La Fiscalía General de Costa Rica, a través de la Sección Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), allanó este viernes las oficinas de la casa presidencial ubicada en Zapote, San José. Además fueron ocupadas otras nueve oficinas más, incluido el Ministerio de Planificación y cuatro casas de habitación.
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Según el diario La Nación de este país, los allanamientos se hicieron para determinar si una oficina asesora de Presidencia accedió o no a datos confidenciales de los habitantes de esta ciudad. Esto por dos denuncias que se presentaron este fin de semana respecto al caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD). También están siendo allanadas las viviendas de los tres funcionarios de dicha unidad.
El tema se centra en que el Gobierno (desde el inicio de esta gestión) contrató a un grupo de analistas de datos que trabajan en el Ministerio de la Presidencia y en octubre del año pasado, el presidente Carlos Alvarado Quesada, junto con sus ministros de Presidencia, Víctor Morales Mora y el de Planificación, Daniel Soto Castro (quien es viceministro pero estaba de ministro interino en ese momento) firmaran un decreto que convertía el equipo de trabajo en una unidad del Ministerio.
El decreto fue publicado en La Gaceta el lunes 17 de febrero y el viernes pasado, tras una nota del medio local CrHoy se desató el escándalo. El tema se centra, principalmente, en el artículo 7 del documento que incluye una autorización a la UPAD para acceder a “información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas cuando así se requiera…”.