La firma, ratificación y ahora el depósito del Instrumento del Acuerdo de Escazú —que protege a los defensores ambientales— en la Organización de Estados Americanos, según el ambientalista Amaru Ruiz, responde a la búsqueda de financiamiento con organismos multilaterales y no tanto a una voluntad del régimen orteguista para proteger el ambiente y a los defensores.
“En la práctica el hecho que el régimen firme estos documentos a nivel internacional y trate de dar una imagen de voluntad política para cumplirlo (…) es totalmente contrario a las acciones que viene desarrollando en el país”, expresó.
El Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, fue ratificado por el régimen el 12 de diciembre del 2019.
Con este acuerdo el país establece compromisos para mejorar las normas en acceso a la información pública ambiental, acceso a la participación ciudadana, acceso a la justicia ambiental y la defensa de las personas que “en su diario vivir defienden el medioambiente”.
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Sin embargo, en la realidad, los ambientalistas críticos son perseguidos por el régimen. Muestra de ello es que Fundación del Río, de la que Ruiz es su director, fue cancelada su personería jurídica desde diciembre de 2018 junto a Popol Na y otras organizaciones de la sociedad civil.
Fundación Del Río denunció el incendio en la Reserva Biológica Indio Maíz, uno de los detonantes de las protestas cívicas de 2018, y la otra fundación había hecho eco de las violaciones contra los campesinos en el marco del proyecto canalero, impulsado por el régimen Ortega-Murillo.
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Sumado a eso, ambientalistas han denunciado la invasión de colonos en las áreas protegidas del país, una situación que ha desatado la violencia en los territorios indígenas, que en lo que va del 2020 ha cobrado la vida de cuatro indígenas mayangnas y ha dejado varios heridos.
Para Ruiz estos convenios facilitan que el régimen busque recursos económicos, en el marco de los mismos, por ello no responde a una posición real, de convicción.
El Acuerdo de París
Amaru Ruiz explicó que en materia de financiamiento internacional siempre se debe enmarcar en compromisos alcanzados a través de convenios. Nicaragua, por ejemplo, al inicio rehusó firmar el Acuerdo y después se inclinó a ser parte del mismo, porque no podría buscar fondos si no era firmante del tratado.