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Defensores y activistas por los derechos humanos de Nicaragua se reunieron en privado con la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelet Bachelet. LAPRENSA/ CORTESÍA/ Noelia Gutiérrez.

Informes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU pueden ser la base de futuras sanciones, advierten especialistas

"Este trabajo de los organismos internacionales tienen que tomarlo en cuenta los Estados que forman parte del Consejo e impulsar de manera bilateral las sanciones y las medidas que correspondan con respecto a las relaciones bilaterales que tienen con los Estados”, señaló Vilma Nuñez, Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos

Los informes que presenta la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Michelle Bachelet, al Consejo de Derechos Humanos, y en los que se ha demostrado la severidad de la represión con la que actúa el régimen de Daniel Ortega contra los ciudadanos opositores, puede ser la base de actuación de diversos países para aplicar medidas directas contra el régimen o sanciones individuales.

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Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), afirmó que si bien las recomendaciones de la OACNUDH no son de obligatorio cumplimiento para el Estado porque el mandato de los organismos internacionales no es coercitivo, el efecto directo que tiene el trabajo de estos mecanismos es que los países miembros pueden usarlos como referencia para definir acciones individuales contra otros que violan los derechos humanos.

“La Oficina de la Alta Comisionada tiene tanta autoridad moral que aquellos Estados que forman parte del Consejo y que son respetuosos de los derechos humanos, les sirven para que ellos impulsen medidas bilaterales (…) Creo que este trabajo de los organismos internacionales tienen que tomarlo en cuenta los Estados que forman parte del Consejo e impulsar de manera bilateral las sanciones y las medidas que correspondan con respecto a las relaciones bilaterales que tienen con los Estados”, opinó Núñez.

La presidenta del CENIDH añadió que un ejemplo concreto fue el marco de sanciones aprobado en octubre pasado por el Consejo de la Unión Europea contra el régimen de Ortega, precisamente por los abusos a los derechos humanos de los nicaragüenses. La aprobación de dicho marco de sanciones ocurrió un mes después de que Bachelet presentará en septiembre un contundente informe escrito sobre la represión en Nicaragua.

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Por su parte, Ana Bolaños, oficial legal de Raza e Igualdad, afirmó que todo el trabajo de incidencia que se hace desde el Consejo de Derechos Humanos de la ONU funciona para “generar presión internacional, evidenciar que efectivamente Nicaragua no está cumpliendo con sus obligaciones internacionales en relación con los derechos humanos, y para demandar la rendición de cuentas al Estado de Nicaragua”.

Además, Bolaños refirió que desde su organización han estado en contacto cercano con varias misiones diplomáticas miembros del Consejo de Derechos Humanos, las cuales han mostrado interés en apoyar una renovación del mandato de Bachelet para Nicaragua.

Este jueves, la Alta Comisionada emitió su tercera actualización oral sobre Nicaragua en la que aseguró que las violaciones de derechos humanos “no han cesado” en el marco de “un contexto político y social extremadamente complejo”.

Con este último informe oral, culmina el mandato de Bachelet para Nicaragua que había sido aprobado en marzo de 2019.

Reunión privada con Bachelet

Este viernes por la mañana, parte de la delegación de nicaragüenses que asistió a Ginebra a participar en la semana de apertura del 43 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, se reunió en privado con la Alta Comisionada Michelle Bachelet.

“Vinimos a seguir denunciando las atrocidades que está haciendo el Gobierno de Nicaragua hacia nosotros, el pueblo, las familias de los asesinados, hacia nuestros hijos que quedaron con vida, le expusimos toda la situación en general y ella nos recomendó seguir con las denuncias, y llama a la unidad sobre todo para poder derrocar al dictador”, comentó Lizeth Dávila, vicepresidenta de la Asociación Madres de Abril (AMA) y madre del adolescente asesinado Álvaro Conrado.

Vilma Núñez, el estudiante y excarcelado Dilon Zeledón, y Josefa Meza, también miembro de AMA, también participaron de la reunión con Bachelet. “Le actualizamos sobre lo que pasó el fin de semana pasado, más de 40 personas encarceladas en sus casas, cómo se dejó morir el acuerdo con la OEA, las dificultades que han tenido expertos independientes en derechos humanos para documentar los casos de crímenes, vimos qué perspectivas hay hacia el futuro, qué representa en este momento estar llamando a un proceso electoral sin las condiciones adecuadas para que esto se impulse”, añadió Núñez.

La delegación llegó a Ginebra el lunes pasado y a lo largo de la semana se reunió con diferentes misiones diplomáticas, comisiones y procedimientos especiales de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales

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