Los senadores Ted Cruz, republicano, y el demócrata Bob Menendez, propusieron una resolución parar que en Senado de Estados Unidos (EE.UU.) pida al gobierno de Donald Trump aplicar plenamente las sanciones de establecidos en la Ley Nica Act contra la dictadura de Daniel Ortega. Además se insta a la comunidad internacional a combinar las acciones para asfixiar económicamente al régimen para forzarlo a cesar la represión y aceptar reformas electorales que garanticen elecciones libres, justas y transparentes que permitan restaurar la democracia en Nicaragua.
La propuesta tiene gran fuerza al ser respaldada por los partidos demócratas y republicanos, lo que asegura su aprobación. Significaría una presión adicional para que el gobierno de Donald Trump adopte con más celeridad las sanciones de la Nicaraguan Investment Conditionality Act (Nica Act) contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Responsabilizar al gobierno de Ortega
“Se insta a la comunidad internacional a responsabilizar al gobierno de Ortega por los abusos contra los derechos humanos y a restringir su acceso a financiamiento externo, a menos que permita elecciones libres, justas y transparentes, monitoreadas por observadores electorales internacionales y locales creíbles”, establece el punto seis de la propuesta de resolución presentados por ambos senadores.
El senador republicano, Ted Cruz, y el demócrata Bob Menendez expresaron en un comunicado conjunto que se debe incrementar la presión contra la dictadura Ortega y Murillo, al continuar las violaciones de derechos humanos contra el pueblo que demanda justicia, libertad y democracia, y para que sean investigados todos los crímenes a fin de que los responsables sean identificados y sometidos a los tribunales de justicia.
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“Las políticas comunistas del régimen de Ortega han causado una sociedad fundamentalmente sin libertad, con una economía en deterioro y gobernada por la vía de la represión. El régimen sigue violando las libertades básicas de los nicaragüenses, negando reformas electorales y rechazando esfuerzos de buena fe para negociar una solución a la crisis”, expresó el senador republicano Cruz en el comunicado.
El demócrata Menendez, miembro de alto rango en el Comité de Relaciones Exteriores y el republicano Cruz, también miembro, presentaron el 3 de marzo la propuesta de resolución S.Res 525, “expresando su apoyo al pueblo nicaragüense en su lucha por restaurar la democracia”.
Que establece la Nica Act
La Nica Act contempla sanciones a individuos de la dictadura orteguista por medio de bloqueo de activos, prohibición de transacciones bajo la jurisdicción de EE.UU., propiedades o intereses en una propiedad, negación o revocación de visas, y penalidades económicas. Incluye restricciones a los préstamos que solicite el régimen a las instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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El gobierno de Trump a través del Departamento del Tesoro ha sancionado a 12 funcionarios del círculo de poder de los dictadores, que incluye a la vicepresidenta designada Rosario Murillo y a dos hijos de la pareja presidencia: Laureano y Rafael Ortega Murillo, al vincularlos a dirigir los abusos a los derechos humanos y lavado de dinero. También fue sancionado el Banco de Nicaragua Corporativo (Bancorp), propiedad de la empresa Albanisa que también fue golpeada por ser parte de la red de lavado de dinero de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) por los regímenes de Ortega y Nicolás Maduro.
EE.UU. buscó debilitar los negocios del régimen al sancionar a la empresa de seguridad El Goliat e Inversiones Zanzíbar y a la Distribuidora Nacional de Petróleo (DNP Petronic), que son controladas por Rafael Ortega Murillo, por financiar y lavar dinero de la dictadura.
Mas presión contra Ortega-Murillo
Los senadores consideran necesario ejercer más presión contra Ortega y Murillo al mantener las restricciones a las libertad de la protesta, las detenciones arbitrarias y mantener presos políticos, así como restringir “severamente la libertad de prensa”, forzar al exilio aproximadamente a 82 mil nicaragüenses e incluir los acuerdos firmados con la opositora Alianza Cívica,
“El Congreso de los Estados Unidos debe hablar con una voz en contra del desmantelamiento de las instituciones democráticas nicaragüenses y de la continua campaña de abusos de los derechos humanos por parte del régimen de Ortega, el cual ha forzado a miles de nicaragüenses a huir de su país en busca de seguridad. Esta resolución bipartidista insta a la Administración Trump a utilizar más plenamente la diplomacia y las sanciones para que se logren elecciones libres y justas en Nicaragua”, expresó el senador Menendez en el comunicado.
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Reformas electorales creíbles
En la resolución los senadores Cruz y Menendez hacen énfasis en la urgencia de que en Nicaragua hayan reformas al sistema electoral que garanticen el respeto del voto de los nicaragüenses en las elecciones.
Se “instar al gobierno de Ortega a respetar los derechos constitucionales de los nicaragüenses y a implementar las reformas electorales mencionadas anteriormente para permitir la celebración de elecciones libres, justas y transparentes”. Así mismo recomienda al Gobierno de EE.UU. alinear las sanciones “con los esfuerzos diplomáticos para avanzar en las reformas electorales” que se reclaman en Nicaragua.
El dictador Ortega pretende unas reforma “cosméticas” a la Ley Electoral con los partidos políticos considerados colaboracionistas y excluyendo a los sectores opositores que lideran la resistencia social. También se dejó vencer y no solicitó renovar, el Memorándum de Entendimiento con la Organización de Estados Americanos (OEA), el pasado 28 de febrero, sin haber ejecutado los cambios en el sistema institucional, político y electoral que se comprometió hace tres años.
La resolución que sería aprobada en el Senado norteamericano recoge las demandas centrales al sistema electoral propuestas por la Alianza Cívica, la Unidad Nacional Azul y Blanco con el Grupo Pro Reformas Electoral como cambiar a los magistrados del Poder Electoral, establecer un por centaje de votos para ganar la elección y garantizar la participación de organismos de observación nacionales e internacionales sin exclusiones.
“Antes de cualquier elección futura, el gobierno de Nicaragua necesita urgentemente llevar a cabo reformas electorales, incluido el nombramiento de nuevos magistrados independientes para el Consejo Supremo Electoral, la restauración del umbral del cincuenta por ciento más uno para las elecciones presidenciales, el establecimiento de una segunda ronda de votación si no se alcanza el umbral electoral, el establecimiento de un calendario electoral detallado y una observación más fuerte por parte de los partidos políticos”, refiere la propuesta de los senadores.
Pallais: Tiene un peso político importante
José Pallais, miembro de la Alianza Cívica, valoró que la declaración, una vez que se apruebe, aunque no sea jurídicamente vinculante, tiene un peso político importante. “Es una presión muy fuerte al ejecutivo de Trump, al estar soportada por ambos partidos y senadores de gran influencia en los Estados Unidos. Están tomando esta iniciativa porque observan que la situación en Nicaragua se degrada más en derechos humanos y democracia”, dijo el opositor.
El llamado a la comunidad mundial para cortar el financiamiento al régimen orteguista es para el político Pallais una advertencia de que los pasos en ese sentido se están concretando.
“Estados Unidos y la Unión Europea están coordinándose para ejercer las sanciones y Ortega con sus actuaciones ha estado llamando esas sanciones. las demanda fervientemente con conductas irracionales, sin sentido, que solo afectan la imagen de su gobierno que provocan el rechazo del mundo que cree en la democracia”, afirmó Pallais.
Los informes de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otras organizaciones como Amnistía Internacional, que han documentado los delitos de la dictadura orteguista considerados de lesa humanidad son base en la resolución bipartidista en el Senado norteamericano.
Pallais dijo que las denuncias diarias de acoso a los opositores, capturas ilegales, agresiones a los periodistas que son conductas abituales del régimen Ortega y Murillo que se denuncian “provoca un sentimiento en la clase política de Estados Unidos de que su gobierno está haciendo muy lento con las acciones o no son suficientes, por eso demandan que actúe con más fuerza”.
Otras exigencias de los senadores
Otros temas de importancia de la resolución en el Senado de EE.UU. es apoyar los esfuerzos de la administración Trump “para presionar” al dictador Ortega “a fin de responsabilizar a los actores involucrados en abusos de los derechos humanos, actos de corrupción significativa y el debilitamiento de las instituciones democráticas en Nicaragua”.
Se hace énfasis en que el gobierno de los Estados Unidos investigue y responsabilice a los responsables de la muerte de Eddy Montes Praslin, de 57 años, quien tenía la nacionalidad estadounidense, para que su asesinado por un custodia en la cárcel La Modelo, en Tipitapa, el 16 de mayo del 2019, no quede en la impunidad.
También se demanda a la dictadura Ortega y Murillo “libere de inmediato a todos los presos políticos sin condiciones y cese todos los actos de violencia, represión e intimidación contra las voces disidentes” en el país.