Los diputados leales a la dictadura orteguista aprobaron este martes en la Asamblea Nacional la creación de las cuatro empresas estatales que intervendrán en toda la cadena del negocio de la importación, almacenaje, distribución y comercialización de gas, combustibles y hasta en la exploración de petróleo en Nicaragua.
Gustavo Porras, presidente de la Asamblea y sancionado por Estados Unidos por violaciones a los derechos humanos, no permitió debate de las leyes de las nuevas empresas estatales. Sometió a votación en lo general de la Ley creadora de la Empresa de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, sin escuchar a los demás legisladores.
Ley Creadora de la Empresa Nicaraguense del GAS (ENIGAS)
El jefe de la bancada del PLC, Jimmy Blandón, afirmó que el régimen desaparece Petronic para transformarlo en 4 nuevas empresas para esquivar sanciones de EE.UU., puesto que Petronic quedó inmovilizada por su vinculación con Albanisa.Edwin Castro, jefe de la bancada FSLN, no explicó cuáles son las empresas que ya importan y distribuyen combustibles cuyos activos pasan a ser de la estatal Empresa de Importación, transporte y distribución de hidrocarburos, Enicom.
Las iniciativas aprobadas son la Ley creadora de la Empresa Nicaragüense del Gas (Enigas), Ley creadora de la Empresa Nicaragüense de planteles de almacenamiento y distribución de hidrocarburos (Eniplanh), la Ley Creadora de la empresa nacional de exploración y explotación de hidrocarbusos (ENIH) y la cuarta es la Ley creadora de la empresa nicaragüense de importanción, transporte y comercialización de hidrocarburos (Enicom).
Las cuatro propuestas de leyes fueron enviadas por Ortega a la Asamblea Nacional para que sean aprobadas con «trámite de urgencia», un procedimiento con el que nuevamente se evita que las propuestas del régimen sean sometidas por parte de los diputados a una amplia consulta con empresarios, especialistas independientes, así como por entidades como la Contraloría General de la República (CGR) que permitan determinar si las empresas estatales que serán creadas convienen al Estado.
Analistas advierten que con esta movida legal el régimen busca traspasar el control en este rubro que ejercían Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa) y la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP). De esta forma, el régimen también busca esquivar las sanciones impuestas a esas compañías por Estados Unidos y a la vez de asegurarse que la familia Ortega-Murillo siga manejando el negocio de los hidrocarburos en el país.