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Abrazos al comisionado de la Policía, Juan Valle Valle, luego de ser sancionado por Estados Unidos

Régimen ordena “cadena de abrazos” para el sancionado comisionado de la Policía Orteguista, Juan Valle Valle

Varios jóvenes hicieron fila para abrazar al comisionado mayor de la Policía Orteguista (PO), Juan Valle Valle, en la rotonda Hugo Chávez, de Managua.

Varios jóvenes hicieron fila el jueves para abrazar al comisionado mayor de la Policía Orteguista (PO), Juan Valle Valle, en la rotonda Hugo Chávez, de Managua, el día que fue sancionado por Estados Unidos, por dirigir la represión contra las protestas civiles desde abril de 2018, que implicaron violaciones de derechos humanos.

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Algunos de los jóvenes incluso andaban en su uniforme escolar. “Los jóvenes que han salido del sistema público de educación han traído hasta flores al comisionado Juan Valle Valle, en esta cadena humana de abrazos y es la respuesta inmediata, la manera en que está recibiendo el amor y cariño del pueblo de Nicaragua”, se escucha narrar en un  video que circula en redes sociales.

El comisionado Valle Valle se encontraba participando de un evento de conmemoración por el aniversario de la muerte del presidente de Venezuela, Hugo Chavez Frías, en la rotonda que lleva su nombre y un monumento en su honor.

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La sanción también fue aplicada a los comisionados policiales Luis Alberto Pérez Olivas, Justo Pastor Urbina, y a la Policía Nacional, convirtiéndose en la primera institución del Estado de Nicaragua en ser sancionada por EE.UU. Los comisionados sancionados ya suman cinco, incluyendo el jefe de la Policía Orteguista (PO), Francisco Díaz, consuegro del dictador Daniel Ortega.

En total, hay dieciocho personas y cinco instituciones del país que han sido sancionadas por Estados Unidos, por corrupción y violaciones de Derechos Humanos, entre ellas la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo y dos de sus hijos, Laureano y Rafael Ortega. También el presidente de la Asamblea Nacional, entre otros funcionarios.

Según los expertos, las sanciones implican la “muerte financiera”, porque incluyen el bloqueo de activos, prohibición de transacciones bajo la jurisdicción de Estados Unidos, de propiedades o intereses en una propiedad, negación o revocación de visas y penalidades económicas.

El país vive en crisis desde el 18 de abril de 2018, cuando comenzó la represión contra las protestas civiles que demandan la salida de Daniel Ortega del poder. Más de 328 personas han muerto por esta represión, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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