Asfixiando a la empresa privada

El régimen de Ortega no ha querido asumir la responsabilidad que le corresponde por el estallido social de abril de 2018, no reconoce las causas de la crisis ni adopta las medidas necesarias para resolverlas.

Nicaragua, presos, defensores de derechos humanos

El anuncio de la Dirección General de Ingresos (DGI), de que hará públicos los nombres de quienes no estén al día en el pago de sus impuestos, es rechazado por el sector empresarial por violar el principio de confidencialidad fiscal y atentar contra la economía nacional.

Medidas como esa son para estrangular a “una economía que ya está en recesión y que ya no da más”, dice el exdirector de la DGI y expresidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham), Róger Arteaga. A su vez el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, y los presidentes de la Cámara de Industrias, Sergio Maltez; Cámara de Comercio y Servicios, Carmen Hilleprandt, y la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, Guillermo Jacoby, critican la disposición de la DGI porque vendrá a perjudicar más al sector empresarial privado, al clima de negocios y la economía nacional en general.

El régimen de Ortega no ha querido asumir la responsabilidad que le corresponde por el estallido social de abril de 2018, no reconoce las causas de la crisis ni adopta las medidas necesarias para resolverlas. Por el contrario, reprime a la población y arremete contra la empresa privada, como si quisiera estrangularla y liquidarla.

La dictadura ha confiscado propiedades privadas y decretado medidas tributarias gravosas, obligando a muchas empresas a cerrar operaciones, reducir costos, recortar personal y dejar de reinvertir en sus negocios. Y ahora, como si faltara más, la DGI intimida a los empresarios con una disposición que no toma en cuenta la situación económica y no reconoce que algunas o muchas deudas están apeladas por ser arbitrarias e injustas.

Supuestamente las medidas tributarias agresivas contra los empresarios se deben a la drástica reducción de los ingresos gubernamentales. Lo cual es cierto y se explica por la crisis sociopolítica y la recesión económica que sufre el país, que el mismo régimen no hace lo debido para resolverla.

Sin embargo, eso es solo una parte del asunto. Otra es el afán irracional de venganza porque el sector empresarial dejó su alianza con el régimen cuando este suprimió de facto los derechos constitucionales y reprimió criminalmente las protestas pacíficas. Además, hay al parecer un despertar de la antigua pasión socialista y anticapitalista de Daniel Ortega. Esto es lo que se puede deducir de sus insensatas medidas agresivas contra los empresarios privados independientes.

Carlos Marx y Federico Engels consignaron en sus manuales Manifiesto Comunista y Principios del Comunismo, que al capitalismo no solo se le debe atacar mediante confiscaciones directas y rápidas. El mismo objetivo se puede alcanzar, sugirieron, aunque sea más lento, aplicando cada vez más impuestos a los capitalistas y castigándolos cuando no los paguen, para liquidarlos económicamente.

Al parecer tal cosa es lo que está tratando de hacer el discípulo nicaragüense de Marx y Engel (y de Lenin, Stalin, Mao y Fidel Castro) que detenta actualmente el poder y está arruinando a Nicaragua.

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