En el mundo las mujeres se preparan para desbordar las calles de sus países con pancartas, consignas y tambores. Reclaman un alto a la violencia, respeto a sus cuerpos, a sus derechos. Aquí en Nicaragua también habrá varias marchas este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, pero todas bajo la sombrilla rojinegra, que invisibiliza las deudas que por años el Estado ha tenido con las mujeres.
LA PRENSA consultó a feministas para consolidar las ocho grandes deudas que Nicaragua no ha cumplido, incluso bajo el discurso de Rosario Murillo, vicepresidenta designada, que asegura tener una política de equidad de género pero que dista mucho de la realidad.
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1- Acabar con los femicidios
Nicaragua no ha logrado detener la expresión de violencia más extrema, como es el femicidio. En lo que va de 2020, trece mujeres han sido víctimas de femicidios. Hasta noviembre de 2019 murieron 60, y en 2018 fueron 61. Evelyng Flores, integrante de la Red de Mujeres contra la Violencia, sostiene que a estos casos se suman los femicidios en grado de frustración, que no son visibilizados por las autoridades gubernamentales.
Las cifras entre las organizaciones feministas y la autoridad policial son tan dispares que pareciera que se están refiriéndo a países diferentes. La misma Rosario Murillo afirmó que en el 2019 hubo 21 femicidios, es decir, 39 casos quedaron fueron del radar institucional. Pese a que Murillo habla de campañas de prevención de la violencia, en la realidad todo sigue igual.
En el periodo de 2012 a 2019 se registraron un total de 526 femicidios, un promedio de 75 femicidios por año; caracterizados por altos niveles de saña y crueldad, apunta un informe del Movimiento Feminista de Nicaragua de 2019.
2- Violencia sexual
Nicaragua sigue siendo el país de las niñas madres. Cada día, cinco niñas menores de 14 años son obligadas a ser madres, según el Consejo de la Coordinadora de la Niñez (Codeni). A nivel de Latinoamérica, Nicaragua es el país que ocupa el segundo lugar con mayor proporción de embarazos adolescentes, el 24.4 por ciento ocurre en menores de edad. Los datos del Instituto de Medicina Legal de 2018 muestran que el 86 por ciento de los delitos sexuales ocurren contra niñas y adolescentes mujeres, con el rango de edad más frecuente, de 10 a 13 años.
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Al respecto no se han establecido acciones claras que protejan a las niñas y adolescentes. En muchos de los casos, los embarazos son productos de violaciones, han denunciado organizaciones. Asimismo, de acuerdo con la Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud 2011-2012 (ENDESA), solo 5 por ciento de las mujeres que refieren haber sido víctimas de violencia sexual en Nicaragua antes de los 15 años buscó ayuda y logró denunciar los hechos ante las autoridades. “Esto evidencia la falta de confianza en el sistema de justicia del país y de mecanismos para proteger los derechos de niñas y adolescentes víctimas de violencia”, expone el informe del Movimiento Feminista de Nicaragua.
3- Un marco judicial endeble
En el 2012 los grupos feministas celebraron la aprobación de la Ley 779, Ley Integral Contra la Violencia Hacia Las Mujeres, un instrumento que reconocía la figura de femicidio y que no permitía la mediación. Era de las leyes más completas, con medidas de prevención y un modelo de atención integral para la víctima. Sin embargo, poco tiempo después sufrió estocadas que implicaron fuertes retrocesos a años de luchas feministas y discusiones con entes del Estado.
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La justicia orteguista permitió la mediación y delimitó el delito de femicidio al ámbito privado. Esto provocó la crítica de diversos sectores, cuestionando la vulneración de la mujer ante el agresor. A esto se suma que Nicaragua aunque haya ratificado la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), no ha firmado ni ratificado el protocolo facultativo, que es otra ventana para las mujeres para denunciar los diferentes tipos de violencia, explicó Mayte Ochoa, del Movimiento Feminista de Nicaragua.
4- Impunidad ante los crímenes
La ausencia de transparencia en los casos judiciliazados sobre la violencia contra la mujer no permite exponer con exactitud en cuántos se castiga, en realidad, al victiminario. De acuerdo con Flores, de la Red de Mujeres, en los procesos de indultos son favorecidos muchos hombres que han violentado a las mujeres, de forma que la víctima vuelve a estar en riesgo.
La impunidad ha sido uno de los temás más recurrentes en estos últimos dos años porque el Estado no solo no ha investigado muchos de los casos de violencia contra la mujer, sino que ha estado ausente para identificar y castigar a los responsables de los asesinatos de al menos 328 personas, víctimas de la violencia gubernamental en el contexto de la crisis sociopolítica.
5- Salud reproductiva
La prohibición del aborto terapéutico ha sido uno de los cuestionamientos más fuertes por parte de defensoras de los derechos de las mujeres. En el 2006 el Estado aprobó la penalización total del aborto al eliminar de la legislación el aborto terapéutico como único supuesto permitido en el país.
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La prohibición absoluta de estos servicios de salud materna en Nicaragua ha convertido la falta de acceso a servicios de aborto seguro en un problema de salud pública nacional que orilla a las mujeres y niñas a recurrir a la clandestinidad y limita el acceso a servicios de atención postaborto, señalan grupos feministas.
“Desde 2008, la Corte Suprema de Justicia ha conocido de 72 recursos por inconstitucionalidad contra la derogación del aborto terapéutico los cuales, después de más de 10 años, no han sido resueltos”.
6- Violencia política
Las mujeres han sido víctimas de malos tratos, violaciones, agresiones físicas y verbales en las cárceles del régimen orteguista en el contexto de la crisis sociopolítica. Informes de derechos humanos revelan que las mujeres han sido obligadas a desnudarse, a realizar sentadillas,y en muchos casos, las han amenazado de muerte. En su momento más de 50 mujeres fueron presas políticas. Actualmente María Esperanza Sánchez es la única presa política.
7- Esclarecer la verdad
Con el estallido social de 2018, las madres de víctimas mortales siguen demandando investigaciones serias, apegadas a Derecho, imparciales, que delimiten responsabilidades. Hasta ahora, casi dos años del inicio de la crisis, las madres de los más de 300 muertos en el contexto de la represión estatal a las protestas siguen demandando justicia y la urgencia de conocer la verdad de los hechos. El Estado tiene esa deuda con estas mujeres.
8- Represión
Antes del 18 de abril las mujeres podían marchar, aunque también enfrentaban el asedio de la Policía. Actualmente, con la criminalización de la protesta cívica desde septiembre de 2018, las feministas se han visto impedidas de ejercer su derecho a las movilizaciones, a la protesta pacífica. Muestra de ello es que la Red de Mujeres no marchará este 8 de marzo. Mediante un comunicado expresó que “nos encontramos ante un gobierno deshumanizado, misógino, monstruoso y dictatorial que se burla de las mujeres, que las manda a mediar con su agresor, que anuncia “reapertura” de las Comisarías de la Mujer, pero que no prioriza la denuncia de una víctima de violencia”.