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CONTENIDO EXCLUSIVO.Carolina Dávila Murillo es la ministra de Salud, pero sólo lo es para firmar documentos administrativos, porque quien sigue adoptando las decisiones operativas es la exministra y actual asesora del dictador Daniel Ortega Sonia Castro, quien está sancionada por Estados Unidos (EE.UU.) y Canadá por violación a los derechos humanos en contra de los ciudadanos que participaron en las manifestaciones desde abril del 2018.
Con el título de “ministra asesora del presidente de la República para temas de salud” Castro es el poder real en el Ministerio de Salud (Minsa). Es quien inaugura casas maternas, anuncia convenios con cooperantes, recibe a misiones médicas, viaja a los congresos y hasta da las conferencias de prensa a los medios propiedad de la dictadura sobre la situación epidemiológica en Nicaragua.
Dávila siempre aparece sentada a la par de Castro en las conferencias, pero es la exministra sancionada quien lee los comunicados, firmados por la primera como titular del Minsa. El pasado 8 de marzo fue la primera vez en semanas que a Dávila se le permitió leer sus propias notas de prensa, aunque fue Castro quien respondió las preguntas de los reporteros de los medios oficialistas sobre los supuestos planes para responder ante los casos de coronavirus que se lleguen a confirmarse en el país.
“Sonia Castro es la ministra real y la que firma (Dávila) es, en efecto, de papel”, señaló Dora María Téllez exguerrillera y opositora al régimen orteguista.
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“Los sancionados han sido mantenidos en funciones, pero no pueden ejercer los cargos por las grandes limitaciones que tienen por las sanciones”, afirmó Téllez.
Como está funcionando el Minsa
En el Minsa hay dos personas ejerciendo de autoridad. Una (Dávila) es la firma administrativa y la otra (Castro) ejerce el mando concreto. Ese el modelo que se ha forzado el régimen a establecer para que el Minsa y otras instituciones como el Ministerio de Transporte (MTI), cuyo titular es el mayor general en retiro Oscar Mojica Obregón, también relegado en sus funciones, ahora asumidas por el Secretario General de la institución, el Consejo Supremo Electoral (CSE), la Asamblea Nacional, sigan funcionando administrativamente por tener a sus ministros y titulares sancionados por violadores a los derechos humanos.
¿Realmente funcionan las sanciones? La excomandante Téllez afirma que su mayor efecto sigue siendo la desarticulación forzada del esquema de mando del dictador Ortega.
“Lo que han demostrado las sanciones es que todos los sancionados terminan con su vida institucional regular y que las instituciones privadas que han sufrido sanciones han tenido que terminar cerrando sus operaciones, como sucedió con Albanisa, Bancorp, DNP y las gasolineras de los Ortega Murillo”, dijo.
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Téllez analizó que tener a dos titulares en las entidades donde hay sancionados, “lo que nos dice es que las instituciones tienen un nivel importante de desarticulación orgánica, por la persistencia de los Ortega Murillo de mantener en la línea de comando a sus cuadros de confianza que han sido sancionados”.
La exministra Sonia Castro es señalada de haber dado la orden en los hospitales públicos de no atender a los manifestantes heridos durante los meses más fuertes de las protestas, siendo esta política represiva la responsable haber causado la muerte de decenas de ciudadanos, según documentaron organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.
Además, fueron despedidos 213 médicos y 437 trabajadores (enfermeros, técnicos, entre otros) que se negaron a obedecer las órdenes de Castro, según la Unidad Médica Nicaragüense, que es parte de la Alianza Cívica.
El doctor José Luis Borge es uno de los despedidos del hospital Lenín Fonseca, en Managua, y para quien las sanciones contra Castro y el resto de funcionarios del régimen, “han funcionado porque estos cuentan con cargos fantasmas, en los que se les premia su fidelidad, pero su vida se le ha complicado”.
Remociones en el hospital de la Policía
Según el doctor Borge, de la Unidad Médica Nicaragüense, las sanciones a la Policía provocaron que varios subcomisionados que dirigían áreas en el hospital “Carlos Roberto Huembes” fuesen removidos y sustituidos por civiles.
“Nos han informado personal del hospital, que todos los cargos administrativos son ejercidos por médicos de la Policía, pero esta semana han estado reunidos para decidir cómo mantendrán funcionando el hospital. Nos han dicho que la opción es pasar a civiles la administración y la otra es ver si pasan al hospital al INSS, porque como también es clínica previsional, podrían traspasarlo”, afirmó Borge.
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¿Qué pasa en el resto de instituciones?
Fidel Moreno es el secretario general de la Alcaldía de Managua pero manda más que la misma alcaldesa designada Reyna Rueda, pues Moreno incluso era la firma libradora de los cheques en la comuna. Cuando fue sancionado por EE.UU. y Canadá, el régimen le quitó ese control a Moreno y se lo pasó a Rueda.
Las sanciones han sido la forma de golpear, hasta la fecha, a 19 funcionarios de régimen, todos parte del anillo de poder de la dictadura, así como a las empresas Albanisa, DNP, Zanzíbar y Goliat del negocio de la familia presidencial para restarle capacidad para seguir la represión.
La Policía la primera institución estatal en ser sancionada
El pasado jueves la Policía fue la primera institución del Estado en ser sancionada por EE.UU. por ser “una herramienta (del régimen) en su campaña de represión violenta contra el pueblo nicaragüense”.
Murillo, vicepresidenta y esposa de Ortega, encabeza la lista de sancionados por EE.UU. y Murillo, por su vinculación en la represión y señalados además de corrupción. Dos de los hijos de la pareja presidencial, Laureano y Rafael Ortega Murillo son parte del listado de los penalizados con medidas que les impiden tener cuentas bancarias, hacer negocios con empresas y ciudadanos estadounidenses y, si tenían dinero en EE.UU. o bancos relacionados con el sistema financiero de ese país, se las congelaron.
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La dictadura mantiene hermetismo es sobre cómo siguen operando el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), Telcor y la Policía al tener a sus presidentes ejecutivos y director general sancionados también por su participación directa en la represión al pueblo.
La sanción sobre Roberto López, presidente del INSS, el primer comisionado Francisco Díaz de la PO y Orlando Castillo, director de Telcor lo inhabilitan para ejercer la administración financiera de las respectivas carteras en las que operan, ya que las empresas privadas, bancos y organismos cooperantes serían afectados por la sanción impuesta por EE.UU. de hacer negocios con los señalados de abusos a los derechos humanos de los nicaragüenses.
Lo mismo sucede con Lumberto Campbell, vicepresidente del CSE, quien también está sancionado por Canadá y EE.UU. Este caso es más complejo porque cuando a Roberto Rivas Reyes, siendo presidente del CSE fue sancionado, los diputados orteguistas reformaron la Ley Electoral para pasarle a Campbell las facultades administrativas y financieras de esa institución.
La exguerrillera Téllez cree que “Ortega no hará cambios en ese órgano hasta que sea estrictamente necesario ahorita”, puesto que Campbell es alguien de su entera confianza en el control partidario del CSE.
La eventual reforma electoral será el momento en que se conocerá si Campbell es cambiable para la dictadura.
“Sin ser estrictamente indispensable, pierde esa oportunidad. Así que mantiene las cosas tal como están para una eventual negociación”, afirmó Téllez.