El dictador Daniel Ortega dio el último portazo a la Organización de Estados Americanos (OEA) al dejar que se venza este 28 de febrero, y no interesarse en renovar, el Memorándum de Entendimiento donde se comprometía implementar reformas profundas al sistema político electoral de Nicaragua, para devolver a los ciudadanos la credibilidad en los comicios nicaragüenses.
El plazo de tres años del Memorándum de Entendimiento entre la OEA y el régimen de Nicaragua se vence con las relaciones con el organismo regional en su punto más bajo, al estar enfrentados por la condena por las violaciones a los derechos humanos de la dictadura de Ortega y Rosario Murillo desde el inicio de las protestas en abril del 2018, lo que activó en el foro hemisférico los mecanismos para aplicar la Carta Democrática Interamericana.
Dictadura no solicitó renovación del acuerdo
Gonzalo Koncke, jefe del gabinete del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, informó a LA PRENSA que la dictadura “no” solicitó negociar un nuevo acuerdo en materia electoral.
Koncke aseguró que tampoco se ha requerido el apoyo técnico y jurídico de la organización para las reformas electorales que el régimen pretende negociar solo los partidos políticos, y con las cuales pretende dejar fuera a los sectores opositores que han mantenido la resistencia cívica desde el estallido de la crisis sociopolítica.
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Carlos Tünnerman, coordinador nacional de la opositora Alianza Cívica, señaló que si el régimen no renueva el acuerdo, “significa que excluye a la OEA de la posibilidad de que sirva de organismo asesor de las reformas electorales”, que se pretenden realizar.
“Sabemos que la OEA tiene una gran experiencia en materia electoral, por eso insistimos de que el Gobierno debe invitarla a ser parte de ese proceso”, afirmó Tünnerman.
Solo un punto de lo acordado entre la OEA y la dictadura se cumplió
El 28 de febrero del 2017 el secretario general Almagro firmó con el canciller orteguista, Denis Moncada Colindres, el Memorándum de Entendimiento “para impulsar y acompañar los esfuerzos dirigidos al fortalecimiento institucional político-electoral de la República de Nicaragua”, en un período de tres años.
Sin embargo se cumplió el plazo de vigencia del Memorándum de Entendimiento, sin que se hayan materializado los cambios prometidos como fueron: fortalecimiento en materia del registro, cedulación y depuración del padrón electoral, modernización técnica del sistema de transmisión de los resultados de las votaciones, reformar la Ley Electoral para cambiar entre otros aspectos, la forma en que se integran los consejos electorales departamentales y fortalecer jurídicamente la aplicación constitucional del transfuguismo político.
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Juan Sebastián Chamorro y José Pallais, miembros de la Alianza Cívica, consideran esencial la participación de la OEA para la transparencia de las negociaciones de las reformas electorales, porque a su vez le daría confianza a los nicaragüenses y a la comunidad internacional que las reglas dejarán de favorecer al Frente Sandinista. Además de que si el orteguismo comete fraude, se contaría con las pruebas técnicas y jurídicas de la Organización de Estados Americanos.
“La importancia de la OEA en este proceso radica en su liderazgo latinoamericano, en el poder político que tiene para provocar los cambios que estamos demandando en el sistema electoral de Nicaragua. Es bueno para el país, es bueno para la democracia”, afirmó Chamorro, director de la Alianza Cívica.
El único logro del Memorándum de Entendimiento fue que se le abrió las puertas a una misión de acompañamiento electoral de la OEA en las elecciones municipales del 2017, que si bien fueron denunciadas como fraudulentas por partidos opositores y organismos nacionales de observación electoral, sus resultados fueron avalados por el organismo regional. Sin embargo, las recomendaciones de la misión apuntaron a cambiar ejes del control del orteguismo en el Consejo Supremo Electoral, como la necesidad de una nueva Ley Electoral.
El sistema electoral mejorado se iba estrenar en marzo del 2019. Tampoco ocurrió
Ortega hasta llegó a comprometerse con la OEA a tener “un sistema electoral mejorado” con las recomendaciones del organismo para las elecciones regionales de la Costa Caribe de marzo del 2019. Tampoco cumplió y más bien esos comicios fueron denunciados como otro fraude del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), además de que la participación ciudadana en los comicios fue nula.
Matanza detonó ruptura
La ruptura en la comunicación con la OEA la detonó la masacre de las fuerzas gubernamentales a las manifestaciones ciudadanas, que han dejado al menos 328 asesinatos y otra serie de crímenes calificados de lesa humanidad por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una instancia adscrita de la organización hemisférica.
Aunque las acciones de la OEA han sido consideradas de lentas por diversos sectores, actualmente tiene una fuerza jurídica importante contra Ortega. Una Comisión de Alto nivel diplomático de la OEA concluyó en su informe, presentado el pasado noviembre, que en Nicaragua hay “una alteración del régimen constitucional que deteriora seriamente el orden democrático” debido a la serie de violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura.
Pallais, exvicecanciller de Nicaragua, dijo que Ortega “fracasó” en su intento de unas reformas electorales bilaterales con la OEA excluyendo a los opositores, y también califica como “un fiasco” la negociación solo con los partidos políticos porque, al menos los que tiene más aceptación entre los ciudadanos, “se unieron con las fuerzas sociales en sostener una sola propuesta de reformas electorales” que no le favorecen al régimen.
La Alianza y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) son de las siete organizaciones que agrupan a más de cien movimientos sociales y partidos políticos en la recién creada Coalición Nacional, a través de la que la oposición enfrentaría en unas eventuales elecciones nacionales al régimen del FSLN.
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Ya está en manos de la OEA las propuestas consensuadas de la oposición que plantean la no reelección para los cargos de presidente y vicepresidente; nombramiento de nuevos magistrados electorales; restablecer las candidaturas por suscripción popular o candidatos independientes para elección a nivel regional y municipal; eliminar de la Constitución Política la aplicación de la norma jurídica del transfuguismo.
También la prohibición para la candidatura del cónyuge del presidente en el ejercicio del cargo; restablecer el umbral Electoral 50 por ciento más uno y la segunda vuelta si no se alcanza el umbral Electoral; derogar el requisito del 4 por ciento, para que los partidos políticos puedan mantener la personalidad jurídica y la eliminación de diputaciones sin voto popular. Además de la depuración del padrón electoral y un nuevo sistema de integración de los consejos electorales, son parte de las propuestas.
Reformas cosméticas
Funcionarios del régimen han dicho que en el primer semestre del 2020 se convocará a los partidos políticos a las consultas de las reformas electorales. Si el régimen no invita a la OEA a participar para los miembros de la Coalición Nacional, esas reformas serían “cosméticas”.
“Si se hace una reforma cosmética que no va a cambiar nada, va a perder legitimidad al no tener en el pueblo de Nicaragua la confianza en el sistema electoral. Si bien la OEA no hará la negociación política nacional, veo muy difícil que esas reformas electorales sin la participación de la OEA sean creíble, porque la OEA le da ese aval político internacional”, afirmó Chamorro, de la Alianza Cívica.
Pallais dijo que “Ortega se ha quedado sin opciones, porque todo lo que ha intentando para perpetuarse en el poder le va a seguir fracasando. El pueblo se está apoderando de las reformas que hemos propuesto en la oposición, que contrapone los intereses orteguistas”.
Régimen pierde de cualquier forma
Moisés Hassan, miembro de la UNAB, valoró que aun cuando al principio el Memorándum de Entendimiento fue criticado por la falta de información sobre su aplicación, dijo que era importante pues al ser irrespetado por el régimen, supone una arma jurídica de la OEA contra Ortega para demostrar que actúa fuera de sus obligaciones en el sistema interamericano.
“En estas circunstancias, si lo cumple pierde, y sino lo cumple, también pierde, porque Ortega queda exhibido como un tipo sucio e inconfiable”, señaló el opositor.
Para Hassan la crisis sociopolítica tiene a Ortega “en una encrucijada”, porque si renovara el Memorándum de Entendimiento para implementar las reformas político electorales, “esta vez deberá cumplirlas sin demora, porque seguramente se le impondrán duras condiciones”. Dejar morir el acuerdo también perjudica al dictador, según Hassan, porque demuestra que solo le importa mantenerse en el poder por medio de las armas.
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Almagro y Ortega dejaron de ser amigos
El 2 de diciembre del 2016 el dictador Daniel Ortega recibía en la secretaría del FSLN, que también es su casa de habitación y funciona como oficina de la Presidencia, al secretario general de la OEA, Luis Almagro, donde se concretó los temas más espinosos del acuerdo en materia político electoral, que dos meses después se suscribió.
Ese encuentro amistoso mostró lo bien que políticamente se llevaba Ortega con el secretario general de la OEA, lo que provocó que entre sectores opositores nicaragüenses se dudara de la imparcialidad Almagro, sobretodo porque entonces, aceptó negociar unilateralmente con el régimen los cambios al sistema electoral del país.
Pero Almagro y Ortega pasaron al enfrentamiento. El secretario general ahora respalda las acciones de la comunidad internacional para “asfixiar a la dictadura que se viene instalando en Nicaragua”, en respuesta a la negativa del régimen orteguista por reinstalar el Diálogo Nacional y buscar una solución democrática a la crisis.
El régimen también ha atacado al pedir en más de dos ocasiones en el Consejo Permanente de la organización la renuncia del secretario general, señalándolo de ser “una amenaza a la paz y seguridad internacional”.
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El 27 de diciembre del 2018 fue uno de los momentos más álgidos de la hostilidad política entre Ortega y Almagro. En el Consejo Permanente el secretario general de la OEA respondió a la carta llena de insultos enviada por el régimen el 19 de ese mismo mes, donde le pedía la renuncia.
Almagro tildó de personajes “tragicómicos” a los dictadores Ortega y Murillo y los exhortó a no esconderse “en discursos infantiles” para esconder sus violaciones a los derechos humanos.
“No soy yo el responsable de las ejecuciones extrajudiciales ni de la tortura en Nicaragua. Asuman su responsabilidad, sean dignos. Ya han perdido la credibilidad ante la comunidad internacional, no pierdan la dignidad revolucionaria a que alguna vez tuvieron”, fustigó Almagro a Ortega.
Actualmente hay una especie de impasse sobre el tema de Nicaragua debido a que en la OEA está el proceso de elección de un nuevo secretario general, donde Almagro busca su reelección por cinco años más. El embajador de Perú en Estados Unidos (EE.UU.), Hugo de Zela, y la excanciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa, le disputan el cargo a Almagro, aunque es casi seguro que el último retenga la Secretaría General al contar con el respaldo de la mayoría de los Estados miembros de la OEA, empezando por EE.UU.
La oposición nicaragüense está convencida que una vez resuelta la reelección de Almagro, se celebrará la sesión extraordinaria de la Asamblea General de cancilleres de la OEA para que decidan si se aplica la Carta Democrática, suspendiendo a Nicaragua como miembro del organismo hemisférico, y se adopten otros mecanismos de sanciones como forma de presionar a Ortega a retomar el camino del diálogo que permita restablecer la democracia en el país.