El dictador Daniel Ortega está protegiendo a funcionarios vinculados a los negocios de la empresa Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), que está sancionada por supuesto lavado de dinero por Estados Unidos (EE.UU.), nombrándolos en cargos en el Ejecutivo. Sabra Amari Murillo Centeno, quien era analista de proyectos de Alba Petrocaribe Caruna, una de las subsidiarias de Albanisa, fue nombrada como “ministra consejera con funciones consulares en la embajada de Nicaragua en Austria”.
El canciller orteguista Denis Moncada designó en el cargo diplomático a Sabra Murillo Centeno a través del Acuerdo Ministerial 12-2020, publicado el 7 de febrero en La Gaceta, Diario Oficial. Se trata de una designación política debido a que Sabra Murillo no tiene una carrera en el servicio exterior, sino que es arquitecta, según su perfil de Linkedin.
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Sabra Murillo Centeno es el segundo empleado de empresas de los negocios de Albanisa que son colocados en cargos públicos por la dictadura, al menos los que se conocen públicamente. El primero en ser beneficiado de la protección del régimen fue Ervin Antonio Vargas Pérez, quien era parte del Consejo Directivo del Banco Corporativo S.A. (Bancorp), que también pertenece a Albanisa. Vargas Pérez fue nombrado por el régimen como miembro propietario del consejo directivo de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif). Además tenía vínculos con Bancorp y Caruna.
Sigue activa en Alba Caruna
De acuerdo a la información disponible, Sabra Murillo Centeno no habría cortado sus vínculos con Alba Petrocaribe Caruna a pesar de que ahora ocuparía un cargo en el Estado, como ministra consejera de la embajada nicaragüense en Austria.
Según el perfil en Linkedin, Murillo Centeno empezó a trabajar en Caruna desde 2009 en el cargo de analista de proyectos. A partir de julio del 2012 pasó a Alba Petrocaribe Caruna, la dependencia creada por Albanisa para hacer fluir el dinero petrolero a través de la cooperativa, donde Murillo Centeno continúo como analista de proyectos.
Sabra Murillo precisa en su perfil que tiene once años trabajando en Caruna y lleva siete años y nueve meses en Alba Petrocaribe Caruna, donde seguiría “en la actualidad” trabajando, es decir que se mantiene activa en los negocios de Albanisa mientras está de “ministra consejera” en la embajada en Austria.
En Nicaragua el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo crearon una red de negocios para mover el dinero del acuerdo petrolero, siendo Albanisa la empresa central pero canalizaba los millones de recursos a través de Bancorp y la Caja Rural Nacional (Caruna), que pasó a ser Alba Caruna.
Bancorp fue forzado a su cierre al quedar imposibilitado por las sanciones de Estados Unidos (EE.UU.) que lo vinculó a lavado de dinero de Albanisa con los recursos de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa). Debido a la sanción a Bancorp se habría devuelto a Caruna todo el manejo de los recursos.
Movimientos son para evitar a EE.UU.
Los analistas Roger Arteaga y Eliseo Núñez encuentran en el traslado de funcionarios de bajo perfil pero con responsabilidad operativa en los negocios de Albanisa a puestos en el Estado, como una forma del régimen de evitar que sean blanco de EE.UU. en el rastro del lavado de dinero que se le señala a la empresa, así como seguir utilizando a esas personas en los esquemas petroleros.
Arteaga, economista y exdirector de Ingresos dijo que la designación de Sabra Murillo Centeno en la embajada nica en Austria es un movimiento estratégico que tendría el propósito de “exiliarla voluntariamente para desaparecerla del radar de los Estados Unidos, pues ella al trabajar en Alba Caruna, como el resto de gente que trabaja ahí, es alguien clave en las investigaciones de los negocios sucios” de Albanisa.
“Deben estar buscando cómo protegerla porque debe ser una persona que maneja mucha información, que en manos de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjero) pudiera revelar cómo han estado manejando esos flujos de fondos que dio Venezuela a Nicaragua pero que solo han servido para enriquecerse la familia del Ortega”, afirmó Arteaga.
OFAC es un organismo de control financiero dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Estos tipos de nombramientos de personas claves provenientes de empresas de Albanisa podrían también ser para encontrar formas de mover en el extranjero el dinero del acuerdo petrolero que está bloqueado en Nicaragua, debido a las sanciones de EE.UU., según Arteaga.
“Que ella pueda como diplomática para movilizar fondos hacia Suiza, África, deben de andar buscando cómo tener fichas en el Estado para poder movilizar los recursos millonarios del negocio de Albanisa y Pdvsa”, afirmó el analista.
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El político y jurista Eliseo Núñez comparte la hipótesis de que colocar en cargos públicos a gente del negocio de Albanisa es parte de la estrategia del orteguismo para “mantener la fidelidad de la gente que les manejó dinero, ofreciéndoles protección” ante el golpe de las sanciones de EE.UU. al negocio petrolero.
“Es la utilización del Estado para darles protección de cualquier posible acusación, o mantenerles la boca callada porque son personas claves que saben dónde está el dinero, qué cantidades de dinero se le ha robado al pueblo venezolano a través de estos consorcios turbios que han servido para enriquecer a Ortega y su círculo cercano de funcionarios en Nicaragua”, afirmó Núñez.