La Alcaldía de Managua no dejará en paz ni a los muertos con el cobro de impuestos, al elaborar y aprobar una ordenanza municipal que tasa los servicios de los cementerios en dólares y además se otorga facultad de declarar en abandono lotes y nichos que se atrasen tres años consecutivos en el pago, con el fin de reasignar estos espacios a otras personas.
La comuna ha dejado claro que la ordenanza, cuyo nombre es “normativas de regulación y control de cementerios para el municipio de Managua”, se aplicará a los camposantos nuevos y también los existentes, dando un plazo de seis meses para que los morosos se pongan al día con las tasas, contando a partir de la publicación de la misma en La Gaceta, Diario Oficial de Nicaragua.
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La reacción de los concejales opositores es de rechazo a la ordenanza, justificando en que la alcaldesa Reyna Rueda y su aplanadora orteguista la aprobó a fuerza, sin importarle las observaciones hechas por el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) y Partido Liberal Constitucionalista (PLC) previo a ser avalada.
Sellin Figueroa, concejal de CxL, explica que la normativa se disfrazó de contener aspectos de ordenamiento y control en los cementerios, porque el objetivo real de la alcaldesa era imponer en dólares la tasa anual y la adquisición de lotes o nichos, y presionar el pago porque si alguien incumple tres años consecutivos pierde el espacio.
“Es cierto que se requiere una ordenanza para administrar los cementerios, donde ha reinado el desorden, pero vienen (las autoridades) y disfrazan esa necesidad. Lo que persiguen es tasar con mayor valor e imponer una camisa de fuerza para confiscarle lotes a las personas que tienen familiares enterrados. A mi juicio es violatorio y no tiene ningún consenso en las bancadas de oposición. Es una imposición de parte de esta administración que vienen con el afán de buscar recursos que han dejado de captar por su política represiva”, destaca Figueroa.
Agustín Cedeño, concejal del PLC, también critica la aprobación de la normativa, cataloga de falta de respeto e indignante la amenaza de que si alguien se atrasa tres años seguidos con el pago, sacará a los muertos que tiene. “Es un crimen lo que emitió la alcaldesa”, agrega.
“Que dejen descansar en paz a los muertos porque a partir de esta resolución los familiares de los difuntos no podrán dormir y los fallecidos no van a descansar en paz. Deberían de dar una amnistía, de todas las personas que están atrasados con los pagos, porque hay gente que no puede pagar, que se quedó sin trabajo por la situación del país”, dice Cedeño.
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La ordenanza municipal es la número 01-2020 y consta de 79 artículos, donde aparecen sus generalidades, ubicación y zonificación de los cementerios, equipamiento, normas técnicas de construcción, funcionamiento y controles, procedimientos para la obtención de los servicios, las cuestionadas tasas por servicio, sobre los cadáveres de personas desconocidas, un capítulo específico para necrópolis privadas y registro de defunciones.
Viola las leyes del país
A juicio del economista Roger Arteaga, exdirector de Ingresos, que la Alcaldía capitalina haya fijado el nuevo pago de las tasas por servicio en los cementerios es ilegal e incostitucional porque hay varias leyes que dejar claro que la moneda oficial del país es el córdoba. “Y más si se trata de un impuesto”, zanja.
Lo mismo señala el concejal Figueroa, quien argumenta con el artículo 3 de la Ley Monetaria (Ley 1-92) y el artículo 36 de la Ley Orgánica del Banco Central de Nicaragua (Ley 732).
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Asimismo, está el artículo 138 de la Constitución Política, en su inciso 27 que aclara que son atribuciones del Poder Legislativo: “crear, aprobar, modificar o suprimir tributos, y aprobar los planes de arbitrios municipales”. Es decir que la administración municipal pasó por encima de la Asamblea.
Reyna Rueda y Jenniffer Porras hacen lo que quieren
Antes de aprobarse la ordenanza 01-2020, CxL y PLC solicitaron que se analizara más porque habían artículos que consideraban iban en contra del bienestar y tranquilidad de la población; sin embargo Reyna Rueda y la secretaria del Concejo Municipal, Jenniffer Porras, lo ignoraron y sometieron a votación, que fue respaldada por los 72 miembros del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).