En el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) ya existe un borrador de propuesta de resolución sobre las medidas a imponerse al régimen de Nicaragua, en base al informe de la Comisión de Alto nivel diplomático que concluyó que hay “una alteración del régimen constitucional que deteriora seriamente el orden democrático”, informó José Pallais, delegado de la opositora Alianza Cívica.
Explicó Pallais que el proyecto de resolución “está en etapa de consulta” entre los representantes de los 35 estados miembros de las Américas, para lograr un consenso sobre las medidas con las que la OEA responderá a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo por las violaciones a los derechos humanos y la ruptura democrática por el control partidario de todos los poderes del Estado.
“Se está trabajando un proyecto de resolución que está en consulta entre las misiones diplomáticas, y a la vez se está trabajando sobre la fecha para convocar a la Asamblea General de los cancilleres. Somos optimistas de que el tema de la crisis de los derechos humanos, que cada día son violentados por el régimen de Ortega, pronto volverá al escenario de la OEA y habrá una respuesta concreta”, refirió el jurista Pallais.
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La Comisión de Alto Nivel de la OEA en su informe presentado el pasado diciembre al Consejo Permanente concretó que “los mecanismos de control y subordinación que el Gobierno de Nicaragua ha venido desarrollando hacia los demás poderes del Estado, incluidos los poderes Legislativo, Judicial y el Consejo Supremo Electoral, entre otros, hacen inviable el funcionamiento democrático del país, transformándolo en un Estado cooptado e incompatible con el Estado de derecho”.
Se recomendó convocar con urgencia a un período extraordinario de reuniones de la Asamblea General, integrada por los cancilleres de los 35 Estados miembros, para que en base a los resultados del trabajo de la Comisión diplomática se adopte una resolución, que podría terminar en suspender a Nicaragua del organismo lo que tendria graves consencuencias al cortarle el acceso al financiamiento de los organismos multilaterales.
El régimen de Ortega y Murillo ha estado enfrentado con la OEA por las resoluciones en donde se han denunciado la masacre de las fuerzas parapoliciales y de la Policía Orteguista a las protestas ciudadanas, desde abril del 2018 que han dejado al menos 328 asesinatos y otra serie de crímenes calificados de delitos de lesa humanidad por organismos de derechos humanos internacionales.
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Debido a que la dictadura considera una intromisión en asuntos internos el rol del organismo regional en la crisis sociopolítica de Nicaragua, se negó el ingreso a la Comisión de Alto Nivel diplomártico de la OEA al país.
Ortega ha cortado toda comunicación con la OEA, lo que implicaría no renovar el acuerdo para que el organismo internacional preste asistencia técnica en la negociación de las reformas electorales, puesto que la dictadura pretende pactarlas con los partidos colaboracionistas y dejar fuera a los sectores campesinos, estudiantes, empresarios, productores y la sociedad civil agrupados en la opositoras Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).
El Memorándum de Entendimiento entre la OEA y el régimen orteguista era de tres años, que se vence el próximo 28 de febrero.
Según conoce Pallais, por las conversaciones con delegados de la OEA, el régimen no da señales de querer ampliar el Memorándum de Entendimiento para el apoyo técnico en las reformas electorales, lo que para el político opositores “demuestra que Ortega pretende son cambios cosméticos” que no garantizarán elecciones libres y transparentes.
Preocupación por exclusión de la OEA
“Es preocupante que se excluya a la OEA, y también que preocupante es que hayan propuestas como la del Partido Conservador, propiamente de Alfredo César, de que Ética y Transparencia sustituya a la OEA en las negociaciones de las reformas electorales. No es que discutamos la preparación técnica de Ética y Transparencia, pero no es lo mismo el organismo, con mayor capacidad y sobretodo una organización que tiene ese potencial jurídico de los gobiernos de la región para validar si las elecciones en Nicaragua serán sujetas a un marco transparente ajustado a los estándares internacionales”, afirmó Pallais.
Advirtió el miembro de la Alianza Cívica que aceptar que no esté la OEA “es facilitar que Ortega haga fraude” sin que se cuente con las pruebas para ser denunciadas jurídicamente ante el mundo, como el papel fundamental que tuvo la participación de la organización en las elecciones de Bolivia, donde en base al informe de la misión de observación se evidenció el gran fraude del partido de Evo Morales.
Edgard Parrales, exrepresentante de Nicaragua en la OEA, espera que en febrero “se convoque a una reunión extraordinaria de cancilleres”, en la que se contaría con los 24 votos para aprobar la resolución contra el régimen, que en esta ocasión se aplicaría la Carta Democrática Interamericana por la ruptura del orden democrático constitucional por parte del régimen orteguista.
“Bolivia y Uruguay son nuevos votos a favor, yo calculaba que el nuevo gobierno de Guatemala actuaría en consecuencia, pero las últimas declaraciones del presidente Alejandro Giammattei, de que quiere llevar la fiesta en paz con Ortega, entonces no se contaría con ese voto a favor de la resolución”, explicó Parrales.
El escenario que el exembajador prevé es que los gobiernos en la OEA “vean oportuno la suspensión de Nicaragua del organismo”, aunque el riesgo, dijo, es que al excluir al país, se cierran espacios para la presión diplomática.
Otra de las opciones es que se decidan por ejercer mayor presión instando a los gobiernos a aplicar sanciones bilaterales a Nicaragua, siguiendo a Estados Unidos y Canadá. Las sanciones podrían ser individuales a funcionarios del régimen e instituciones de forma coordinada.
“Si no hay suspensión, se aplicarían las medidas de la Nica Act y la Magnisky, que son sanciones a personas en particular y el cierre de la cooperación financiera internacional. Podrían también decidirse porque los países que tiene tratados de libre comercio con Nicaragua como Chile, Panamá, México se cierren”, dijo Parrales. Lo inmediato, según Parrales, es que los europeos apliquen las sanciones anunciadas, las que sucederían una vez la OEA apruebe la resolución contra el régimen orteguista.