Después de trece días de la masacre en la comunidad Mayangna Alal, y que organizaciones de derechos humanos internacionales demandaran al régimen orteguista que se investigue y se imparta justicia, la policía del régimen ha guardado silencio, un silencio que a criterio de defensores de derechos humanos “huele” a impunidad.
De un día para el otro, la institución policial reconoció que el ataque armado perpetrado por un grupo de colonos dejó cuatro muertos en una zona del territorio Sauni As, donde conviven 23 comunidades mayangnas. En su primer comunicado, informaron que no había víctimas.
La Policía Orteguista (PO) entró a la zona atacada, en la Reserva de Biosfera Bosawas, la mañana del jueves 30 de enero, un día después del ataque, y aseguró que identificaron a Isabel Meneses Padilla, alias “Chabelo”, como líder del “grupo delincuencial”, a quien atribuyen los delitos de homicidio, lesiones, incendio y daños en perjuicio de las comunidades de Alal. Eso lo informaron mediante dos comunicados, y después, solo hubo silencio.
Tomando en cuenta la poca información que la PO ha expuesto sobre el crimen en Bosawas, la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, considera que este se podría quedar en la impunidad como las decenas de hechos sangrientos que han ocurrido históricamente en las comunidades indígenas.
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El viernes último, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), instó a las autoridades nicaragüenses a que investigue de forma rápida, exhaustiva, e independiente sobre dichos hechos, y se juzgue a los responsables. Asimismo, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, condenó el ataque y urgió al Estado a que se investigara.
Núñez lamenta que deba ocurrir un crimen, como el de Bosawas, para que se recuerde que en esos territorios se mantiene una sistemática violación de derechos humanos y una discriminación sostenida. A la vez, cuestiona que no es posible que las autoridades no sepan lo que está pasando en el lugar, por ello, considera que también se han convertido en cómplices. “Aquí hay responsabilidad y hay que exigirle al gobierno, no pueden estar matando a la gente, y pensando que esto va a seguir así”, expresó.
Por su parte, Gonzalo Carrión, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, expresó que de parte del régimen persiste la cultura de negar los hechos, así como sucedió con el estallido social de abril de 2018. En el caso de los indígenas mayangnas, niegan que el trasfondo sea el despojo de sus tierras.
El conflicto de invasión de colonos que ha desangrado al Caribe nicaragüense ha dejado, según el Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), desde 2015, unas 40 personas asesinadas, 47 heridos, 44 secuestrados y cuatro permanecen desaparecidas. Uno de los líderes indígenas que solicita omitir su nombre por seguridad, demanda justicia para las víctimas de Alal, y que el Gobierno respete a sus comunidades y su forma de organización. También demandó el inicio del proceso de saneamiento.
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Los hechos
El ataque de colonos sucedió el miércoles 29 de enero de 2020. En un primer momento, los hombres estaban pescando en el río Casca. Ahí fue asesinado Arly Samuel Gutiérrez y dos personas más resultaron heridas, pero estas lograron escapar y dieron aviso a la comunidad. La alerta provocó que las mujeres, niños y ancianos de Alal, se refugiaran en otras comunidades y los hombres se quedaron a defender sus casas.
Las víctimas mortales fueron identificados como Jarle Samuel Gutiérrez, Juan Emilio Devis Gutiérrez, Cristino López Ortiz y Amaru Rener Hernández.