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Corte Suprema de Justicia, Nicaragua, Derecho, CNU

El edificio de la Corte Suprema de Justicia. LA PRENSA/ARCHIVO

Destituyen a juez Séptimo Distrito Civil de Managua, presuntamente por no “obedecer órdenes superiores”

La juez de ejecución de Siuna, también fue sancionada, con un mes sin goce de salario por cometer supuestas infracciones disciplinarias

La juez Séptimo Distrito Civil de Managua, Ester Isabel Vásquez Morales, fue destituida esta semana por la Corte Suprema de Justicia por supuestas quejas graves en su contra de parte de usuarios, según cédula de notificación, aunque supuestamente la democión fue por no obedecer instrucciones de sus superiores en un caso donde había de por medio mucho dinero, informaron fuentes allegadas al caso. “Dada la elevadísima gravedad y reiteración de las infracciones disciplinarias cometidas por la referida destitúyase”, se lee en el documento.

Vásquez Morales estuvo ubicada en Siuna y había sido trasladada a Managua.

Los magistrados también sancionaron a la juez Edda Moreno Blanco, del Juzgado de Ejecución de Embargo de la Costa Caribe Norte, por supuestamente haber incurrido en infracciones disciplinarias. A Moreno la suspendieron por un mes sin goce de salario.

Según la resolución de la Corte, la destitución de la juez Vásquez Morales se debió a la atención de una queja presentada por Luis Beltrán Portocarrero y Ramona Zelaya Martínez, sin dar detalles de dicha queja.

Otros cambios realizados en enero

En enero de este año el poder judicial realizó cambios de fichas dentro del Complejo Judicial Central de Managua, pues trasladó al juez Quinto Distrito Penal de Juicio de Managua, José Alfredo Silva Chamorro, como juez certificador en Jinotega.

También nombró a la exjuez Tercero Local Penal de Managua, Nalía Úbeda, como titular en el Juzgado Quinto Distrito Penal de Audiencia de Managua. Además sancionó a Walter William Vargas quien estuvo en el juzgado de Ciudad Sandino.

Desde el año pasado el juez Quinto Distrito Penal de Audiencia de Managua —Julio César Arias— fue trasladado al edificio central de la Corte, donde asumió la Dirección Centralizadora de Información y Prevención, para que abogados y notarios obligados por la Ley de lavado de dinero entreguen sus informes a esta entidad.

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