Los diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en la Asamblea Nacional votaron contra la creación de las cuatro nuevas empresas públicas del sector energético, inventadas por la dictadura para tratar de eludir las consecuencias de las sanciones de Estados Unidos (EE.UU.).
Las empresas con rango de ministerio que este martes fueron aprobadas a matacaballo por el poder legislativo de Daniel Ortega son: Empresa Nicaragüense del Gas (Enigas), Empresa Nicaragüense de Almacenamiento y Distribución de Hidrocarburos (Eniplanh), Empresa Nacional de Exploración y Explotación de Hidrocarburos (Enih) y Empresa Nicaragüense de Importación, Transporte y Comercialización de Hidrocarburos (Enicom).
Estos cuatro nuevos entes del Estado son para operar el vital y estratégico sector energético, por lo cual no debían ser aprobadas con trámite de urgencia que es un procedimiento legislativo excepcional que no cabe para una materia tan delicada y fundamental. Además, el trámite de urgencia implica actualmente en Nicaragua una falta absoluta de transparencia en el manejo de los intereses y los recursos de la nación.
Precisamente, una de las razones principales que argumentaron los diputados del PLC para oponerse a la creación de las nuevas empresas, es que el Gobierno no explicó de dónde provienen sus activos financieros y cuáles son las entidades que están en operación en el sector y que serán absorbidas por las de nueva creación.
Pero sin duda que el interés principal de la dictadura en este caso, es seguir manejando a su antojo el negocio multimillonario de los combustibles, así como tratar de evadir las consecuencias de las sanciones que EE.UU. impuso el 13 de diciembre del año pasado a Rafael Ortega Murillo (hijo mayor de los dictadores) y a tres empresas operadas por él, incluyendo a la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP). Estas sanciones, según explicó a la revista Confidencial el exdiputado opositor y activista de la Alianza Cívica, Eliseo Núñez, podrían representar pérdidas para la pareja y familia dictatorial de entre 70 y 100 millones de dólares.
Sin embargo, la verdad es que la invención de las cuatro nuevas empresas públicas para gestionar el sector energético no le garantiza a los Ortega Murillo que puedan evadir las sanciones. Al respecto la diputada del PLC, Azucena Castillo, declaró que si los activos contaminados pasan a constituir las cuatro empresas estatales que entrarán al negocio de los combustibles, es difícil que estas se salven de las sanciones. Y recordó el caso del Bancorp, que el régimen trató de convertirlo en banco nacional para evitar las sanciones, pero fracasó en el intento.
En realidad, no es dando palos de ciego que la dictadura se puede escapar de las sanciones. Los funcionarios pertinentes del Gobierno de los EE.UU. han dicho claramente que su único objetivo es persuadir a Daniel Ortega que devuelva las libertades a los nicaragüenses y celebre elecciones libres, limpias y vigiladas internacionalmente, para que Nicaragua pueda recuperar la democracia.
De manera que el dictador Ortega tiene en sus propias manos la receta para quitarse de encima las sanciones internacionales que tanto lo molestan. Y cediendo podría evitar también que la población nicaragüense tenga que sufrir consecuencias indirectas y colaterales.