Periodistas independientes advierten riesgos por ratificación de Convenio de cooperación en materia de ciberdelincuencia

En los momentos más álgidos de las protestas, los ciudadanos denunciaron en redes sociales que fueron víctimas de abusos, cuando agentes policiales los obligaron a que mostraran el contenido de su teléfono.

Carlos Fernando Chamorro explicó que la Policía buscaba allanar las oficinas de Cinco, en Los Robles, sin embargo, esta no se encuentra ubicada en esta dirección. LA PRENSA/Roberto Fonseca

Periodistas independientes ven con recelo la ratificación del Convenio Iberoamericano de Cooperación sobre Investigación, Aseguramiento y Obtención de Pruebas en Materia de Ciberdelincuencia, ya que podría ser una “manera disfrazada” de poder intervenir la información.

Aunque el Convenio establece que se pueden intervenir las comunicaciones a través de las tecnologías de la información y comunicación o la obtención de datos de tráfico de una comunicación electrónica en tiempo real, solo cuando exista una solicitud de cooperación de un Estado a otro, y no por hecho, los comunicadores consideran que la interpretación de este puede favorecer al régimen orteguista.

Para el propietario de Radio Darío, Anibal Toruño, la Ley está creando una oportunidad más para que el gobierno tenga oportunidad de intervenir, de revisar, de tener acceso a informaciones que son privadas.

“Daniel Ortega siempre está buscando a través de las diferentes leyes, como poder, restringir, limitar el manejo, el acceso y toda la información que nosotros estamos manejando (…)”, expresó.

Álvaro Navarro, miembro de la directiva de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), sostuvo que si se toma en consideración la voluntad abusiva del Gobierno respecto al uso de la información de los ciudadanos, este convenio podría ser un arma para legalizar los abusos que ya han venido haciendo de facto.

Navarro recordó que la institución policial ha entrado a las casas de los nicaragüenses, en su mayoría, opositores, y se ha robado los celulares, con el objetivo de obtener información. El ejemplo más claro de esto sucedió con los presos políticos, a quienes les revisaron los teléfonos para conocer los datos sobre chats y grupos de WhatsApp.

“Se tiene que llamar a la preocupación y a la denuncia internacional sobre que ese convenio en estas circunstancias, de un gobierno abusivo, que está acostumbrado a meterse en la información y en las comunicaciones de la gente es sumamente peligroso”, expresó.

En los momentos más álgidos de las protestas, los ciudadanos denunciaban en redes sociales que habían sido víctimas de abusos, cuando agentes policiales les solicitaban que les mostraran el contenido de su teléfono.

Abanico amplio

Las consultas para la ratificación del Convenio Iberoamericano de Cooperación sobre Investigación, Aseguramiento y Obtención de Pruebas en Materia de Ciberdelincuencia, lo hicieron con varias instancias de Gobierno, incluida la Policía Orteguista, pues es una de las involucradas.

En este punto, Guillermo Medrano, de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, expone que hay un abanico amplio, que puede ser interpretado de diferentes formas, incluso como control a la prensa independiente.

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