La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) hace una interpretación antojadiza de la ley en referencia a la potestad que tiene la Policía Orteguista (PO) con respecto al derecho a la reunión pacífica que está contemplado en la Constitución Política de Nicaragua, explicó la defensora de derechos humanos, Vilma Núñez.
La PDDH envió un documento con sus comentarios a la Organización de Naciones Unidas sobre el Proyecto de Observación General número 37 sobre el artículo 21-Derecho de la Reunión Pacífica- del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En el archivo, exponen que el derecho de los nicaragüenses a la reunión pacífica está regulado en la Constitución, mediante los artículos 53 y 54, pero en este último, se condiciona por el actuar de la PO, mediante la Ley 872, de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional.
En el inciso P del artículo 7 de dicha Ley, se contempla que la PO “otorgue permisos policiales y autorizaciones para la celebración de eventos o actividades especiales que afecten la libre circulación de las personas y vehículos o que puedan alterar la normal convivencia de la población (…)”. Según Núñez, la fuerza policial hace su propia interpretación de la Ley, porque lo que se debe hacer es informarles para que estos garanticen el buen desarrollo de las actividades, pero no para que se realicen o no.
“Lo están ejecutando, de manera, que son los ejecutores de tu derecho”, expresó la defensora, quien recordó que existe una orientación explícita de no permitir cualquier tipo de manifestaciones. En septiembre de 2018, la PO declaró las movilizaciones sociales en demanda de justicia, no repitición y democracia, como parte del estallido de abril, ilegales, y amenazó a quienes promovían las marchas con enfrentar la justicia.
Lea además: Daniel Ortega quiere “matar” las protestas en su contra
Desde esa fecha, la oposición nicaragüense ha realizado piquetes exprés en centros comerciales, supermercados o avenidas con el objetivo de evadir el ataque represivo de las fuerzas policiales, que ha realizado grandes despliegues en los que han participado policías de tránsito, de operaciones especiales, y hasta la técnica canina, para evitar que la población vuelva a tomarse las calles.
La PO también ha arrestado, lanzado bombas lacrimógenas y aturdidoras a los pobladores, aplastando su derecho a expresarse libremente. Asimismo, mantiene una constante vigilancia en zonas como la carretera a Masaya, y el sector de la Universidad Centroamericana, que se convirtieron en lugares emblemáticos de la lucha cívica.
Núñez explica que el incumplimiento del Régimen con los compromisos internacionales, también se evidencia en el irrespeto de enviarle mentiras e interpretaciones sesgadas y antojadizas, en este caso, sobre el derecho a la reunión pacífica, cuando la realidad es otra.
Lea también: De defensora a cómplice de la dictadura. La Procuraduría de Derechos Humanos al borde de la degradación internacional
“El gobierno miente, miente en cada intervención, ya sea oral o por escrito”, expresó la defensora. Por su parte, el secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, explicó que el gobierno se ha caracterizado por vender a la comunidad internacional que en el país todo marcha en orden; sin embargo, es conocido que la misma Procuraduría perdió su independencia y está ligada al partido Frente Sandinista.
Cabe mencionar que en el 2019, la Procuraduría fue degradada de categoría “A” a “B” por no poder demostrar su independencia. Esa nueva calificación significa que queda sin voz y voto ante la comunidad internacional.