En el Informe Anual de la Práctica sobre Derechos Humanos 2019, emitido este miércoles por el Departamento de Estado de Estados Unidos, señala que el Gobierno de Daniel Ortega no tomó medidas para identificar, investigar, enjuiciar o castigar a funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, y que más bien, garantizó la impunidad de los perpetradores de las violaciones.
“El presidente Ortega fortaleció activamente la impunidad a los abusadores de los derechos humanos, quienes fueron leales a él”, se lee en el documento en que evalúan la situación de los derechos humanos de todos los países que reciben asistencia de Estados Unidos y son miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El documento expone la situación de los derechos individuales, civiles, políticos y laborales reconocidos internacionalmente, a como lo establece la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros acuerdos internacionales.
Ejecuciones extrajudiciales
Entre las puntos más importantes relacionados a los DD. HH. el informe integra los reportes sobre ejecuciones arbitrarias, incluidas las extrajudiciales cometidas por el gobierno o sus agentes; desaparición forzada por parapoliciales, torturas ejecutadas por guardias de prisión y parapolicías; abuso físico, como la violación por parte de funcionarios del gobierno, entre otros abusos.
“Hubo condiciones carcelarias severas y potencialmente mortales; prisioneros políticos; interferencia arbitraria e ilegal con la privacidad; graves problemas con la independencia del poder judicial; restricciones a la libre expresión y la prensa, incluidas amenazas de violencia, censura y difamación criminal; e interferencia sustancial con los derechos de reunión pacífica y la libertad de asociación, incluidos los ataques contra la Iglesia Católica Romana y los funcionarios de la Iglesia (…)”, señala el documento.
Agrega que el Gobierno no regresó la personería jurídica a nueve organizaciones de la sociedad civil, a las que también les retuvieron ilegalmente sus activos, impidiéndoles operar. Además de las restricciones gubernamentales a las libertades de expresión, asociación y reunión.
“Hubo corrupción generalizada; trata de personas; ataques contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI); discriminación contra minorías étnicas y comunidades indígenas; y trabajo infantil”, señala el informe del Departamento de Estado.
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Campañas contra opositores
El asedio y hostigamiento que viven opositores del régimen orteguista es uno de los puntos abordados por el informe. “La parapolicía y las personas vinculadas al régimen de Ortega llevaron a cabo una campaña de hostigamiento, intimidación y violencia hacia los enemigos percibidos del régimen, como ex presos políticos, activistas campesinos o campesinos, grupos de oposición prodemocracia y el clero católico romano. Grupos de derechos humanos alegaron que entre octubre de 2018 y agosto, la parapolicia mató a entre 20 y 30 campesinos considerados opositores del partido gobernante FSLN”.
Estos crímenes han quedado en la impunidad, sin investigación. En la sección del “Respeto por la integridad de la persona”, señalan que hay numerosos informes en el que indican que el gobierno o sus agentes cometieron asesinatos arbitrarios.
“No hubo indicios de que el gobierno haya investigado crímenes cometidos por la policía y grupos de parapolicia relacionados con el levantamiento prodemocracia de 2018”, destaca el documento. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 328 personas fueron asesinadas en el contexto de la represión contra las protestas cívicas.
En abril de 2018, Ortega y la vicepresidente Murillo ordenaron a la policía y a las fuerzas parapoliciales sofocar con violencia las protestas pacíficas que comenzaron por el descontento ante una reforma unilateral a la seguridad social a finales de 2018. El conflicto resultante había dejado al menos 325 personas muertas; más de 2,000 heridos; cientos detenidos ilegalmente, torturados y desaparecidos; y más de 80,000 exiliados en países vecinos.
“A partir de agosto de 2018, el gobierno de Ortega instituyó una política de ´exilio, cárcel o muerte´ para cualquier persona percibida como oposición, modificó las leyes de terrorismo para incluir actividades prodemocracia y utilizó el sistema de justicia para caracterizar a los actores de la sociedad civil como terroristas, asesinos y golpistas”, expone el documento.
Asimismo indica que aunque las instancias policiales y la Fiscalía detuvieron, enjuiciaron y encarcelaron a muchos miembros de la oposición, las organizaciones de DD. HH. documentaron que las investigaciones y los cargos no se ajustaban al estado de derecho.