Las sanciones de Estados Unidos en contra de la Policía Orteguista siguen forzando cambios en la operatividad de la estructura del régimen de Daniel Ortega. El dictador ahora ordenó quitar la administración del Hospital “Carlos Roberto Huembes” a la Policía, y pasarlo al Ministerio de Gobernación (Migob). Se trata de la segunda decisión de la dictadura en las últimas 24 horas tras haber creado una Ley para el Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano (ISSDHU), que maneja el sistema de pensiones de los policías, para limitar el manejo administrativo de la jefatura policial sobre esta entidad.
El traspaso del control de dicho hospital se legaliza con el decreto presidencial 05-2020, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, este 13 de marz0 y firmado por el dictador Ortega.
Estas medidas son en reacción a las sanciones de Estados Unidos (EE.UU.) contra la institución por su actuación criminal contra los derechos humanos de los nicaragüenses, y que suponen un fuerte golpe porque la inhabilita financieramente.
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El Hospital Carlos Roberto Huembes es donde se atienden los policías, personal de Gobernación y sus dependencias como los de Migración y Extranjería, el Sistema Penitenciario y la Dirección General de Bomberos. El centro médico lo administraba la Policía desde junio del 2002 cuando se lo pasó el Ministerio de Gobernación, pero ahora cambia el esquema.
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“Reintegrar el ‘Hospital Carlos Roberto Huembes’ al Ministerio de Gobernación, que brindará atención en salud a todos los miembros de los distintos programas de ese institución y miembros de la Policía Nacional, así como a sus familiares pensionados y retirados de estas dependencias”, reza el acuerdo firmado por el dictador Ortega.
Las sanciones de EE.UU. afectan a todas las entidades que maneja la PO, como el hospital y el comisariato que funciona en el Edificio de Plaza El Sol, puesto que se les suspendería la venta de suministros médicos, en el caso del hospital, y de los diferentes alimentos y productos que ofrecen en la tienda de la Policía, los que por cierto están exentos del pago de impuestos.
En La Gaceta de este 13 de marzo también se publicó la nueva Ley para el Fortalecimiento de la Gestión del ISSDHU, por lo que entraron en vigencia el traspaso del control administrativo en la Presidencia así como la nueva conformación del consejo directivo del instituto.
Los diputados orteguistas aprobaron el jueves 12 de marzo en un trámite expedito la creación de la Ley del ISSDHU para quitarle el manejo a la jefatura de la Policía y dejarlo adscrito a la Presidencia, lo que significa que el dictador Ortega tendrá discrecionalidad sobre el uso del fondo de pensiones de los policías y el personal de migración, los penales y los bomberos.
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¿Cómo cobrarán multas y trámites por licencias?
Uno de los grandes problemas que aún no resuelve la dictadura orteguista es cómo mantendrá el cobro de las multas, los trámites de licencias de conducir, récords policiales y otros servicios que enfrentarían problemas para pagarse en los bancos debido al riesgo de contaminarse por hacer negocios con una institución sancionada, como es la Policía de Nicaragua.
El diputado liberal Maximino Rodríguez cree que el régimen optará por modificar la estructura organizativa de la Policía para pasarla de un sistema nacional a un esquema municipalista, para permitir que en las cajas de las alcaldías se paguen los servicios policiales.
“Van a tratar de hacer una caja chica a través de los gobiernos municipales que ellos (el FSLN) tienen, y obligarán a depositar los pagos ahí para renovar la licencia, las multas, o en el último caso en el Banco Central, que no creo que se quiera arriesgar a exponderse a contaminanarse con recibir dinero de una institución sancionada”, dijo el también miembro de la Comisión de Probidad de la Asamblea Nacional.
El FSLN tiene asignadas 135 de las 153 alcaldías del país. Rodríguez prevé que, si llega a concretarse que se paguen los servicios policiales en las alcaldías, eso no implica que el dinero podrá depositarse en cuentas bancarias de las alcaldías “porque se esperaría que los bancos lo rechacen porque pertenecería a la institución sancionada”.
“Tendrán que transferirse en efectivo, andar un camión lleno de sacos de dinero porque no podrán hacer ninguna operación financiera con la banca nacional”, afirmó el legislador Rodríguez.
Bancos tienen hasta el de 6 de mayo
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de los EE.UU. en la sanción a la Policía de Nicaragua, publicó una licencia para autorizar “una reducción paulatina de las tracciones relacionadas” con la entidad. Ese plazo vence el próximo 6 de mayo. Hasta esa fecha tienen los bancos para cortar toda relación con la Policia.
El diputado Rodríguez señaló que aún cuando el régimen presione “no tienen ninguna herramienta legal para impedir los bancos los cobros de las licencias, las multas y demás servicios de la Policía, como el pago de (la planilla de) los salarios (a los más de 15 mil miembros), por tanto los ciudadanos no podremos hacer ninguna diligencia porque la banca está forzada a suspender la relación”, dijo.
Desde el anuncio de las sanciones el pasado 5 de marzo, las gasolineras UNO y Puma dejó de venderles combustibles en efectivo y en tarjetas al brazo represor orteguista.
El suministro del combustible lo están recibiendo únicamente por DNP, que también fue sancionada por los Estados Unidos el 12 de diciembre del 2019, debido a que dicha concesión era manejada por Rafael Ortega, el hijo mayor de Rosario Murillo y Daniel Ortega, para el lavado de dinero del régimen, según los estadounidenses.