Un grupo de excarcelados políticos solicitó, este miércoles 29 de enero, a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que las nueve personas condenadas por la masacre del 19 de julio de 2014, y Marvin Vargas, conocido como “El Cachorro”, sean incluidas en la lista de presos políticos que mantiene la dictadura Ortega Murillo.
“Son dos solicitudes simultáneas pero por separadas, estamos hablando de 10 (personas) que tienen que ser incorporados oficialmente (como presos políticos)”, dijo uno de los excarcelados, que omitió su nombre por temor a más represalias.
La fuente aseguró que el grupo de excarcelados políticos que conocieron la celda de máxima de seguridad la “300” y se toparon con el sufrimiento de estas diez personas, acordaron luchar por su libertad. “Solo el hecho de que estén ahí, puede ver un reflejo de cómo lo han tratado a ellos, (y) es una preocupación de todos los excarcelados. Lo que nosotros hacemos es recoger una inquietud y una demanda que hay entre todos los que estuvimos en la 300, que todos nos comprometimos a ejercer solidaridad con ellos y visibilizar sus casos”, agregó el excarcelado político.
Eddy Gutiérrez Delgadillo, Leonel Antonio Poveda, Zacarías Cano Angulo, Wilfredo Balmaceda Castrillo, José Ricardo Cortez Dávila, Walter Balmaceda Ruiz, Jairo Alberto Obando Delgadillo, Rosendo Antonio Huerta González, y José Oliver Meza Raudez, fueron responsabilizados del ataque a una caravana de simpatizantes sandinistas el 19 de julio de 2014, en Ciudad Darío, Matagalpa, donde murieron cinco personas y 18 resultaron heridos. Por ese caso, siete recibieron penas superiores a los 100 años, uno recibió 37 años y otro, diez años de cárcel.
Marvin Vargas Herrera, excachorro del extinto Servicio Militar Patriótico (SMP), está preso desde mayo de 2011. En el 2016 cumplió su condena de cinco años y seis meses de cárcel que le impusieron por estafa, sin embargo, no fue liberado. Luego, en el 2017 lo acusaron de que su esposa le llevaba droga al penal, y ahora nuevamente está pagando una condena de 12 años de cárcel.
“Ellos tienen una enorme esperanza de que este movimiento les devuelva su libertad, es el mensaje principal que nosotros que ya conocimos el drama en que los involucró el gobierno para reprimirlos, puede encontrar en nosotros una acción de solidaridad y más temprano que tarde puedan recuperar su libertad”, dijo la fuente.
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Alianza trabajará con la CIDH
Álvaro Vargas, coordinador de la comisión de verificación de la Alianza Cívica, manifestó que la lista de presos políticos la trabajan en conjunto con el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), y el primer parámetro que el organismo toma en cuenta es que sean dentro del contexto de la crisis, iniciada en abril de 2018.
Pero ante la solicitud de los excarcelados, la Alianza pedirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que “active” otros mecanismos para abordar estos 10 casos.
“La CIDH tiene otros mecanismos para atender otros casos, lo que nosotros podemos hacer es activar otros mecanismos para trabajar esos casos que están fuera del contexto de 2018”, señaló Vargas.
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Por su parte, Pablo Cuevas de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), dijo que estos casos tienen el perfil político porque los detenidos son opositores, perseguidos por el régimen orteguista. “No eran personas que tenían antecedentes penales, vimos los procesos totalmente anómalos, fueron (los acusados) llevados a una base militar, los testigos fueron oficiales de policía… es una combinación de situación y para nosotros no tenía credibilidad”, refirió Cuevas, quien afirmó que el organismo llevó de cerca los casos.
“Nosotros estamos claros que son presos políticos, hay una situación, el gobierno hizo lo que quiso con ellos”, agregó. La CPDH ya había presentado la denuncia de los casos ante la CIDH pero no obtuvieron mayores resultados.