Los últimos allanamientos, capturas y acusaciones judiciales realizadas por el régimen orteguista este fin de semana, han sido dirigidas contra líderes sociales emergentes para “meter en miedo” y cortar de raíz toda voz de insurrección, explicó Pablo Cuevas, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
Esta afirmación se da después que este fin de semana, la Fiscalía acusó de robo agravado a tres jóvenes que participaban en la organización de piquetes estudiantiles en protesta contra el régimen, en la Universidad Centroamericana (UCA) y el allanamiento contra un abogado miembro de la Coalición Cívica de Matagalpa.
“El mensaje es el mismo. Atemorizar para que la gente no proteste y lo mejor es atacar las cabezas, es decir, a los líderes emergentes. No es casualidad que secuestren a Cristian, lo golpeen y luego este decida irse del país. Luego apresan a Kevin Solís y giran orden de captura para Gerson Suazo, ambos líderes y participantes en piquetes de protesta estudiantil”, detalló Cuevas.
Allanamiento a opositor en Matagalpa
Para el abogado defensor de derechos humanos, los universitarios que protestan en la UCA deberían de ser protegidos por la Policía, porque ellos están ejerciendo un derecho constitucional, sin embargo, sucede lo contrario. “Quien levante la mano, se la cortan”, esa es la fórmula que están aplicando, recalcó.
En Matagalpa, este sábado, mientras una acusación era ventilada en el Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencia de Managua, casi a la misma hora, unos 15 policías, la mayoría antimotines rodearon la casa del abogado Edgar Payán Castillo, opositor y miembro de la Alianza Cívica y de la Coalición Cívica por Matagalapa, para irrumpir en la vivienda.
Los policías andaban con una orden judicial firmada por la juez Maribel Parrilla, quien ordenaba el allanamiento, secuestro de bienes, registro y detención de personas, por una investigación de supuesta tenencia ilegal de armas de fuego en contra del activista opositor.
Asedio desde 2018
“Los vecinos también me dijeron que había presencia de paramilitares en el perímetro de la casa que no dejaban pasar. Les dije que los dejaría realizar el allanamiento, pero que solo tres oficiales entraran. Buscaron en toda la casa y no encontraron nada. Les expliqué que esas dos armas que aparecían en la orden de allanamiento fueron mías y tenían la debida portación legal y que las había vendido y que les di de baja”, explicó el abogado.
Los oficiales dijeron a Payán que los acompañara a la delegación, pero este se negó porque no habían encontrado nada en su casa y fue citado para este domingo 9 de febrero, pero él mandó a su abogado, porque así la ley lo permite.
El acoso y asedio contra Payán viene desde el 2018, cuando su casa fue puesto médico para atender a heridos que estaban en los tranques y participaban en las protestas sociales de ese año. “Me desbarataron un carro nuevo y me siguen donde quiera que me movilizo”, dijo el perjudicado, quien interpuso su denuncia ante la CPDH.
16 denuncias en tres horas
Pablo Cuevas expresó que la CPDH estuvo tres horas en Matagalpa, la semana pasada, donde recibió 16 denuncias de asedio y amenazas por parte de paramilitares al servicio de la dictadura y la Policía Orteguista. De igual forma visitó Estelí y están en las mismas condiciones. “Hay grupos de paramilitares que cuando ven a un grupo reunirse para protestar o realizar alguna reunión contraria al gobierno, los atacan, intimidan hasta dispersarlos y no dan lugar a nada”, dijo Cuevas.