El Instituto Regulador del Transporte del Municipio de Managua (Irtramma) aparentemente estaba tras las aplicaciones móviles que brindan el servicio de taxi privado con un vehículo particular, antes de atacar públicamente estas iniciativas surgidas por la inseguridad en el sector selectivo.
Muestra de esto es que casi dos semanas antes de hacer el llamado de abstenerse a solicitar una “carrera” en estas plataformas digitales, el Irtramma ya ejecutaba un plan para cazar a los conductores privados y a la fecha, al menos tres vehículos continúan retenidos.
La forma de ocupación consiste en que una persona (funcionario) solicita un viaje y después que aborda la unidad, más adelante están inspectores del ente regulador y Policía Orteguista, quienes detienen el vehículo y el pasajero confirma que viaja utilizando el servicio.
LA PRENSA ha recibido varias denuncias de este operativo donde se utiliza “esa carnada” para que el conductor caiga y así sea llevado al patio del Irtramma, ubicado detrás del mercado Roberto Huembes. Según los denunciantes, que lo han hecho solicitando anonimato para no sufrir más represalias, se les pone una boleta donde se explica que la ocupación se dio porque prestan un “servicio ilegal” y tienen que pagar unos 7,000 córdobas para recuperar el automóvil. Además que se debe pagar 60 córdobas por día en concepto de estacionamiento.
La ocasión perfecta para el Irtramma
El director del Irtramma, Amaru Ramírez, le huye a las cámaras de televisión y por eso en los seis años que lleva al frente de la institución son pocas las veces que ha brindado declaraciones públicas, sin embargo el pasado 13 de febrero anunció en medios oficialistas restricciones contra ese tipo de servicio, acompañado de dirigentes de taxis y el comisionado general Jaime Vanegas, inspector general de la Policía Orteguista.
En esta ocasión hizo un llamado a la ciudadanía de abstenerse a solicitar viajes a particulares, alegando inseguridad, y también a los conductores de vehículos a inscribirse en las mismas. Sus declaraciones fueron en un contexto donde usuarios han sido víctimas de abusos y robos, pero en todos los casos han estado involucrados taxistas y en ninguno los servicios de plataformas digitales.
Por otro lado, el miércoles 19 de febrero Ramírez apareció en un canal oficialista explicando que vehículos que no sean taxis no pueden brindar el servicio porque no están autorizados por su instituto y pone como argumento la Ley General de Transporte Terrestre (Ley 524), donde dice que la exclusividad la tiene el sector selectivo.
No obstante, defensores de los consumidores recomendaron, en entrevista con LA PRENSA, que si el problema era que no están regulados y no pagan impuestos, que el Irtramma los legalice y se mantenga libre competencia en beneficio de los usuarios.