El Estado de Nicaragua es calificado como “mudo” en el tema de acceso a la información pública. Así se pueden resumir los resultados de la investigación sobre la Situación del Acceso a la información pública en Nicaragua.
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Para este estudio se hizo una revisión de 65 instituciones del Estado, encontrando que 57 tienen páginas web, pero solo 26 tienen un enlace a una Oficina de Acceso a la información. Aún así, estas oficinas no proporcionan la información requerida en la mayor parte de los casos, según el estudio.
Para poner a prueba el sistema, se hicieron 59 solicitudes en línea, de las cuales solo tres recibieron respuestas. También hicieron 31 solicitudes en físico, de las cuales solo cuatro recibieron respuesta.
“Estamos ante un Estado mudo o un Estado que no informa de lo que hace”, manifestó Guillermo Medrano, coordinador de Derechos Humanos en la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, quien hizo la presentación del estudio este martes.
Medrano observó que la propaganda partidaria es lo más destacado en estas páginas web institucionales, y, en cambio, carecen de información que transparente lo que están haciendo, cómo funcionan y cuáles son los resultados.
La Ley de Acceso a la información pública (Ley 621) de Nicaragua, cumple 14 años de haber sido aprobada el próximo 16 de mayo, pero los críticos aseguran que nunca ha sido puesta en práctica por el Estado.
Medrano afirmó que Nicaragua tiene una de las mejores leyes de acceso a la información pública en América Latina, pero su cumplimiento “es un papel mojado todavía”.
Lo que dice la ley
La Ley 621 establece en el artículo uno, que tiene por objeto normar, garantizar y promover el ejercicio del derecho de acceso a la información pública existente en los documentos, archivos y bases de datos de las entidades o instituciones públicas, las sociedades mixtas y las subvencionadas por el Estado, así como las entidades privadas que administren, manejen o reciban recursos públicos, beneficios fiscales u otros beneficios, concesiones o ventajas.
Medrano destacó la importancia de la información en el desarrollo social y económico de un país.
“El acceso a la información te permite mejorar tus condiciones de vida. Si yo soy un ciudadano informado, puedo tomar mejores decisiones en mi vida, ya sea para un trabajo, ya sea para un estudio o para una actividad económica que decida realizar”, expresó Medrano.
LA PRENSA/Tomada de El 19
Desde 2007 que regresó al poder Daniel Ortega, se práctica una “política de “información incontaminada”, que implica que la fuente de información solo puede ser el Gobierno, específicamente Rosario Murillo, esposa de Ortega.
La censura a los medios de comunicación críticos y las agresiones a los periodistas, se arreciaron a partir del 18 de abril de 2018, cuando comenzó la represión contra las protestas civiles que demandan la salida de Daniel Ortega del poder.
Plataforma de alerta
La Fundación Violeta Barrios de Chamorro presentó ayer la Plataforma de Alerta sobre violaciones a la libertad de prensa, donde se puede encontrar un registro detallado de la censura a los medios de comunicación críticos y las agresiones y robos a los periodistas.
Según el sitio web, en los primeros dos meses de este año, ya se acumula un registro de 107 casos, sin contar lo ocurrido el pasado martes 3 de marzo, en la catedral de Managua, en la misa de cuerpo presente del padre y poeta Ernesto Cardenal, cuando se reportaron tres agresiones a periodistas y más de cuatro robos a los reporteros.
Cristiana Lacayo Chamorro, directora de Comunicaciones de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, explicó que esta plataforma servirá para que las organizaciones nacionales e internacionales se documenten sobre lo que esta ocurriendo con los medios de comunicación en Nicaragua.
Instituciones que cumplen con informar
Cuatro páginas web institucionales cumplen con la información básica que debe tener un sitio web, según el artículo 20 de la Ley de Acceso a la información pública (Ley 621). Estas instituciones son: Banco Central, la Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio del Trabajo.