Al continuar las solicitudes de viajes en vehículos particulares, a través de aplicaciones móviles, esto pese a la recomendación del Instituto Regulador del Transporte del Municipio de Managua (Irtramma) de abstenerse a hacerlo y en paralelo ejecutar una cacería, defensores de los consumidores reconocieron que el ente regulador debe mostrarse abierto a la posibilidad de permitirles operar.
El argumento de Marvin Pomares, director del Instituto Nacional de Defensa del Consumidor (Indec), es que no se pueden cerrar las puertas a este servicio alternativo, cuando le resulta beneficioso al usuario. Muestra de ello es que pese a la arremetida del Irtramma el sistema sigue utilizándose.
“El Irtramma tiene que abrir la puerta para que estos conductores se legalicen y no ponerles mucha traba. Si no entró Uber porque era una transnacional y aquí se dijo que eso podía hacerlo el sector selectivo de taxis, pero no lo ha hecho, que le permitan a personas que tienen su vehículo y quieren trabajar. Aquí se habla mucho de andar emprendiendo por el desempleo que hay”, sostuvo Pomares.
El 2017 fue el año en que empezó a sonar el tema de solicitar una “carrera” a través de aplicaciones móviles y de esa manera el sector selectivo no gozara de la exclusividad. Pero según los mismos dirigentes del sector, el régimen orteguista informó que no los dejaría operar y a cambio hubo el compromiso verbal de mejorar el servicio de taxis ante la queja por parte de los usuarios de maltrato, inseguridad y mal estado de las unidades.
Pasó el tiempo y el sector selectivo no honró el compromiso. Precisamente por esto es que surgieron iniciativas parecidas a Uber, que es una referencia a nivel mundial en este tipo de servicio para movilizarse.
¿Qué hay detrás del argumento de la seguridad?
Juan Carlos López, defensor de los consumidores, reconoció que el sector selectivo paga por el permiso de operar y esto le genera ingresos al Irtramma, mientras que las aplicaciones que funcionan en la capital no lo hacen, pero consideró que la razón principal no es el dinero, sino el interés político.
“Me imagino que (los taxis) han condicionado al Irtramma, que si no sanciona a los carros particulares o les cobra impuestos, dejarán de apoyar (al partido) porque a veces los utilizan para encuentros políticos. El sector taxi que está regulado y paga una concesión, me imagino que ha amenazado. Esa es la génesis del problema porque realmente no hay prueba que pueda determinar que esto se hace por el tema de la seguridad de las personas“, refirió López.
Asimismo, reconoció que en el país el consumidor es marginado, “es visto como un ciudadano que no tiene voz, ni voto. Eso pasa que si mañana se cierran esas aplicaciones, aunque haya gente que la quiera utilizar, igual va a pasar y se tendrá que usar el servicio de taxi convencional”.