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El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, durante el mitín que organizó este domingo para atacar a los diputados. LA PRENSA/CAPTURA DE PANTALLA

Convocatoria de Nayib Bukele era “jurídicamente improcedente”, establece análisis del Fusades de El Salvador

"Las implicaciones jurídicas, políticas y económicas que esta situación de crisis institucional en la que el país se encuentra inmerso, pueden ser devastadoras para el sistema democrático y el Estado constitucional de derecho", cita un análisis del centro de pensamiento salvadoreño.

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), un centro de pensamiento del país vecino, similar al Funides de Nicaragua, emitió un análisis jurídico sobre la crisis política que se vive en El Salvador, debido al choque entre el presidente Nayib Bukele y el poder legislativo, por la aprobación de un préstamo para impulsar un plan de seguridad ciudadana que promueve el mandatario salvadoreño.

El análisis jurídico de Fusades establece que Bukele se excedió en sus atribuciones en exigir la convocatoria extraordinaria para discutir el préstamo, invocando incluso sus facultades para llamar a la insurrección al pueblo salvadoreño, ante lo que denominó un desacato de los legisladores, que en su mayoría no acudieron a sesionar este domingo como pretendía el mandatario salvadoreño.

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“La convocatoria realizada por el Consejo de Ministros es jurídicamente improcedente por no existir la situación extraordinaria que la Constitución exige para dicha convocatoria. Dicha disposición se plasmó para responder a situaciones en que la Asamblea Legislativa entrará en períodos de vacaciones, y en casos de calamidad general y catástrofe. Ninguno de los dos supuestos se cumplen y, por ello, la convocatoria es inconstitucional, ya que, por una parte, la Asamblea está en funciones y no en vacaciones o receso, sino deliberando sobre el asunto, como es propio y natural en los parlamentos”, cita la parte medular del análisis de Fusades.

A finales de 2019, el gobierno de Bukele presentó una solicitud de préstamo a la Asamblea Legislativa por 109 millones de dólares, para el financiamiento de la Tercera Fase del Plan de Control Territorial, sobre el cual algunos diputados han planteado algunas preguntas y requerido explicaciones, de modo que no se ha logrado el consenso de la mayoría calificada necesaria para su aprobación.

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Ante la falta de acuerdo político, el Consejo de Ministros, el pasado 6 de febrero, emitió un Acuerdo Ejecutivo invocando el artículo 167 de la Constitución  salvadoreña, convocando extraordinariamente a la Asamblea Legislativa para reunirse y discutir la autorización del referido préstamo.

Discusión de un préstamo no es “emergencia constitucional”

“La Asamblea Legislativa el 7 de febrero determinó que la autorización de un préstamo no constituye emergencia constitucional y que está facultada, de acuerdo con la Constitución, para ejercer control en las finanzas públicas, y que la convocatoria es improcedente por transgredir la independencia de los órganos del Estado”, añade el análisis de Fusades.

Bukele continuó presionando a través de mensajes en redes sociales, reiterando que los diputados están convocados y que están obligados a asistir, y que si no lo hacen, existiría “ruptura del orden constitucional”, y que “el pueblo tendrá la facultad de aplicar el art. 87 de la Constitución”, el cual se refiere al derecho a la insurrección.

Este domingo 8 de febrero, militares fueron ubicados en los alrededores de la Asamblea Legislativa y se restringió el acceso a los medios de comunicación. Además, los policías que brindan protección a los diputados les fueron retirados, y también se ordenó suspender los permisos y licencias al personal policial para “reforzar el Plan de Prevención Territorial”.

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Fusades advierte graves consecuencias en el orden jurídico y económico de El Salvador

“Las implicaciones jurídicas, políticas y económicas que esta situación de crisis institucional en la que el país se encuentra inmerso pueden ser devastadoras para el sistema democrático y el Estado constitucional de derecho. Esto se debe a que se estaría generando un precedente negativo de ruptura al orden constitucional por parte del Órgano Ejecutivo, así como una vulneración del sistema de división de poderes”, advierte el informe de Fusades.

“La Fiscalía General de la República debe estar vigilante para evitar cualquier delito contra el sistema constitucional, como por ejemplo, el de sedición, que podría darse si cualquier persona de forma tumultuaria y con violencia quisiera alterar el normal funcionamiento del Estado. La crisis institucional también tendría como consecuencia crear un clima de inestabilidad política que afectaría el clima de inversión, lo cual también repercutiría en las calificaciones de riesgo del país, minando las oportunidades de empleo que tanto necesita El Salvador” , añade el estudio del centro de pensamiento.

 

Internacionales El Salvador Fusades Nayib Bukele archivo

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