El Instituto Regulador del Transporte del Municipio de Managua (Irtramma) y la Policía Orteguista cometen abusos e ilegalidades en los operativos para atrapar vehículos particulares que brindan el servicio de taxi privado a través de aplicaciones móviles, a criterio de expertos consultados.
Agustín Jarquín Anaya, excontralor general de la República, manifestó que estas acciones perjudican a los dueños de vehículos retenidos y también a los usuarios porque los dejan sin opciones para movilizarse de forma segura en la ciudad. Esto último lo mencionó porque en lo que va del 2020 a nivel nacional se han conocido al menos seis casos donde taxistas han cometido delitos en las unidades.
“Posiblemente están motivados (los inspectores del Irtramma) por continuar con el afán recaudatorio, que viene a ser confiscatorio, incurriendo en delito. Es una falta porque no tienen facultad para hacer eso”, aseguró Jarquín Anaya.
La manera de operar, según denuncias enviadas a LA PRENSA, consiste en que un trabajador del ente regulador se hace pasar de usuario, solicita un viaje a través de la aplicación móvil y cerca del punto de abordaje está un inspector del Irtramma y Policía para detener al conductor y trasladar el carro al patio del Irtramma, ubicado detrás del mercado Roberto Huembes.
Una vez que el vehículo es trasladado, se le entrega una boleta al dueño alegando que es taxi pirata y la única forma de liberarlo es pagando unos 7,000 córdobas, más 60 córdobas por cada día que permanece en el patio del Irtramma. Algunos afectados confirmaron que les dicen que si no cancelan esa suma, los carros serán asignados a instituciones públicas.
Otro que critica la cacería contra vehículos particulares es Juan Carlos López, defensor de los consumidores. A su juicio, no es su competencia y tampoco la Policía tiene que participar en ese operativo.
“Todo esto arriesga el tema del autoempleo en determinado segmento. Lo otro es que es un retroceso porque hacés que en vez de ir mejorando tecnológicamente los servicios públicos, los atrasás”, argumentó López.
Regular la iniciativa para propiciar libre competencia
La primera vez que surgió la posibilidad de que en el país, o al menos en la capital, operara un servicio a través de aplicaciones, fue en 2017 con la empresa Uber. El sector selectivo cerró fila y aseguró que el régimen orteguista les prometió que no lo dejarían entrar porque se trataba de competencia desleal.
Uber no funciona en Nicaragua, pero sí otras iniciativas que operan de forma similar y ante el argumento de ser desleal, Jarquín recomienda que estas paguen impuestos y cuenten con los permisos de operación, propiciando la libre competencia.