Mechapa, Chinandega, costa noroccidental pacífica. Ha caído la noche y la soledad ascética de este litoral empieza a estremecerse con explosiones lejanas, que van incrementándose en frecuencia y estruendo. Uno supone que aquello es algo surrealista por lo increíble de la sucesión de detonaciones con los que son bombardeadas indiscriminadamente a mar abierto las especies marinas, por parte de quienes se autodenominan, eufemísticamente, “pescadores artesanales”, cuando su actividad ilícita es exactamente la de “criminales depredadores”.
Alguien escrupuloso o detallista, si llevara un registro del número de explosiones -desde la primera escuchada, hasta la última-, ya en las cercanías del amanecer acumularía al menos 130, cuyo resultado dantesco no es solamente un número exiguo de peces atrapados -menguando su número drásticamente- sino el horror de ver los millones -literalmente- de otras diversas especies tales como sardinas, crustáceos, así como otros pequeños y grandes peces, incluyendo variedades exóticas, que una proporción promedio de 2000 veces el número de capturados, se va al fondo del mar, como desecho muerto que exhibe y acusa la deleznable catadura moral de aquellos que dicen ser “pescadores”, y también la de todos sus cómplices y facilitadores.
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¿Cuáles son los límites verdaderos de nuestra pasividad ante la destrucción de estos activos nacionales? ¿Qué dirán los propietarios de las empresas acopiadoras -compañías que mueven millones en esta industria- que destruye diariamente la herencia de los habitantes de esta generación? Enfatizo que es de esta generación, no de ninguna otra.
Son verdaderos criminales que bajo una falsa imagen de ser “pobres”, a quienes supuestamente no les queda más remedio que dedicarse a esta actividad depredadora, que no solamente ha mermado sistemáticamente los bancos de peces existentes a lo largo de los años, sino que el problema -como toda situación compleja- está representado por diversos actores, principalmente, las empresas acopiadoras de mariscos, cuyos camiones con enormes termos plásticos vienen diariamente desde la capital a recoger el producto de una industria hartamente criminal, que no solamente ha destruido y sigue destruyendo patrimonios nacionales, sino que impacta negativamente la verdadera pesca artesanal, la pesca deportiva de alto ingreso, así como el turismo de snorkeling, de observación de fauna, entre otros rubros colaterales.
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Obviamente, el egoísmo, la avaricia, la soberbia, el móvil criminal – y no miento porque esta conducta está tipificada en nuestro código penal-, supera siempre cualquier límite imaginable.
La cadena de comercialización de explosivos, de los que se rumora que todos los caminos conducen a las fábricas disfrazadas de humildes hogares en León, que desde tiempos inmemoriales aprovisionan a estos criminales depredadores, no se ha visto impedida ante la coyuntura interna, puesto que siguen -al parecer- fabricando y comercializando estos dispositivos de destrucción masiva del patrimonio común.
¿Cuáles son los límites verdaderos de nuestra pasividad ante la destrucción de estos activos nacionales? ¿Qué dirán los propietarios de las empresas acopiadoras -compañías que mueven millones en esta industria- que destruye diariamente la herencia de los habitantes de esta generación? Enfatizo que es de esta generación, no de ninguna otra.
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Existe ya una merma alarmante en los índices de captura, en la escasez de ciertas especies endémicas, que casi ya no se ven, puesto que el ímpetu criminal ha sido tan agresivo que solamente ha producido escasez y extinción irremediable.
Según los mismos protagonistas, los medios de control establecidos por quienes patrullan las aguas con el supuesto fin de vigilancia y cumplimiento de normativas de pesca varían desde inefectivos, risibles, hasta el completo brillo por su ausencia, vencidos ante el mecanismo de corrupción de estos criminales.
Cuando no hay patrulla en el mar, la primera oleada de lanchas con criminales sale disfrazada de “pescadores artesanales”, portando redes, anzuelos, entre otros avíos; en caso de que sean inspeccionados, pasan como “cumplidores”; no obstante, un par de horas después sale la segunda oleada de embarcaciones -cómplices- que llevan los explosivos, cuando ya la patrulla se ha retirado.
En caso de ser atrapados in fraganti, estos criminales arrojan al mar los explosivos, lo cual, al parecer, es la máxima pérdida a la cual ellos se exponen, porque a pesar de que el artículo 378 de nuestro código penal sanciona que: “Pesca con explosivo u otra forma destructiva de pesca:
El que pesque con elementos explosivos, venenos o realice actividades pesqueras
con métodos que permitan la destrucción indiscriminada de especies, así como el
uso de trasmallos en bocanas o arrecifes naturales será sancionado de dos a
cuatro años de prisión”; no hay aún un sólo procesado por estos crímenes tan aberrantes.