La Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua, de la Iglesia católica de Nicaragua, se pronunció este lunes sobre el tema de la reforma electoral. Dice que la celebración de las próximas elecciones abre la posibilidad de sacar al país de la crisis sociopolítica, de manera constitucional y pacífica. Sin embargo, señala que “para tener unas elecciones legítimas, libres y confiables, es necesario el restablecimiento de las libertades civiles, de expresión y movilización”. Y se necesita, “además de una sustancial reforma electoral, cambio de las autoridades electorales y amplia observación nacional e internacional”.
El pronunciamiento católico dice que de atenderse esa petición se encendería “una luz de esperanza” para Nicaragua. Una esperanza, advierte, que es “amenazada por protagonismos, ambiciones personales o de grupos”, cuando lo que se debería es “trabajar unidos como auténticos ciudadanos que aman su patria”.
Sin embargo, no se puede dejar de reconocer que a pesar las complejas dificultades que implica un proceso de alianza de sectores y personas con intereses y formas de pensar tan diversos, las fuerzas sociales y políticas que abogan por un auténtico cambio democrático en Nicaragua están trabajando de manera incesante y constructiva, para lograr esa unidad y presentar una robusta alternativa a la dictadura en las próximas elecciones.
Nos referimos en particular al “Comunicado sobre el proceso de reformas electorales”, que el viernes 7 de febrero dieron a conocer ocho —y las principales— organizaciones sociales, movimientos cívicos y partidos políticos del sector democrático del país. Se trata, mencionados en el orden establecido por ellos mismos, de la Alianza Cívica, partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), Partido de Restauración Democrática (PRD), Grupo Pro Reforma Electoral, Partido Liberal Constitucionalista (PLC), el partido indígena del Caribe, Yátama, Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).
Todas estas organizaciones y partidos coinciden en que en la elaboración e implementación de las reformas electorales deben participar “organismos internacionales tales como la OEA, Unión Europea, Naciones Unidas, Centro Carter y organismos nacionales como Ética y Transparencia… como un elemento crucial para garantizar su calidad y legitimidad”.
Es importante señalar que esta es la primera vez que los movimientos sociopolíticos y los partidos de oposición se asocian en una acción conjunta de primordial significación. Lo cual se podría considerar como una señal de que va en firme la formación de la Coalición Nacional opositora que según se anunció será proclamada el próximo 25 de febrero.
Esperamos que no sea una señal que se disuelva como el humo. La gran unidad, alianza o coalición opositora es una esperanza para la nación, porque sería el instrumento indispensable para producir el ansiado cambio democrático en Nicaragua.