Defensores de derechos humanos destacan informe de Alta Comisionada, Michelle Bachelet, en el que afirma que las violaciones a DD. HH. continúan en Nicaragua

Defensores de derechos humanos coinciden con informe de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet y llaman a gobierno a demostrar lo contrario permitiendo el retorno de misión OACNUDH.

Desde el año pasado la PO prohibió las manifestaciones ciudadanas. Cuando las organizaciones han decidido notificar a la Policía sobre sus manifestaciones, marchas o plantones de manera formal, como lo hizo el MDE, la PO generalmente emite un comunicado desautorizando a los convocantes. LA PRENSA/Roberto Fonseca

El régimen orteguista ha intentado mostrar un país en “normalidad», sin embargo, defensores de derechos humanos destacan que con el último informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se reafirmó que continúan las violaciones a derechos humanos y la represión en el país.

“Las violaciones de derechos humanos no han cesado, en el marco de un contexto político y social extremadamente complejo”, expresó Bachelet durante el 43 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, en el que también participó el representante del orteguismo, Valdrack Jaentschke, para pedir la suspensión de las sanciones.

El informe de la Alta Comisionada también develó que el derecho a la protesta sigue coartado, que 98 mil nicaragüenses salieron del país, además que no hay condiciones para el retorno seguro.

Para Gonzalo Carrión, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Bachelet resumió los problemas más graves en materia de derechos humanos que enfrentan los nicaragüenses, entre las que destaca la persistencia de un sistema represivo. Este informe también implica que la comunidad internacional esté informada sobre la realidad del gobierno, violador de DD. HH. y responsable de crímenes de lesa humanidad.

El régimen orteguista “está aislado” señala Carrión, tomando en consideración las diversas condenas que ha realizado la comunidad internacional respecto a la represión en Nicaragua. Además, dijo que con el informe, la situación del país no pasa al olvido, y provoca la solidaridad mundial.

Bachelet también destacó que las organizaciones de víctimas que reclaman justicia, verdad y reparación, sus dirigentes y sus abogados siguen siendo objeto de amenazas e intimidaciones. También instó al Gobierno a que libere a los 61 presos políticos que están en las cárceles por ejercer su derecho a la protesta pacífica.

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A su vez, instó a reanudar el diálogo con los diferentes sectores de la sociedad nicaragüense y a avanzar en las reformas electorales necesarias que garanticen elecciones justas, creíbles y transparentes. Y recomendó al régimen permitir que su oficina retorne al país.

Para el especialista en derechos humanos, Uriel Pineda, el retorno del personal de OACNUDH al país es importante por la documentación de esta etapa de la represión gubernamental, al igual que el acceso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Pero más importante que su retorno, es el hecho que exista voluntad política del régimen para dejar hacer su trabajo. Que cese de una vez por todas la represión”, expresó.

Pero esto último solo pasa por un acuerdo político, retomar un diálogo franco y respetar los compromisos son la clave de la solución del problema. De ahí la insistencia de Bachelet, expresó Pineda.

La salida de la comisión de OACNUDH que estuvo en el país se dio por orden del Ejecutivo, tanto solo dos días después que presentaran su informe en el que señalaron las violaciones a los derechos humanos y descartaron el intento de golpe de Estado. La Comisión salió el 31 de agosto de 2018, bajo el argumento disfrazado que «han cesado las razones, causas y condiciones» por las que la misión permanecía en el país.

Demandan una nueva resolución

Amaru Ruiz, de la Articulación de Movimientos Sociales, expuso en el Consejo de Derechos Humanos que el gobierno de Nicaragua sigue sin mostrar cambios evidentes de su actitud violatoria de las libertades fundamentales de los ciudadanos.

Recordó que no se ha devuelto los medios de comunicación confiscados, ni la personería jurídica de nueve organizaciones de sociedad civil, incluyendo a Fundación del Río. Asimismo, dijo que organizaciones de derechos humanos han evidenciado diversas ejecuciones extrajudiciales ocurridas en la zona rural, y sigue habiendo impunidad y nulo acceso a la justicia para las víctimas. A eso se suma la operatividad de fuerzas irregulares.

Ante esta situación, «solicitamos públicamente el respaldo de los Estados parte del Consejo de Derechos Humanos para la renovación del mandato acordado el año pasado, y establecer una nueva resolución que permita dar continuidad al monitoreo y vigilancia permanente de las violaciones a los derechos que están enfrentando los y las nicaragüenses», expresó Ruiz.

Para Carrión, las palabras del régimen orteguista que todo está normal son palabras que se caen por su propio peso, ya que si en realidad se viviera en «la gloria , ¿Qué tienen que esconder?», cuestionó ante la negativa del régimen de no dejar entrar a los organismos de derechos humanos, dijo el defensor.

 

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