Cinco tarimas, más de una docena de parlantes, luces y banderas colocó el régimen en la Plaza de la Revolución, en Managua, donde este 21 de febrero se dará el traspaso de mando del comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, pero será solo un acto simbólico ya que el general Julio César Avilés es quien se mantendrá por cinco años más al frente de la institución militar, tras ser prorrogado en el cargo por el dictador Daniel Ortega.
El general Avilés ha estado diez años ininterrumpidos como jefe del Ejército, y cuando termine su nuevo período en febrero del 2025 serán 15 años en el cargo.
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En febrero de 2014, Ortega mandó a reformar la ley 181 que rige al Ejército y del artículo 8 borró la frase “el Comandante en Jefe del Ejército no podrá ser reelegido”. Con esto, abrió las puertas a le reelección indefinida del jefe militar. Unos días antes, Ortega, a través de una obediente Asamblea Nacional, había mandado a reformar la Constitución, entre las cosas que borró del artículo 147 fue la frase que prohibía la reelección presidencial continua.
Los expertos en seguridad, Roberto Cajina y Elvira Cuadra, interpretan ese continuismo de dos formas: que Ortega manda el mensaje de que cuenta con la lealtad del Ejército para sostenerse en el poder ante el alargamiento de la crisis sociopolítica, pero también advierten del daño que se causa a la institucionalidad.
Cuadra, socióloga, afirmó que el interés de Ortega para mantener en su cargo por tercer período consecutivo al actual jefe del Ejército “está relacionado con su necesidad de asegurar la lealtad de la institución militar, particularmente la jefatura. Para eso, desde el 2014 cuando se reformó el Código Militar, ha construido una relación personal y clientelista con un grupo de oficiales, particularmente Avilés”, dijo.
Avilés asumió como comandante en jefe del Ejército el 21 de febrero del 2010, continuando con la sucesión que establecía el Código Militar. Los generales Joaquín Cuadra, Javier Carrión y Omar Halleslevens solo cumplieron cinco años como jefes militares y luego pasaron a retiro, tal como lo establecía la ley.
En 2014 se instauró la reelección en el mando militar propiciada por el dictador Ortega con la reforma al Código Militar hecha en enero del 2014. Al comandante en jefe del Ejército lo nombra el Presidente en base a la propuesta que le haga el Consejo Militar, según el Código Militar, Ley 855.
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El pasado 20 de noviembre el Inspector General del Ejército, mayor general Marvin Corrales Rodríguez, aseguró que reelegir a Avilés fue una propuesta unánime del Consejo Militar, como “una muestra de la cohesión que tenemos todos los miembros del Ejército”.
Pero según Cajina, “es atípico tener a un comandante en jefe de un Ejército por un período más allá de lo que la Ley establece, que en este caso es de cinco años. Es atípico pero también hay intereses de la institución que puede ser aprovechados por Ortega para mandar el mensaje de que el Ejército lo apoya”.
¿Quiénes están en la línea de sucesión?
En la línea de sucesión inmediata actualmente está el mayor general, Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, Jefe del Estado Mayor General y el Inspector General, Marvin Corrales.
La especialista Elvira Cuadra señaló que la importancia de prorrogar al general Avilés al frente del Ejército está relacionado con “mantener la cohesión interna de la institución militar” que en la profunda crisis sociopolítica del régimen de Ortega y Rosario Murillo, “es su principal punto de apoyo”, junto a la Policía Orteguista (PO).
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Además, según Cuadra, se envía “un mensaje a la oficialidad a lo interno” del Ejército “en el sentido de los premios a las lealtades, y envía un mensaje también al resto de la sociedad nicaragüense en el sentido de ratificar el compromiso político del Ejército con su régimen”.
Experta considera que el continuismo causa distorsión en la estructura militar
Sectores políticos opositores y organismos sociales critican la reelección de Avilés en la cúpula militar bloquea el relevo dentro de la institución.
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La socióloga Elvira Cuadra es de la opinión de que la prolongada permanencia de Avilés al frente del Ejército ya está causando las distorsiones que se anunciaron cuando se aprobó la reforma al Código Militar, “pues ha creado un tapón en la carrera militar al impedir la promoción de los oficiales intermedios que están en ascenso”.
“Esa es una de la consecuencias de la influencia de Ortega sobre el Ejército. Pero el daño más grande es a la institucionalidad, la profesionalidad y la confianza de la sociedad nicaragüense en su conjunto hacia el Ejército. Ese es un daño de fondo que va a tener consecuencias en el mediano plazo”, aseguró Cuadra.
Pero el especialista en temas de seguridad, Roberto Cajina, consideró que los relevos en la práctica solo afecta dos cargos en la cúpula militar como son el de Inspector General y del Jefe del Estado Mayor, que están sujetos a que Avilés los ratifique o los mande a retiro como sucedió con Balladares y luego con Mojica.
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Sin embargo Cajina identificó como “un potencial problema” el hecho que en los cuadros de altos mandos sí se han dado los asensos de coroneles a generales y de tenientes coroneles a coroneles, “por lo que la cúpula militar se ha ido creciendo y se va deformando la estructura piramidal del Ejército, como ha sucedido en la Policía”.
No hay posibilidad de golpe de Estado, dice experto
Los intereses de los militares son asegurar su estabilidad institucional y la sobrevivencia como Ejército, según el experto.
El Ejército de Nicaragua no es una amenaza para Ortega de que lo vaya a obligar a dejar el Gobierno a través de un golpe de Estado militar, o que le pida renunciar a la Presidencia por la grave crisis sociopolítica, como sucedió en Bolivia donde el jefe militar se lo “sugirió” a Evo Morales, tras las masivas protestas por el fraude electoral cometido por el partido de Morales.
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Esa amenaza no existe hoy, dijo Cajina, porque los militares insisten en respetar la Constitución y las leyes puesto que Ortega ocupa la Presidencia. Pero la presión al Ejército se elevará con las eventuales elecciones nacionales, sea que se celebren en noviembre del 2021 o se adelanten, como lo demanda la oposición y varios gobiernos extranjeros.
Cajina consideró que “sería ilógico no pensar que el Ejército hace un análisis permanente” de la evolución de la crisis política y social del país, así como las valoraciones de cómo actuará si en las eventuales elecciones Ortega las pierde pero no las respeta y se pretende imponer, como de que el dictador logre reelegirse para un cuarto período consecutivo.
“El objetivo fundamental del Ejército es preservar a la institución”
“El objetivo fundamental es sobrevivir a la crisis, es preservar a la institución así como el interés de preservar los intereses financieros del Ejército, porque el grueso de las inversiones lo tienen en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos”, dijo el experto en temas de seguridad.
Cajina insistió en calificar al “Ejército camaleón” en el sentido de adaptarse según lo que políticamente le asegure su sobrevivencia. “Tengo la plena certeza que el Ejército respetará la Constitución y los resultados de las elecciones, aunque no favorezcan a Ortega, porque se juega la estabilidad del país como su propia sobrevivencia como institución. Deben estar analizando desde ya los costos políticos de cuál será su actuación”, afirmó Cajina.
Críticas al Ejército por su actitud ante las protestas y la represión
La represión a la que mantienen sometido el régimen de Ortega y Murillo al pueblo desde el estallido de las protestas en abril del 2018, el Ejército ha recibido fuertes críticas porque, primero mantuvo silencio ante la masacre que la Policía, turbas y civiles armados perpetraron contra los civiles desarmados. Ese silencio y la negativa de los militares a desarmar a los grupos de civiles armados, como se lo demandaban sectores opositores y sociales también ha erosionado más la confianza de los ciudadanos hacia el Ejército.
El general Avilés provocó muchas críticas cuando el pasado 2 de septiembre del 2019, durante el discurso por el 40 aniversario de la fundación del Ejército dijo que hubo personas que le pidieron “que diera un golpe de Estado” durante la sangrienta represión que realizó Ortega contra las protestas de 2018 y que provocó al menos 328 muertos.
“Tenemos un Ejército fuerte, sólido, acerado en mil batallas y altamente cohesionado. Jamás lograrán descohesionarnos. Jamás nos van a dividir, como pretendieron hacerlo funcionarios de organismos no gubernamentales que hacían llamados a leales compañeros, para abrir la posibilidad de darle un golpe de Estado al gobierno legítimamente constituido, lo que jamás haremos”, dijo entonces Avilés.
El experto Cajina espera que durante su discurso de este 21 de febrero cuando sea ratificado por cinco años más al frente del Ejército, el general Avilés evite comprometerse más políticamente con Ortega y anteponga los intereses de la institución militar.
“Espero a un comandante en jefe con un discurso sobrio para que no atice las críticas políticas, que se han bajado”, dijo.
Reforma de 2014 rompió un principio de desarrollo institucional
Con la reforma del Código Militar en 2014 que abrió las puertas a la primera reelección de Avilés en 2015, se rompió uno de los principios esenciales de la estrategia de desarrollo institucional que lo hacía percibir ante la población como confiables de que solo respondían a la Constitución y las leyes, y no eran susceptibles a la manipulación política partidaria con la que el orteguismo ha contaminado todos los poderes del Estado.
El especialista Cajina refirió que “Ortega y Avilés habían comenzado ya a demoler la estrategia de desarrollo institucional del Ejército” cuando se pasó a retiro obligatorio en diciembre del 2013, “sin mayor explicación y sin causa justificada, al mayor general Óscar Balladares, jefe del Estado Mayor General, quien era el primero en la línea de sucesión” a comandante en jefe del cuerpo castrense.
A Balladares lo reemplazó el general de Brigada Óscar Mojica como jefe del Estado Mayor y como inspector General Mayor, el general Adolfo Zepeda Martínez, quienes se colocaron en la línea de sucesión inmediata del alto mando militar. Pero Mojica y Zepeda fueron enviados a retiro en marzo del 2017, movimientos que desde entonces se percibieron como el preámbulo de que Ortega repetiría su política de conservar a Avilés al frente del Ejército.
Mojica ha demostrado fidelidad absoluta al dictador pues, según el comunicado del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (EE.UU.), cuando en junio del 2019 sancionó al general en retiro por violaciones a los derechos humanos, este “promovió la estrategia de “exilio, cárcel o muerte” contra los ciudadanos que se alzaron contra Ortega y Murillo.
Tras el retiro del Ejército, Ortega nombró a Mojica primero presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Energía (INE) y luego ministro de Transporte e Infraestructura, donde aún sigue a pesar de estar sancionado, aunque debió pasar el control administrativo y financiero a otros subalternos.
Mojica administra “una parte significativa de las finanzas personales y oficiales del presidente Ortega y de la vicepresidenta Murillo”, incluidas las inversiones en plantaciones de café y establecimientos hoteleros”, argumentó EE.UU. cuando lo sancionó.