pequeño piquete al interior de la propiedad privada, casi al finalizar, llegó un grupo de policías, que formó un cordón, y se fueron encima de periodistas y protestantes.
Un antimotín se lanzó sobre el periodista y lo golpeó con el escudo en la cabeza, y después, otro agente, le propinó un puntapié en la pierna derecha; y a esa primera agresión, se sumó otro oficial que lo empujó varias veces para obligarlo a que ingresara al hotel, donde se desarrollaba la actividad, la semana pasada.
Los periodistas independientes no solo enfrentan la censura impuesta por el régimen de Daniel Ortega desde que llegó al poder, en el 2007, y que se ha recrudecido en más de una década. Después del estallido social de abril, y la represión con la que se ha intentado aplastar, la población duda en brindar una declaración ante un medio de comunicación, e incluso, lanzan improperios contra los periodistas. La cerrazón de información ha incluido a aquellos funcionarios, de rango menor, que antes cruzaban palabras con la prensa independiente, pero ahora, permanecen en silencio.
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Guillermo Medrano, coordinador de derechos humanos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, explica que el ejercicio periodístico se ha convertido de “alto riesgo”, y por consiguiente, cualquier comunicador está expuesto a ser víctima de cualquier tipo de agresión, sin importar el área que cubra, ya que hasta cronistas deportivos han sido víctimas de agresiones y censura.
No se criminaliza la especialización del periodista, sino la práctica periodística. “Viene siendo como un delito ser periodista y por eso te atacan y te agreden” , expresó Medrano.
La Fundación Violeta Barrios de Chamorro monitorea todas las agresiones que han enfrentado equipos periodísticos en las coberturas de los momentos más álgidos de las protestas, y durante las etapas de asedio, encarcelamiento y amenazas. La profesión ha sido criminalizada por el poder político, provocando que las mismas autoridades policiales roben y golpeen a hombres y mujeres de prensa.
En el 2019, la Fundación documentó 1, 267 casos de violaciones a la libertad de prensa, incluyendo 72 casos de intimidación, 41 de censura y 9 de hostigamiento judicial. En lo que va de 2020, ya contabilizan 12 casos.
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Desde abril de 2018 a diciembre de ese año, la Fundación registró 1,080 casos de violaciones a la libertad de prensa. Las cifras incluyen el secuestro del papel y otros insumos necesarios para la impresión de LA PRENSA, el único Diario impreso que circula en el país, después que El Nuevo Diario anunciara, de forma repentina, el cese de sus operaciones, en septiembre de 2019.
El régimen de Daniel Ortega ha tratado de asfixiar a LA PRENSA por medio de la retención del papel del periódico por 74 semanas. Mientras que el canal 100%Noticias y las oficinas del semanario Confidencial, Esta Semana y Esta Noche, propiedad del periodista Carlos Fernando Chamorro, tienen más de un año de estar confiscados de forma ilegal.