El Salvador permanece este viernes (14.02.2020) en tensión de cara a un fin de semana inédito ya que el sábado el Parlamento tiene planificado desarrollar un proceso de interpelación contra dos altos funcionarios del Gobierno de Nayib Bukele y el domingo se cumple la fecha límite dada por el Ejecutivo para que el Congreso apruebe un polémico préstamo destinado a financiar la tercera fase de un plan antipandillas. Ninguna de las partes parece ceder.
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Los partidos mayoritarios de la oposición, el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), afianzaron con sus votos el proceso de interpelación contra la ministra de Salud, Ana Orellana Bendek, y el presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Frederick Benítez Cardona, producto de una crisis de contaminación en los canales de suministro de agua potable.
“Ya hay un acuerdo de este pleno legislativo. Estos dos funcionarios, que se va a interpelar, le dieron agua contaminada a los salvadoreños. Ellos dijeron que se podía tomar esa agua”, afirmó a DW el jefe de la fracción legislativa de ARENA, Carlos Reyes.
La bancada del FMLN también anunció que buscaría otro proceso de interpelación dirigido a los titulares de las carteras de Seguridad y Defensa, así como al director de la Policía Nacional Civil (PNC), luego de que participaran en la militarización del Parlamento el pasado 9 de febrero.
“Ese es un revanchismo político. Eso, al país, no nos lleva a nada bueno”, dijo a DW Juan Carlos Mendoza, diputado de la oficialista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA). “Yo creo que tanto el ministro de la Defensa, el director de la PNC y el ministro de Seguridad –quiérase o no- siguen instrucciones de la autoridad superior. Sabemos que el día domingo hubo esa injerencia policial y militar pero hay que entender que ellos no se mandan solos. Por eso, no creo que sea justo que ministros puedan ser interpelados”, agregó.
Mendoza explicó que “eso lo ha pedido la oposición en el Congreso. Cabe mencionar que la oposición tiene la mayoría simple y la mayoría calificada, o sea que el FMLN y ARENA tienen los votos para hacer cualquier cosa en este Parlamento y se han estado aprovechando de esa situación. Esas son de las cosas que han llevado al presidente de la República a tomar medidas, al ver que no le aprueban los recursos necesarios para el combate a la delincuencia. Ese ha sido el detonante de la problemática”.
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Por su parte, el único diputado no partidario del Congreso, Leonardo Bonilla, declaró a DW que “esta ruptura que hubo el domingo, fue un golpe de Estado que duró cinco minutos pero que no dejó de ser un golpe de Estado. Eso no se terminó consolidando y, por ahora, creo que existe la posibilidad en nuestro país de poder buscar los consensos entre los órganos de Estado, pero también existe la amenaza latente de que esto pueda volver a ocurrir. Acá no se trata de defender la postura de un partido político, o la imagen de un diputado en particular, sino la separación de poderes que tanto le ha costado al país”.
Llamados a la insurrección popular
Luego que Bukele lanzara su ultimátum, seguidores del mandatario han replicado su llamado a la insurrección popular y a una convocatoria masiva en las afueras del Parlamento a través de las redes sociales. “Insurrección es un nombre demasiado grande”, dice a DW el subjefe parlamentario del FMLN, Jorge Schafik Handal.
“A lo que está llamando alguna gente, que es seguidora del partido Nuevas Ideas, es a un acto vandálico de venir a la Asamblea a romper las puertas, a meterse al Salón Azul, sentarse en los asientos de los diputados; supuestamente, a partir de ahí, van a decidir aprobar el préstamo que hasta ahora está cuestionado y que a estas alturas ya está muy contaminado”, agregó Handal. “Agregado a eso, están saliendo fotos publicadas de diputados –la mía ha salido ahí- con títulos sugestivos como ´maten diputados El Salvador´, es decir, llamando directamente a atentados personales”, añadió.
Bonilla analiza que “ha funcionado la institucionalidad, que en nuestro país es débil, pero está funcionando. Ya la Sala de lo Constitucional admitió una demanda y emitió medidas cautelares contra el Ejecutivo. Luego de esto, y dado que el Ejecutivo ya no puede seguir haciendo esa convocatoria, hay otros actores políticos -que no son funcionarios- que están llamando siempre a la insurrección. Habrá que ver si estos actores no son pagados por el Gobierno”.
“Hemos visto videos de algunos simpatizantes de Bukele, que muchos salvadoreños mencionan que son empleados de gente del Ejecutivo. Realmente, ese tipo de acciones de estar pidiendo insurrección y de estar agitando al pueblo salvadoreño no abona en este ambiente. Nosotros estamos abiertos al diálogo, pero debe ser un diálogo franco. Con ese tipo de amenazas de gente vinculada al gobierno, será imposible que se pueda negociar y entrar en un diálogo franco para tratar de solventar esta situación”, detalló Reyes.
“El panorama ideal sería que la Asamblea Legislativa le apruebe al presidente de la República el requerimiento que él está haciendo, que es un préstamo por 109 millones de dólares para el combate a la delincuencia y a la violencia, y también retirar estas interpelaciones porque no son otra cosa más que un revanchismo político”, enfatizó Mendoza.