La reforma a la Ley de Concertación Tributaria provocó que los inventarios de las empresas en el sector industrial se redujeran drásticamente, de manera que ahora compran insumos para un mes de producción y no para seis meses como se hacía antes, reveló la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin), que denunció que el régimen de Daniel Ortega quiere desaparecer al sector privado apunta de más impuestos y ya no con confiscaciones como lo hizo en los años ochenta.
Sergio Maltez, presidente de Cadin, sostuvo que las empresas están haciendo esfuerzos monumentales para no salir del mercado y muestra de ello es que muchas de las que estaban consideradas por la Dirección General de Ingresos (DGI) como Grandes Contribuyentes están cayendo a otra categoría más baja, porque no logran los niveles de rentas brutas requeridos para mantenerse en ese nivel.
“Ya no estás comprando tu inventario para seis meses, lo estás haciendo para un mes, entonces tenés unos inventarios bien bajos porque con toda la carga fiscal que estas recibiendo no podés mantenerte”, afirmó Maltez.
Además el representante empresarial denunció una serie de abusos que está cometiendo la DGI como, por ejemplo, no está reconociendo gastos deducibles por ley, como por ejemplo, gastos que asume una empresa con los trabajadores en el marco de un acuerdo colectivo y que por ley se pueden deducir.
Maltez indicó que cuando las empresas quieren introducir la carta o soporte para proceder con las deducciones fiscales, en la ventanilla del Fisco se niegan a recibir la documentación, para evitar que el contribuyente haga efectivo su derecho por ley.
Pero además el Tribunal Aduanero y Administrativo (TATA) prácticamente ha quedado infuncional, debido a que las autoridades tributarias no quieren reconocer las resoluciones. Maltez indicó que tras la reforma fiscal las empresas pagaron impuestos por adelantado de ganancias que no generaron, lo que tuvo un efecto directo sobre la liquidez empresarial.
Según Maltez luego del cierre fiscal en febrero pasado, a varias empresas el Pago Mínimo Definitivo (PMD) mensual llegó a representar hasta un 60 por ciento de la renta bruta anual de las empresas, lo que fue bien “pesado sobre todo para las empresas de distribución, prácticamente te quedás en una situación difícil para poder competir, estamos pagando anticipo mensuales sobre ganancias que no hemos realizado, por tanto se transforma en una renta que es presuntiva”.
En Nicaragua por ley las empresas deben pagar un Impuesto sobre la Renta de hasta un 30 por ciento sobre su renta bruta, pero el PMD llegó a representar el 60 por ciento, lo que refleja lo pesado de este impuesto mensual.
“En los años 80 (durante el primer gobierno de Daniel Ortega) se hicieron de alguna manera confiscaciones directas a las empresas, a las industrias, ahora lo que estamos viendo es que una manera de ir desapareciendo al sector privado es a través de los impuestos también… haciendo esto sistemáticamente y aumentando toda esta carga, al final, uno se da cuenta cuando las empresas abren y comienzan a funcionar, cuando desaparecen dilatan y de algunas manera nadie se da cuenta”, denunció Maltez.
Trabajan para mantener un aparato burocrático
Lo que más lamenta el sector industria es que se les ha aumentado drásticamente la carga impositiva porque de “alguna manera le estas trabajando al Estado, porque el 95 por ciento de los ingresos del Presupuesto (General de la República) provienen de los tributos; entonces ¿qué pasa? el gobierno mantiene su estructura, no está buscando ninguna reducción de gasto, cuando la situación ya no es la misma, entonces la carga fiscal es más pesada”.
Lea también: Cadin perdió 400 empresas durante la crisis en Nicaragua
La dura reforma tributaria que le generó en ingresos adicionales al régimen de Daniel Ortega 7,855.4 millones de córdobas en plena recesión económica, asfixió al sector industrial.
“Ahora se está hablando de una nueva reforma, en vez de estar hablando de una nueva reforma debería de estar hablando de cómo resolver la reforma del año pasado ¿y a qué me estoy refiriendo?, me estoy refiriendo a que del 100 por ciento de las empresas que pasaron al 3 por ciento del anticipo del IR, solo el 40 por ciento se han podido mantener, ¿qué sucede? el otro 60 por ciento pasó a la escala del 2 por ciento, entonces ¿qué pasa?, ahí estás viendo que la resistencia no es la misma”, expresó Maltez.
Las empresas grandes o Grandes Contribuyentes pagan el 3 por ciento del IR cuando sus ventas brutas anuales superan los 160 millones de córdobas anuales y las que están en la categoría de Principales Contribuyentes son obligadas a pagar el 2 por ciento con ingresos entre 60 y 160 millones de córdobas al año. El resto aporta el 1 % por ciento, siempre y cuando no estén en el Régimen de Cuota Fija.
De hecho la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), ya ha dicho que otra reforma fiscal terminaría por hundir la economía y la recuperación de la misma se prolongaría.
Otros cobros arbitrarios
Pero además el sector industrial ha tenido que lidiar con el alza en la energía eléctrica, las alteraciones en el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), entre otras cosas.
“También tenés el tema de las alcaldías, dentro de las situaciones que estábamos hablando ayer, una de las empresas nos estaba hablando que le llegó un cobro del IBI, un 1,400 por ciento más alto con respecto a lo que le cobraron el año anterior y eso no puede estar sucediendo; ahora recientemente también salió una iniciativa de Protección Fitosanitaria, que es completamente recaudatoria y discriminatoria”, dijo Maltez.
Asimismo en la industria, la energía eléctrica representa el 20 por ciento de los costos operativos, pero tras la crisis ese gasto incrementó hasta un 30 por ciento, lo que ha impulsado a muchos empresarios del sector a hacer planes de eficiencia energética o bien usar paneles solares para bajar esos costos.
Puede interesarle: Funides cree que el régimen de Ortega está haciendo muy poco para proteger el empleo y contener el aumento de la pobreza
Más de 50,000 empleos se perdieron en el sector industrial
Maltez no se muestra optimista y considera que las empresas van a seguir contrayéndose, lo que implica más desempleo.
“Ya tenemos más de 50,000 colaboradores que perdieron sus puestos de trabajo a raíz de esta reforma y va seguir la pérdida de empleo, a parte tenés la pérdida de inversión, de competitividad…”, dijo Maltez.
Antes del estallido de la crisis, en el 2017, según Funides, 121,000 nicaragüenses que estaban buscando empleo no lo encontraban, pero esta masa se habrá ensanchado a 237 mil al finalizar 2020.
Es decir que en 33 meses de crisis económica y política (abril 2018-diciembre 2020) unos 116 mil nicaragüenses habrán quedado sin trabajo y tampoco habrán podido recuperarlo en un contexto de caída de varias actividades económicas y menor inversión privada.
A esto se suma que tras la crisis y las medidas económicas desacertadas, la economía de Nicaragua ha caído en una recesión económica profunda. Funides estima que el Producto Interno Bruto cayó un 5.4 por ciento el año pasado, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta un -5.7 por ciento de contracción.