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CONTENIDO EXCLUSIVO.El nepotismo es un mal endémico en el régimen de Daniel Ortega que carcome los cimientos del Estado, empezando en la misma Presidencia, donde 17 miembros de la familia de los dictadores ocupan cargos y funciones públicas. Esa práctica de colocar a familiares en puestos estatales se reproduce en los ministerios, poderes estatales y en las embajadas de Nicaragua en el exterior, en las que incluso parejas de esposos cogobiernan.
“Ortega traicionó los principios de la revolución sandinista pues copió y superó todos los vicios de Somoza”, afirma sobre este problema Oscar Rene Vargas, el sociólogo y exaliado de Ortega.
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Lo instaurado por Ortega en sus 13 años en el poder es un régimen de consortes que se afianza teniendo a nueve de los diez hijos de la pareja presidencial en cargos de asesores, directores de entidades públicas, canales de televisión y radioemisoras estatales y privadas que fueron adquiridas con la cooperación de Venezuela. Las esposas y exesposas de los hijos de los dictadores también copan puestos en el Estado al dirigir instituciones y programas en los ministerios. Con cargos públicos también se premia a familiares de los ministros, embajadores y diputados del régimen.
El nepotismo en el Estado empieza con Ortega y su esposa, Rosario Murillo, quien es vicepresidenta, cargo al que llegó en las elecciones del 2016, denunciadas por fraudulentas por organismos de observación electoral nacional y partidos opositores. Murillo tiene múltiples funciones: coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, vocera, y suele ostentar el cargo de canciller designada en varias cumbres regionales, a las que la pareja presidencial suelen ir acompañados de un gran séquito de delegados que incluyen a sus hijos con sus respectivas parejas y donde los pasajes, hospedaje y demás gastos son pagados con los impuestos de los nicaragüenses.
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En ese círculo se cuenta el consuegro de Ortega y Murillo, quien es el jefe de la Policía, el comisionado Francisco Díaz, sancionado por violación a los derechos humanos por Estados Unidos (EE.UU.) por dirigir el órgano represor de las manifestaciones ciudadanas. El parentesco de Díaz con la pareja presidencial es porque su hija Blanca está casada con Maurice Ortega Murillo, quien dirige uno de los canales de televisión adquiridos por su familia con fondos de la cooperación de Venezuela.
Otros 15 altos funcionarios del régimen, entre los que se cuentan presidentes de poderes de Estado, diputados y embajadores con sus familiares, se están lucrando del erario público al ocupar cargos en ministerios y las sedes de representación diplomática en el exterior, incluidas familias completas como sucede en la Embajada de Nicaragua en Washington, DC, en EE.UU.
Una familia gobierna la Embajada de Nicaragua en Estados Unidos
En esa sede el embajador es Francisco Campbell, su esposa Miriam Hooker es la encargada de negocios y cónsul general, y como todo queda en familia, sus hijos Mabel Leilani Campbell Hooker es la agregada de prensa y cultura, mientras Michael Campbell Hooker es “representante de Nicaragua en el exterior”, sin que se conozcan sus funciones reales.
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Francisco Campbell es hermano del magistrado presidente interino del Consejo Supremo Electoral (CSE), Lumberto Campbell, quien es uno de los operadores políticos principales del orteguismo y también está sancionado por Estados Unidos por su rol en los fraudes electorales que han perpetuado a Ortega en el poder.
Las embajadas de Nicaragua en el exterior son las preferidas por el régimen para premiar a la nueva camada de los llamados “defensores del sandinismo”, ya que varios de los funcionarios del círculo de poder han logrado que a sus vástagos se les designara como embajadores, cónsules, representantes permanentes y consejeros.
Las últimas privilegiadas son María Michelle y María Fernanda Gutiérrez Gaitán, hijas gemelas del diputado orteguista Wálmaro Gutiérrez, a quienes en febrero del 2010 se les nombró consejeras en las embajadas de Nicaragua en Ginebra, Suiza y en la de Naciones Unidas, en Nueva York.
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Las hijas del diputado Gutiérrez no tienen carrera en el servicio exterior por lo que sus designaciones, son resultado del tráfico de influencia practicado por el régimen.
“Todos los vicios que había en el pasado lo adquirieron, por eso hay similitud en lo que hacía Somoza. Ortega se deformó, dejó de ser sandinista, aunque esté como secretario general del FSLN, porque traicionó el programa histórico del Frente Sandinista que estaba en contra de la reelección, contra el nepotismo, la corrupción, el Estado-botín, porque todo eso es lo que está pasando ahora”, criticó Vargas.
Expresa violación a la Ley 438
La Ley de Probidad de los Servidores Públicos (Ley 438) prohíbe y sanciona el nepotismo en el Estado. El capítulo III, sobre el régimen de restricciones al ejercicio de la función pública prohíbe en el artículo 8, inciso C que “en todos los poderes e instituciones del Estado y sus dependencias, no se podrá recaer nombramiento en personas que tengan parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con la autoridad que hace el nombramiento, y en su caso, con la persona de donde hubiera emanado esta autoridad”.
El inciso A de ese artículo 8 también prohíbe “utilizar la función pública en provecho de cualquier persona natural o jurídica en perjuicio del Estado”.
Ambas restricciones de la Ley de Probidad son violadas por Ortega quien ha instaurado una dictadura familiar por cuanto su esposa, Rosario Murillo y sus hijos Rafael, Laureano, Camila, Luciana, Juan Carlos, Maurice, Daniel Edmundo, Carlos Enrique y Camilo, así como las parejas o esposas de ellos ejercen funciones en la estructura estatal. Aunque esas funciones como “asesores” o “coordinadores” no respondan a nombramiento a través de un decreto, el hecho que sean designaciones formales cuyas oficinas y programas operen con presupuesto público son pruebas del nepotismo, criticaron el analista Vargas y los juristas Eliseo Núñez y José Pallais.
“Esa es la lógica del régimen. El nepotismo y el tráfico de influencias que ejercen en los círculos de poder, que va contra toda regulación del funcionamiento del Estado porque evita que exista una administración profesional, y todos los intentos de profesionalizar al Estado han sido frustrados por esas malas prácticas, porque entre familiares se ejercen las funciones lo que incrementa el riesgo de corrupción y falta de transparencia”, aseguró el jurista Pallais.
Zoilamérica Ortega Murillo es la única de los diez hijos entre los dictadores sin cargos en el régimen, al estar marginada de la familia desde la acusación que hizo contra su padrastro de haberla abusado sexualmente siendo una niña.
Los hijos “asesores” y sus esposas
Con la permanencia de Ortega y Murillo en el gobierno a punta de fraudes electorales, sus otros nueve hijos han acumulado privilegios y llegando a ejercer más poder que los mismos ministros.
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Rafael, el mayor de los hijos, ostenta el cargo de asesor presidencial y ministro en cumbres presidenciales a las que acompaña a su madre, Murillo y a su padrastro Ortega. Es el administrador de los negocios de la familia adquiridos con la plata del acuerdo petrolero en las empresas Albanisa, la Distribuidora Nicaragüense de Petróleos (DNP), Inversiones Zanzíbar, SA; Servicios de Protección y Vigilancia, SA, El Goliat todas sancionadas por EE.UU. al vincularlas con la red de lavado de dinero del régimen.
El poder de Rafael Ortega Murillo es grande por cuanto es el encargado del gobierno en las relaciones con Venezuela y el resto de lo que queda del Alba. También dirige y administra las Radio Ya, Viva FM, Radio Sandino y Radio Estéreo Ya, según investigaciones periodísticas. Ese manejo de los negocios de la dictadura de sus padres lo hizo blanco de las sanciones de EE.UU.
Quienes se relacionan sentimentalmente con los nueve hijos protegidos de los dictadores también se benefician del Estado nicaragüense. Es el caso de Yadira Leets, exesposa de Rafael, quien hasta 2018 administró la DNP.
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Se desconoce si Leets esté ocupando otro cargo en empresas del negocio familiar o en el Gobierno, como sí sucede con Idania Castillo, la exesposa de Juan Carlos Ortega Murillo quien lleva 13 años como codirectora de la Cinemateca Nacional y además es la encargada de atender a los medios de prensa internacionales para el Consejo de Comunicación y Ciudadanía, donde responde directamente a su exsuegra Murillo.
La nueva esposa de Juan Carlos, Xiomara Blandino, ya saca provecho del Estado pues es coordinadora del programa Nicaragua Emprende, que de acuerdo con publicaciones de medios oficialistas como El 19 Digital y Canal 15, sus eventos son financiados por el Ministerio de la Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (Mefcca).
Blandino es además presentadora y directora de programación del Canal 8, propiedad de la familia presidencial y dirigido por su esposo Juan Carlos Ortega Murillo.
El jurista y opositor Eliseo Núñez calificó de “descargo” de la “nueva dinastía” con el que se abusa del poder contra los intereses del Estado, porque al ocupar puestos o beneficiarse de los recursos presupuestarios de los nicaragüenses se “demuestra el desprecio por el resto de la sociedad, de la democracia porque lo único que le importa es que su familia ejerce todo el poder.”Esta es una reedición del somocismo, de todo la corrupción”, afirmó Núñez.
Los proyectos personales pagados por el pueblo
Los hijos con roles más públicos son Camila y Laureano, quienes también son “asesores presidenciales”, pero a la vez sus proyectos personales como desfiles de modas y conciertos de ópera son financiados por el Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur) y el Teatro Nacional Rubén Darío.
Laureano es de los hijos de la pareja presidencial con más títulos oficiales, pues al de asesor para búsqueda de inversiones, se le agrega el de asesor de comercio y turismo, además de ser representante de la Presidencia en temas económicos y políticos ante Rusia y China.
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Laureano Ortega Murillo es quien encabeza las misiones diplomáticas en foros en Oriente Medio, África, Cuba y en Europa en representación del régimen. Su esposa Karen Santamaría suele acompañarlo como su “asesora” en esos viajes pagados con el erario.
El papel de Laureano es clave en los negocios de la familia siendo el enlace con el empresario chino Wang Jing, a quien el régimen le entregó la concesión para la construcción de un Canal Interoceánico en Nicaragua, otra de las promesas fallidas del orteguismo. Laureano también está sancionado por EE.UU. por ser parte de la red de corrupción del régimen.
Camila, la menor de los dictadores Ortega y Murillo, igual suma varios cargos pues al de asesora presidencial, se le agregó el de coordinadora de la Comisión de Economía Creativa, un programa creado por el régimen para supuestamente promover iniciativas de emprendimiento. También se encarga de la promoción de proyectos en el Intur, según publicaciones de medios oficialistas. Esa cartera estatal financia Nicaragua Diseña, un programa de desfiles de modelos a los que es fanática Camila Ortega Murillo.
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La segunda hija de la pareja de gobernantes es Luciana, también con cargo de asesora presidencial y, junto a Camila son asistentes de su madre Rosario Murillo.
Los otros hermanos Maurice, Daniel Edmundo y Carlos Enrique (Tino) dirigen los canales 4, 13, 15 y el estatal Canal 6, además coordinan otras radios en los municipios así como los portales digitales El19Digital, Barricada y otros que fueron creados para difundir la propaganda partidaria del régimen.
Esposo dirigiendo ministerios
El modelo del control de los consortes en la administración estatal se replica en el Ministerio de Salud (Minsa), donde la ministra y el viceministro son los esposos Carolina Dávila y Enrique Beteta, ambos dirigentes de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetsalud), uno de los brazos de represión contra los trabajadores del régimen.
Otros esposos dirigiendo instituciones son el vicecanciller Valdrack Jaentschke y Anasha Campbell quien es ministra de Turismo.
No solo la nueva camada de los hijos de los funcionarios del círculo de poder del régimen se benefician del tráfico de influencias al ser nombrados en puestos públicos, sino también los parientes de los aliados políticos de Ortega.
Es el caso del expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, exiliado de su país donde es acusado de corrupción. A Funes y su hijo Diego Roberto Funes Cañas se les paga salarios superiores a los dos mil dólares en la Cancillería de Nicaragua por ser “consultores”. Al expresidente Funes, su esposa Ada Michel Guzmán, y a sus hijos Carlos Manuel Mauricio Velasco y Diego Roberto Funes se les entregó la nacionalidad nicaragüense en 2019 otra forma en que el régimen protege a sus aliados.