Al ser sancionada, la Policía Orteguista (PO) por el Gobierno de Estados Unidos, economistas coinciden en que la medida es “brutal” y directa a “la yugular” de la primera entidad represora de la dictadura Ortega-Murillo.
Mientras organizaciones de derechos humanos ven la medida como el mejor aporte de pruebas para determinar la responsabilidad que tiene la fuerza pública en las violaciones de derechos humanos contra los nicaragüenses desde las protestas de abril de 2018.
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Los daños que le causará la medida a la PO son de largo alcance, por sus relaciones financieras con entidades como el Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano (ISSDHU), que maneja los fondos de pensiones de los policías y demás trabajadores del Ministerio de Gobernación, como los funcionarios de los penales, su relación con el hospital llamado de la Policía, el Roberto Huembes y más directamente con el supermercado o comisariato que funciona en Plaza El Sol.
El Gobierno de Estados Unidos sancionó este jueves a la Policía Nacional como institución y a los comisionados: Luis Alberto Pérez Olivas, Justo Pastor Urbina y Juan Antonio Valle Valle por su participación en los graves abusos a los derechos humanos de los nicaragüenses. La Policía se convirtió ayer en la primera institución del Estado de Nicaragua en ser sancionada por EE. UU.
Las sanciones a la Policía, impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, se dan porque la institución policial es “una herramienta (del régimen de Daniel Ortega) en su campaña de represión violenta contra el pueblo nicaragüense”.
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El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se pronunció a través de Twitter donde aseguró que estas nuevas sanciones “apuntan a una de las principales herramientas que utiliza el régimen de Ortega para reprimir violentamente a la gente de Nicaragua”.
Qué pasará con las multas
El economista y catedrático Néstor Avendaño explica a LA PRENSA que el Estado de Nicaragua deberá buscar alguna manera para que la Policía del régimen continúe su operatividad y por ello es necesario esperar, sin embargo reconoce que es incierto su futuro.
Se preguntó Avendaño: “¿Qué pasaría en cuanto al pago de multas de tránsito y la planilla del cuerpo policial? Porque ningún banco que está en el país querrá asumir el riesgo por mantener relaciones con la institución sancionada”.
Asimismo recomendó que deben aclarar si los pagos por multas de tránsito continuarán a como están, aunque según la Ley de Tránsito, el pago se hace a una cuenta del Ministerio de Hacienda. “Esperemos qué dispone el Ministerio de Gobernación para que los multados se presenten a la vía indicada por el mismo”, recomienda Avendaño.
Dijo que lo de la planilla de los policías es grave. “Las sanciones a la Policía son de un efecto bastante duro para el Estado nicaragüense también por la imagen, para dar una sensación de seguridad. Prácticamente la Policía se ha desplomado ahora mismo”, lamenta el economista, quien añade que además de las complicaciones para el cobro de multas y pago de salarios, está el mensaje que se le da al inversionista extranjero. “Si sabe que el cuerpo policial que está encargado de hacer cumplir las leyes, la seguridad, ha sido sancionado por el Gobierno de Estados Unidos. ¿Vendrá ese inversionista? Creo que no”.
Castigo de largo alcance
El economista Róger Arteaga, exdirector de Ingresos, recordó que la sanción es significativa también por el hecho de que es la primera contra una institución del Estado de Nicaragua y se trata de una muy sensible que es la encargada de la seguridad ciudadana.
“En teoría la gente debería confiar en ella (Policía)”, dice Arteaga, quien advierte que desde la crisis iniciada en 2018 la institución se ha desviado a ser un aparato ideológico de Ortega-Murillo y ha incumplido con su papel legal.
“Vemos también que Estados Unidos está yendo más allá en cuanto a las sanciones, en mi opinión es el inicio de una especie de desmantelamiento del aparato represor que mantiene en el poder a los Ortega-Murillo al sancionar al jefe del Chipote (Auxilio Judicial), al jefe de operaciones especiales, que han matado con rifles de guerra y francotiradores a los nicaragüenses que se oponen al Gobierno”, dijo Arteaga.
El también economista manifestó que al leer el documento de sanción interpreta que hay una advertencia clara sobre las relaciones financieras de la Policía. “Queda claro que toda transacción de la Policía aquí en Managua, en Estados Unidos, en Canadá o cualquier otro lado, está en riesgo o el que las hace con ella está en riesgo de ser también sancionado y eso es delicado en economía”, señala.
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Arteaga coincide con Avendaño en que ninguna entidad bancaria querrá arriesgarse a multas y sanciones y continuar manejándole las cuentas a la Policía o a quienes tengan transacciones con ella. De ahí que las sanciones afectan también a sus proveedores de productos y servicios para su comisariato.
“Cuando sancionaron al comisionado Díaz (jefe de la Policía) se recurrió a otra firma autorizada, pero ahora es diferente, no hay firma, es la institución entera la que está sancionada. Nadie va a querer riesgo alguno”, advierte.
Ambos economistas señalan que la Policía deberá redefinir la forma en que maneja su patrimonio tras estas sanciones, pues no puede hacer su vida administrativa con dinero en efectivo. “La Policía no puede andar con un saco de dinero, no, o poner a sus policías en largas filas en sus oficinas para pagarles. ¿Quiénes van a mover esa masa de dinero? Es una debacle económica para la Policía, es un hecho”, dijo Arteaga.
Graves señalamientos
Los comisionados sancionados han tenido una visible participación en actos reñidos con los derechos humanos. Al comisionado mayor Valle Valle se le ve en los operativos policiales en Managua desplegando a decenas de oficiales y de Operaciones Especiales para impedir cualquier protestas contra la dictadura.
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En el caso del comisionado general Pérez Olivas, es quien dirige Auxilio Judicial, la cárcel el Chipote, “una prisión conocida por prácticas de todo tipo de tortura, violación, electrocución, laceraciones con alambre de púas, estrangulamiento y palizas con tubos de acero”, señala Estados Unidos.
Responsables de crímenes
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CIDH), Vilma Núñez, recordó que la cúpula policial fue señalada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de ser investigados por crímenes de lesa humanidad y junto a parapolicías ser responsable de 328 asesinatos, cientos de heridos, desaparecidos y presos políticos. Para Gonzalo Carrión, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, la Policía “puso en práctica los peores métodos de represión, de sufrimiento, de tortura (…) contra opositores”.