En medio de un clima de violencia contra los pueblos indígenas del Caribe, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), amplió las medidas provisionales a favor de los comunitarios miskitu de Santa Clara, del territorio de Wangki, en el caribe nicaragüense. La medida es por el agravamiento de los hechos de violencia ocurridos en el 2019, relacionado a amenazas y actos de hostigamiento de parte de invasores de sus tierras ancestrales.
La Corte adoptó medidas provisionales a favor de siete comunidades en septiembre de 2016: Klisnak, Wisconsin, Wiwinak, San Jerónimo y Francia Sirpi. Posteriomente, las amplió para las comunidades Esperanza Río Coco y Esperanza Río Wawa y en el 2018, a los defensores de los pueblos indígenas Lottie Cunningham Wrem y José Medrana Coleman.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó a la Corte sobre el secuestro de dos de los pobladoras de Santa Clara por parte de 25 hombres armados en 2019, a quienes amenazaron y forzaron a trabajar en la limpieza de cultivos durante cinco horas, así como el asentamiento de terceros “colonos” en el Río Wawa que impiden el acceso a la zona, y la existencia de amenazas y actos intimidatorios contra dos jóvenes a manos de 20 terceros, quienes portaban armas de fuego.
Todo esto ha sucedido en el contexto de reivindicación de los territorios ancestrales del pueblo indígena Miskitu y los procesos de saneamiento que tienen lugar en dicha zona, se expone en el documento de la ampliación de medidas provisionales.
Como parte de la información que fue presentada a la Corte, se indica que los integrantes de Santa Clara se encuentran en una situación de riesgo debido a la presencia de colonos en sus tierras comunales, lo cual se ha agravado con hechos como el secuestro de algunos de sus pobladores y amenazas.
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Los terceros construyen carriles en sus parcelas y les impiden el acceso a zonas donde antes realizaban las actividades tradicionales que les permitían procurar los medios para su subsistencia, se expone en la resolución.
Todo esto hace indicar a la Corte “una situación de extrema gravedad y urgencia, con la posibilidad razonable de que continúen materializándose daños irreparables a los derechos a la vida e integridad personal de los miembros de la Comunidad Santa Clara”.
Mediante la resolución, la Corte requiere que Nicaragua adopte medidas suficientes para proteger la vida e integridad de los miembros de Santa Clara y que se garantice su participación en la implementación de dichas medidas.