El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) advirtió que la Iniciativa de Ley de Protección Fitosanitaria que está impulsando el régimen de Daniel Ortega es de carácter discrecional, recaudatoria y discriminadora, pero sobre todo crea un “incentivo perverso” a favor del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria.
Según el Cosep el proyecto de ley es discrecional porque “el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) no puede convertirse en juez y parte en relación con presentar denuncias ante la autoridad competente por la probable existencia de un delito. La iniciativa deja al reglamento, y por tanto a discreción del Ejecutivo, la organización, estructura y funciones del Consejo Fitosanitario, que podrían ser modificados en cualquier momento”.
El Cosep también destacó que se está creando trámites burocráticos porque ahora, “los certificados fitosanitarios para fines de exportación o reexportación deben ser emitidos en formato electrónico, pero también deberían ser recibidos en este mismo formato”. Es decir que aunque el proceso se haga virtual, también se debe llevar los documentos físicos, haciendo un proceso más largo.
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La iniciativa de ley es enorme, cuenta con 94 artículos, que se resumen en una ampliación de poderes otorgados al IPSA con fines recaudatorios, que van en contra de la normativa establecidas por la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria.
Pero además Cosep señala que es con fines recaudatorios, porque “se establece que los ingresos percibidos por los servicios que preste y los fondos captados por el IPSA, como consecuencia de las multas administrativas, son parte de sus recursos económicos, pero no especifica que estos deben ingresar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, lo que crea un incentivo perverso, ya que por un lado, el IPSA determina los servicios que presta, no quedando claro quién autoriza sus tarifas y por otra lados es quién impone y determina las multas administrativas y dispone de esos recursos”.
Ahora cualquier productor podrá ser multado por el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA), con sanciones que oscilarán entre los 100 y 7,000 pesos centroamericanos o sea dólares.
Iniciativa es discriminatoria
Otro punto que señala Cosep en su comunicado es que la iniciativa es discriminatoria porque hay excepciones en cuanto a las medidas de control de plagas.
“La responsabilidad de cumplimiento de las medidas de prevención, control y erradicación de plagas es de toda persona natural o jurídica. La iniciativa establece que podrá exceptuarse de dicho costos a quienes no cuenten con los medios económicos, suficientes, al igual que para la aplicación de sanciones. Esta disposición crearía desigualdad en los costos de producción y distorsionaría la libre competencia”, advierte Cosep.
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No obstante los diputados sandinistas han justificado la iniciativa afirmando que la misma es necesaria porque Nicaragua tiene una ley básica sobre sanidad animal y vegetal que data desde 1990 y se requiere actualizar las leyes y normas fitosanitarias, para prevenir la introducción de plagas y enfermedades, así como proteger la producción vegetal de consumo interno y externo.