Las graves violaciones a los derechos humanos de lo nicaragüenses de parte del régimen de Daniel Ortega han sido una práctica sostenida que no ha cambiado desde las protestas de abril de 2018, no hay condiciones para el retorno seguro de exiliados y cada vez empeora la situación económica del país, son parte de las advertencias que hizo este jueves la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza.
Bachelet insistió ante los miembros del Consejo sobre la necesidad que una misión especial visite Managua, y denunció que el gobierno de Ortega se niega a permitirlo. Aseguró la alta comisionada que la crisis sociopolítica, lejos de resolverse, se vuelve “extremadamente compleja”. “Desde la presentación de mi último informe en septiembre de 2019, las violaciones de derechos humanos no han cesado, en el marco de un contexto político y social extremadamente complejo”, insistió.
Explicó que en 2019, la economía se contrajo en un 5.7%, y la inflación y el desempleo formal aumentaron. Destacó Bachelet que el Gobierno dijo mantener prioridades presupuestarias para el gasto social, en particular para salud y educación, sin embargo anotó que hasta 31 de diciembre de 2019 más de 98 mil nicaragüenses habían salido del país, sin condiciones básicas para un retorno seguro. “Mi oficina documentó casos de amenazas y acoso, incluso siete personas fueron detenidas arbitrariamente luego de su regreso”, denunció.
Reclamo de justicia es constante
Según el informe de Bachelet, desde el 1 de agosto de 2019 a la fecha un equipo dedicado exclusivamente a Nicaragua en su Oficina Regional para América Central en Panamá, entrevistó a 221 hombres y 174 mujeres (todos nicaragüenses) que han sido víctimas y testigos de violaciones a derechos humanos, como parte del seguimiento sostenido a la difícil situación del país.
Destacó que organizaciones de víctimas que reclaman justicia, verdad y reparación, sus dirigentes y sus abogados siguen siendo objeto de amenazas e intimidaciones. “El derecho a la protesta pacífica es sistemáticamente negado. Los masivos despliegues policiales desalientan a los nicaragüenses a manifestarse. Cuando se realizaron protestas, incluso durante celebraciones religiosas, la Policía los dispersó abruptamente o elementos progubernamentales los atacaron violentamente”, dijo la funcionaria.
Detenciones ilegales
En su informe la alta comisionada dijo que desde el primero de agosto su oficina ha recibido informes de al menos 108 detenciones arbitrarias de hasta 48 horas. “Estas personas fueron liberadas sin que se presentaran cargos en su contra”, dijo Bachelet.
La alta comisionada relató que el 30 de diciembre, el gobierno Ortega-Murillo ordenó la excarcelación con medidas alternativas a la prisión de 91 personas. Entre ellas diez hombres y seis mujeres arrestados el 14 de noviembre de 2019 por llevar agua a familiares de detenidos en huelga de hambre en una iglesia de Masaya. “Algunas de estas personas habían proporcionado información a mi Oficina, por lo que su detención podría considerarse como una represalia por haber cooperado con nosotros”, dijo Bachelet, quien agregó que la oficina que dirige toma nota de otras excarcelaciones ordenadas más recientemente.
Bachelet refirió que según información que le brindaron a su equipo de trabajo, hasta el 13 de febrero de este año, 61 personas continuaban privadas de libertad por motivos relacionados con las protestas de 2018. “Cuarenta de ellas habían sido detenidas después de entrar en vigor la Ley de Amnistía en junio de 2019, y acusadas de delitos comunes, como posesión o tráfico de estupefacientes y fabricación, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas, substancias o artefactos explosivos. Insto al Gobierno a liberar a las personas que continúan privadas de libertad por motivos relacionados con las protestas”, demandó Bachelet ante el Consejo de Ginebra.
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“Insto también —agregó— a las autoridades a que garanticen a las personas defensoras de derechos humanos condiciones seguras y adecuadas para realizar libremente su labor”.
Parar represión contra medios de prensa
La alta comisionada denunció que el derecho a la libertad de opinión y expresión de quienes comparten noticias u opiniones contrarias al Gobierno en Nicaragua continúa siendo vulnerado. Mencionó que muchos periodistas se han visto forzados a autocensurarse por amenazas y el temor de perder pautas publicitarias estatales o su trabajo. Aseguró que desde el 1 de agosto su oficina ha documentado amenazas y agresiones físicas en contra de periodistas, medios de comunicación y sus trabajadores, y casos de robo o daños a instalaciones de medios de comunicación.
“Las instalaciones de los medios Esta Semana, Confidencial, y 100% Noticias continúan confiscadas. Saludo la entrega de los insumos al Diario La Prensa, después de haber sido retenidos en aduanas por 75 semanas, e insto al Gobierno a adoptar todas las medidas aún necesarias para garantizar el ejercicio pleno de este derecho”, demandó la alta comisionada.
Llama a reanudar diálogo
Bachelet lamentó que la decisión de cancelar la personería jurídica a nueve organizaciones de la sociedad civil entre noviembre y diciembre de 2018 sigue “lamentablemente vigente”.
Denunció que defensores de derechos humanos, periodistas, opositores políticos, miembros de la Iglesia católica, excarcelados por la Ley de Amnistía, familiares de personas todavía detenidas en relación con las protestas y de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, sufren repetidos actos de intimidación y acoso por parte de policías o elementos progubernamentales, incluso discursos estigmatizantes de autoridades del Gobierno
Al respecto reiteró su llamado a reanudar el diálogo con los diferentes sectores de la sociedad nicaragüense, y a avanzar con las reformas electorales necesarias que garanticen que las próximas elecciones sean justas, creíbles y transparentes. “Los homicidios de personas campesinas y la situación de los pueblos indígenas también son tema de preocupación. De los 14 homicidios documentados por mi Oficina en 2019 en el norte del país, las autoridades informaron haber identificado a presuntos responsables en solo cuatro casos y condenado a una persona”, dijo Bachelet.
Sobre masacre de indígenas
Bachelet agregó en su informe, las denuncias de asesinatos de indígenas por parte de colonos armados que según denuncia de los comunitarios son “protegidos” por la dictadura. “Distintas comunidades indígenas, como los miskitos y los mayangnas, han denunciado la presencia de colonos en sus tierras, amenazando sus territorios y recursos. Es deber del Estado proteger a los pueblos indígenas”, demandó.
Al finalizar su informe, Bachelet exhortó al gobierno Ortega-Murillo a implementar urgentemente las recomendaciones formuladas por su Oficina y otros mecanismos internacionales y regionales. En particular, reiteró la recomendación para que permita el ingreso al país de una misión especial. “Insto también al Consejo que continúe monitoreando la situación de derechos humanos en Nicaragua”, dijo Bachelet.